Motivados por la violencia exacerbada, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres que la “guerra contra las drogas” ha producido y sigue produciendo, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica y el Sudeste Asiático; la falta de apoyo a la participación de la sociedad civil en los espacios intergubernamentales, el desconocimiento de las políticas internacionales de drogas y sus mecanismos de control entre los investigadores y los principales actores del sector privado.
Incidimos a nivel local, regional e internacional en favor de la reforma del actual modelo de fiscalización internacional de drogas basándonos en aspectos socio-sanitarios y de derechos humanos.
Esta reforma debería centrarse en la superación de las consecuencias negativas de las políticas actuales, la financiación de la investigación de dominio público sobre sustancias controladas, la prevención del abuso de todo tipo de sustancias y la regulación de los mercados ilegalizados.
Gestionamos y promovemos estudios e investigaciones multidisciplinarias sobre hongos, plantas y sustancias psicoactivas para el bienestar público, la justicia social y la salud integral.
Trabajamos al más alto nivel para la despenalización, regulación y normalización de la planta de Cannabis, reconociendo que el Cannabis es un genus vegetal con una larga historia etnobotánica y múltiples usos terapéuticos e industriales comprobados. Sin embargo, la inclusión de esta planta y sus derivados en las más estrictas listas de clasificación de los Tratados de Control Internacional de Drogas de las Naciones Unidas se basa en sofismas y mitos que legitiman la violación sistemática de la dignidad humana de las Personas que Usan Drogas (PQUD), especialmente los consumidores de Cannabis, los cuales saturan las prisiones por delitos relacionados con las drogas.
A través de nuestro trabajo, hemos establecido una amplia red de contactos que incluye activistas, pacientes, médicos, líderes de la industria, académicos, funcionarios públicos y políticos.
El objetivo principal es compartir la mayor cantidad de información posible a través de diferentes canales, especialmente con los tomadores de decisión, para informarles sobre la existencia de alternativas precisas a las actuales políticas de drogas y sobre la adaptación de éstas a la situación de cada región.
Contamos ya con experiencia en el trabajo con jóvenes, encuentros con agentes bio-psicosociales, conferencias, talleres, simposios y foros a nivel local, regional e internacional. Hemos acumulado muchos años de análisis, encuestas y estudios que muestran una desinformación generalizada sobre la política de drogas (incluyendo información engañosa por parte de los responsables de los tomadores de decisión) y una amplia experiencia en la incidencia pública y política.
Promovemos un cambio en la perspectiva de la política de drogas para que el modelo de fiscalización internacional de drogas se aleje del punto de vista penal y punitivo para pasar a un modelo que respete la dignidad humana y los derechos humanos. Promovemos que se implementen y fortalezcan estrategias de reducción de daños y gestión de riesgos. La fallida y nociva “guerra contra las drogas”, que ha violado los derechos esenciales de las personas y ha causado graves estragos sociales, debe cesar a nivel internacional.
El Knowmad Institut construye puentes para la colaboración entre una red global de expertos. Nuestra red de especialistas investiga alternativas para la implementación de políticas éticas basadas en evidencias para abordar los problemas políticos, económicos y sociales relacionados con la guerra contra las drogas.
Abogamos por políticas transparentes y medibles enmarcadas en los derechos esenciales, la dignidad humana y los aspectos socio-sanitarios. Promovemos el ejercicio del empoderamiento comunitario.
Nuestro Think & Do Tank promueve la construcción colectiva para la capacitación y la defensa de la comunidad. Acompañamos y difundimos programas dirigidos a grupos de pares, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, para lograr una participación más amplia en los procesos políticos a todos los niveles, incluido el multilateral, a través de la ingeniería social y las acciones transversales que reúnen a las poblaciones afectadas, los investigadores, el sector socio-sanitario, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los responsables de la formulación de políticas y todas las partes interesadas.
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