Regímenes políticos y políticas de drogas en México
Con el triunfo electoral en julio del 2018, el partido MORENA1
se ha ido convirtiendo en una nueva estructura de un partido dominante mediante alianzas heterogéneas y plurales, siendo una figura autocrática presidencial, la base principal del ideario y funcionamiento político hasta el momento. Así mismo, existe una reconfiguración política y un desmantelamiento institucional de ciertas áreas administrativas, por lo que establecer un corte temprano es arriesgado, pero se podrían identificar tendencias en el corto plazo, algunas de carácter novedoso y otras como parte heredada de la agenda propuesta desde la campaña.
En este orden de ideas, según la literatura que se consulte sobre regímenes políticos del siglo XX se categorizarán entre: regímenes liberales o autoritarios, presidencialistas, parlamentarios, aristocráticos, totalitarios o republicanos, por nombrar algunos. Las configuraciones y transformaciones de los estados nación, se identifican según la forma de gobierno que un país tiene; para el caso de México este asumió un régimen político monopartidista de corte presidencialista (Woldenberg, 2014), y desde la configuración del estado revolucionario la relación México-Estados Unidos estuvo atravesada por medidas unilaterales por parte del país anglosajón. Por ejemplo, durante la prohibición temprana de la mariguana en EUA los “mexicanos” fueron parte de la propaganda negativa para su eliminación del mercado abierto, y más tarde desde finales de los años 1960 y principios los años 1970, durante la era Nixon y la primera época de la “guerra contra las drogas”, se acrecentaron las medidas unilaterales, pasando por la época de la certificación y la cooperación de la iniciativa Mérida, donde este tipo de intercambios no se podrían comprender, en buena manera por el ambiente político de la época y los regímenes políticos tanto de México como de Estados Unidos.
En particular, para identificar las políticas de drogas contemporáneas como sistema de control mexicano, tendríamos que partir del régimen político autoritario presidencialista posrevolucionario, como antecedente menos próximo con una duración de casi cincuenta años, seguido de un período de desdibujamiento de las instituciones del Estado, en el marco de la política neoliberal y un reordenamiento económico, hasta la flexibilización presidencial dónde la transición democrática reconfiguró las relaciones políticas y algunas condicionantes estructurales respecto a los poderes en el país, lo cual reordenó los equilibrios entre los poderes, por ejemplo el legislativo y judicial frente al ejecutivo, o los grupos criminales frente algunos los poderes locales y federales.
La guerra contra las drogas en México; del silencio al estruendo.
Los regímenes globales y las políticas internacionales, han sido un esquema de cooperación internacional donde el Estado Mexicano ha tenido que manejar el control de drogas como un eje particular con una fuerte influencia norteamericana, comenzando desde, la cabeza el Ejecutivo y al menos desde los años cuarenta con agencias como la Procuraduría General de la República, la Dirección Federal de Seguridad, seguido de la Policía Judicial Federal, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal y desde los primeros ejercicios de control en los años 60 las fuerzas armadas han tenido un papel ciertamente definitorio con ejercicios como la operación Cóndor y la erradicación de cultivos, detención de traficantes y destrucción de drogas (Enciso, 2009).
En este orden de ideas, las relaciones sobre la agenda conocida como “narcótica” entre México y Estados Unidos por lo menos de las últimas tres décadas (Toro, 1995) no se podrían explicar sin enmarcar la relación de interdependencia con Estados Unidos, así como la transformación del papel de México en los organismos multilaterales, y las responsabilidades adquiridas tanto por apoyos económicos como parte de una agenda de seguridad hemisférica del país vecino.
Desde 1970, el abuso de sustancias como cannabis, amapola y el arbusto de coca agudizó el debate sobre el control legal de drogas. Por ejemplo: a partir de 1961 (UNODC, 1999), se configura la actual era de prohibición global de las drogas, con la instauración y futura ratificación de las convenciones internacionales por parte de varios países miembros de las Naciones Unidas, las cuales han sido mecanismos de intercambio y negociaciones diplomáticas (Enciso, 2010).
Particularizando entonces, que el campo de las políticas de drogas ha sido un área compleja en la tensa trama bilateral entre Estados Unidos y México en los últimos 40 años, desde la época de la certificación en los años ochenta hasta la iniciativa Mérida y las nuevas medidas impuestas en la administración Trump, mas apegadas a cuestiones migratorias y un agenda política nacional proteccionista, el presidente norteamericano, utilizando las debilidades del Estado mexicano, identificó un recurso de negociación mediante la securitización con el despliegue de la Guardia Nacional para control migratorio, dicho esto, México, ha tenido que sortear distintos desafíos, diplomáticos y compromisos jurídicos al hacer frontera con el mayor mercado de drogas en el mundo.
Encontramos entonces a la seguridad como el principal eje de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada hasta hace algunos años por una agenda de seguridad “narcótica” con un enfoque hacia el crimen organizado y tráfico ilícito de drogas. Por lo que la cooperación se basaba en el financiamiento, apoyo técnico y logístico, lo cual ha colocado a México como un dependiente de esta relación, así como hacer veces de juez y parte en los chantajes de las decisiones de las agencias norteamericanas como, el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA, incluso el congreso o el presidente en turno.
Por su parte, el ámbito de cooperación bilateral concierne a la colaboración institucional en términos de salud y prevención donde instrumentos como la primera Encuesta sobre Adicciones a finales de los años 80 estuvo financiada y supervisada por agencias de los Estados Unidos como el Instituto Nacional para el abuso de Drogas (NIDA). En este sentido, durante las últimas administraciones y resultado de los acuerdos de la iniciativa Mérida se ha impulsado la capacitación de jueces y la instalación de cortes con el modelo de justicia terapéutica.
La cooperación derivada de la iniciativa Mérida fue precedida por varios años de tensiones diplomáticas, en este sentido, el componente de intercambio judicial con las extradiciones se cumplimentó en la época de la transición democrática sugiriendo que en la balanza de la interdependencia que México tiene hacia el país del norte, existe una fuerte carga de compromisos y mediante la agenda particular del expresidente Calderón se logró introducir una lógica mediática, un terreno de incursión armada y de tintes bélicos al crimen organizado.
Guerra global, impacto local
A raíz de las graves consecuencias de la implementación de la seguridad armada como política de contención criminal en el sexenio de Felipe Calderón, en 2012 durante su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un ambiente de pluralismo político, el ex presidente propuso, junto con el gobierno de Colombia y Guatemala en una declaración conjunta, adelantar la sesión especial sobre drogas.
En este clima, la legalización en la unión americana de la mariguana en estados como Colorado y Washington, la salida de Bolivia de los tratados internacionales y re introducción con reservas y la regulación estatal de la cannabis en Uruguay, al menos en el discurso y en las cúpulas del sistema de control lograron que a nivel internacional el debate que llevaba en un impasse, fuera retomado con fuerza, aunque durante al administración de Enrique Peña Nieto 2012-2018 la agenda internacional se intentó “desnarcotizar” y minimizar tratando de manera cuidadosa la responsabilidad de estructurar un dialogo interno rumbo a la discusión de un nuevo abordaje a las políticas de drogas (Collins, 2017).
Al respecto, la flexibilización del sistema de control sobre marihuana a nivel global y la decisión de la Suprema Corte al declarar inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana en 2015 (Aguinaco, 2017), aunado con el clima preparatorio de la UNGASS 2016 y en consecuencia de imagen derivada de las crisis de corrupción y violencia las cuales desde el año 2014 fueron cubiertas por los titulares internacionales tales como: la “Casa Blanca, los 43 de Ayotzinapa, Tlatlaya (Meyenberg & Aguilar, 2015) y otros ejemplos como el escape del “Chapo Guzmán” quizá permitieron un cambio en el enfoque y se trasladaron a promover declaraciones, discursos e iniciativas respecto a una reforma sobre leyes de drogas en México encabezadas por el poder Ejecutivo (Stargardter, 2016).
De manera paralela la crisis migratoria de Centro América y el Triángulo Norte resultado de las guerras de los años ochenta, México ha sido protagonista lejano de ambos casos y por su parte la aproximación abiertamente belicista de la llamada “guerra contra las drogas” “oficial mexicana” ha coincidido con la reconfiguración de los mercados de drogas como la cocaína, la heroína, los estimulantes anfetamínicos sintéticos, la reconfiguración y expansión de grupos de crimen organizado trasnacional y la captación de pandillas locales y el apostamiento de técnicas mafioso-paramilitares y de contra insurgencia, parecidas y con efectos adversos parecidos a los conflictos armados no internacionales y las guerras de baja intensidad.
De la campaña al cambio de régimen y prioridades
Particularizando en el régimen político y su transformación, a partir del 1 de julio de 2018 en México se ha denominado la “Cuarta Transformación”: a un cambio de régimen político y según el glosario de conceptos políticos, un régimen político puede ser considerado como: el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, y de los valores que sustentan esas instituciones. Es la estructura organizadora del poder, que establece los criterios de selección de los integrantes de la clase dirigente y asigna los roles en ella. También es el conjunto de normas y procedimientos para el acceso y el manejo del poder, por lo que es difícil establecer que realmente existe un cambio de régimen político y más bien podría estarse gestando una reconfiguración del poder político.
En esta cuestión, una de las teorías más extendidas respecto la actual las crisis de inseguridad, es la que propuso Luis Astorga (2004,2012:2004,2015) , donde sugiere que en México durante el cambio de régimen de partido único de corte autoritario, hacia un esquema de transición democrática y reordenamiento de los poderes, fue un factor para que los grupos de traficantes supeditados al poder político se reconfigurarán y tuvieran distintas particularidades, aunadas a una fuerte agenda securitaria norteamericana que se transformó radicalmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde la seguridad México – Estados Unidos se descuidó y el gobierno mexicano, se enfocó en perseguir pequeños o algunas facciones de traficantes o simplemente a los consumidores.
Es por esto, que una particularidad en las políticas de drogas cruza por el control y contención del tráfico ilícito, una de las particularidades de los actuales tiempos, sería que los traficantes mexicanos a raíz del cierre del caribe, tuvieron un afianzamiento como intermediarios directos entre los mercados de la cocaína sudamericana, y el mercado anglo, dándole un componente trasnacional a los grupos mexicanos, seguido de un cambio en la fuerza armada con tácticas paramilitares y contra insurgentes, dándose una especie de “militarización” de sus actividades y en algunos casos la migración de un tipo de delitos hacia otros.
En este clima de ajustes, se solidificó la “americanización” de las políticas de drogas globales, como la internacionalización de la DEA, las operaciones de la CIA y los acuerdos gubernamentales entre el Departamento de Justicia y las estructuras locales judiciales, la colaboración para el entrenamiento capacitación y apoyo económico como el plan Colombia y la iniciativa Mérida re-configuraron las relaciones entre México y Estados Unidos respecto al control de drogas, dándose en los años 90 una de las primeras detenciones de militares en México envueltos en tramas de corrupción y apoyo a grupos de traficantes.
A partir de los último años de gobierno de Vicente Fox y durante el periodo Calderón, consecuente con el reordenamiento del régimen político o primera transición, los homicidios fueron paulatinamente dejando la tendencia a la baja y comenzaron un crecimiento sostenido, según algunas teorías, derivadas de los operativos conjuntos por parte de Policía Federal y Militares en el combate armado al crimen organizado, en este orden de ideas, se empezaron a extender y generalizar casos de violencia espectacular, como descabezamientos y uso del cuerpo muerto a manera de advertencia en lugares públicos, se dejaban mensajes en mantas o carteles muy particulares la vía pública, uso de blogs, videos y comunicados con soporte audiovisual para amenazar enemigos establecer esquemas de propaganda como la intimidación y el adoctrinamiento, incluso hubo denominaciones como “narco terrorismo” utilizadas por la Secretaria de Estado Hilary Clinton en 2009 después de varias explosiones contra civiles y ataques a los consulados norteamericanos.
Uno de los principales retos que enfrentaron tanto policías locales como fuerzas federales durante la “guerra contra las drogas mexicana” o “guerra de seis años” era el uso de “armas” de grueso calibre, el reclutamiento masivo, en algunas ocasiones forzado, fugas de centros penitenciarios, masacres y un aumento en la violencia para dominar los mercados locales de drogas.
Por lo que uno de los principales planes y propuestas de campaña de López Obrador y MORENA eran poner en orden el desastre creado por la persecución del crimen y se propusieron durante la campaña electoral de 2017 y 2018 esquemas de amnistías, justicia transicional y en el mejor de los casos opciones regulatorias y una estrategia integral de construcción de paz.
Cuarta transformación el impasse en la reforma sobre drogas
En este clima de adaptaciones, cambios en el poder de fuego y confrontación de grupos de traficantes, así como su infiltración en algunas esferas del gobierno, el discurso político y durante la campaña electoral de la “Cuarta Transformación”, se prometió un eje de construcción de la paz que se basaría en la reconciliación y la “ desmilitarización”, parecía entonces que la propuesta de amnistía, y acelerar el andamiaje institucional para la regulación por lo menos de la mariguana mediante iniciativas presentadas por ese partido e incluso de amapola, parecían horizontes próximos realizables.
En virtud de ello, muchos ciudadanos dieron en su voto como una salida al conflicto armado, y social, incluso, fue declarada de manera formal: el fin de la Guerra por el presidente López el 30 de enero de 2019, durante una conferencia de presa y por un lado según la información pública disponible, pareciere que hay una desaceleración en el número de incautaciones de drogas ilícitas, así mismo las detenciones han sido menos espectaculares, y con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, los objetivos se han trasladado respecto al combate armado de la inseguridad al control migratorio.
Por lo que respecta al ámbito de la salud y las políticas de control de drogas han habido cambios poco significativos y en lo que respecta la forma de operación respecto al discurso y políticas públicas de criminalización de las personas que usan drogas continúan de manera flagrante, donde la estigmatización tanto en el estrategia nacional de prevención de adicciones, como en el plan nacional de desarrollo se sigue tomando como paradigma, un esquema negativo, persecutorio, paternalista y autoritario, donde se normaliza el vínculo entre consumo de drogas y violencia, como un binomio, así mismo se sigue sin distinguir entre el uso abuso y dependencia aún y cuando, al menos en cannabis la Suprema Corte ha establecido criterios de jurisprudencia, respecto al auto provisionamiento y el libre desarrollo de la personalidad, en este sentido, por ejemplo la Fiscalía General de la Republica así como las procuradurías locales como la de la ciudad de México siguen publicando en sus redes sociales mensajes contrarios a las jurisprudencias respecto a la portación de drogas o suministro de drogas, o vinculando el consumo de drogas con el delito.
Otro punto de inflexión en términos de salud, es la falta de apoyos económicos y disminución de programas de co-inversión debido al recorte presupuestal derivado del plan económico de austeridad, dichos programas eran llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil por ejemplo para programas de reducción de daños de prevención de la violencia o prevención de adicciones o tratamiento, en este mismo orden de ideas aún no es cuantificable pero quizá el rubro de la investigación clínica y científica también vaya a tener mermas significativas con los recortes presupuestales en áreas como las ciencias sociales y ciencias médicas que estudien o investiguen cuestiones sobre drogas.
Existen paradojas, pues, a pesar de que el partido en el gobierno prometió un cambio, en la realidad el enfoque sigue siendo represivo y el discurso no se empata con la realidad. No parece estar dentro de las prioridades estimular y aprobar las iniciativas federales y locales propuestas, como la legislación prometida sobre cannabis, la cual ha sido anunciada hasta finalizar el período de sesiones en octubre, aún y, cuando MORENA cuenta con la mayoría en ambas cámaras y sería relativamente sencillo introducir una iniciativa y votarla en consenso, hasta el momento no parece un horizonte cercano.
Por otro lado, se han publicado documentos planes y programas que abarcan temas sobre el control de drogas, dentro de los que destaca la estrategia nacional de prevención de adicciones, en la cual no se presentaron programas de fortalecimiento del tratamiento o la prevención y promoción de la salud mental con una conceptualización de política pública centrada en las personas que han decidido utilizar sustancias psicoactivas, como la reducción de daños, y sólo se habla de la “prevención”.
Por su parte, los grandes aliados del gobierno son agentes que tienen una larga trayectoria como aliados del sistema de control impositivo y apegados a las nociones “prohibicionistas” tales como los Centros de Integración Juvenil, Alcohólicos Anónimos o grupos de ayuda mutua de tipo religiosos. Por lo que se sigue argumentando una especie de patologización reconociendo que si bien las “adicciones” son una enfermedad, no se incluye todo el espectro de usuarios, pues no todos los casos tienen que ver con el abuso o desorden en el uso. Además, en de las campañas de prevención se sigue generalizado un sistema donde no se incluye y se socavan las libertades ya incluidas en las jurisprudencias como la autonomía de las personas, el derecho a la salud y se delega el uso de sustancias psicoactivas al ambiente patológico, criminal o desviado.
Mas aún, existen signos de que hay una gran resistencia para llevar a cabo las transformaciones que se habían prometido en el rubro de las políticas de drogas nacionales, aunado también a que existe una percepción, al menos por autoridades norteamericanas, de que existe un abandono de la agenda de seguridad por parte de México en términos de tráfico de drogas. Por lo que la violencia y re organización de grupos de traficantes pueden mermar tanto los planes como los avances respecto al cambio en la aplicación de nuevos abordajes al esquema punitivo. Pues incluso en la nueva normativa de la Guardia Nacional se establece que la nueva fuerza podrá perseguir la tenencia de sustancias ilícitas.
Aún es prematuro sacar conclusiones y si bien podríamos tener una visión positiva del camino emprendido por la nueva administración, en la práctica el proteccionismo y paternalismo con el cual se han expresado las personas encargadas de establecer los planes y programas, donde por ejemplo, se argumenta que el uso de drogas es un intento por encontrar salidas a la realidad, pareciera no haber un cambio o transformación en las actitudes. Más aún, sugiero, que el mismo sistema fue trasladado de una administración a otra.
Pareciera entonces, que los esquemas de discriminación y violación de derechos humanos en nombre de la salud como las denominadas “cortes de drogas” están en consolidación, y por otra parte, la premisa falsa depositada en que con una “regulación” de “x” o “y” sustancias serán un catalizador de la violencia o traerán paz, también es ingenuo, incluso poco popular en la opinión pública. Creer que sólo con una regulación de una droga se construirá un andamiaje institucional y corregirá décadas de procesos adversos es por demás osado, incluso es contraproducente fomentar este tipo de premisas. Por lo que construir un ambiente de reconciliación también debería pasar por una inversión mayúscula en la prevención, el tratamiento y además en revisar los daños ocasionados por la guerra contra las drogas, de las cuales se intentaron llevar a cabo foros que terminaron de una manera abrupta e incluso la oficina para atención a víctimas ha sufrido un grave recorte presupuestal.
Y aunque en la retórica el presidente haya dado por terminada la “guerra contra las drogas”, las dinámicas y los traficantes no han disminuido ni su nivel de violencia, ni el poder de fuego, por el contrario han permeado más el tejido social y confrontado de manera directa a las autoridades.
Es un reto mayúsculo establecer mecanismo de integración a la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas los temas concernientes a la guerra contra las drogas en México, pero debería ser imprescindible establecer los criterios para crear una nueva narrativa respecto a la afrenta que tiene el Estado mexicano, en perspectiva de una crisis generalizada en términos de derechos humanos y empatarla con las nuevas necesidades como el control migratorio, sin descuidar las promesas de campaña y generar un consenso dentro del mismo partido dominante para acelerar sus mismas propuestas.
Las reflexiones están servidas, bastaría comentar que aún queda un largo camino por recorrer y mediante la identificación de las principales virtudes y desventajas del actual momento, se podrá construir un verdadero cambio de régimen que trasversalmente toque a las políticas de drogas con un enfoque más justo, de reparación del daño.
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- El partido MORENA significa: Movimiento de Regeneración Nacional y es un partido político plural fundado en el año 2012 identificado con las causas populares de “izquierda”. En la cual para las elecciones del año 2018 lograron establecer diversas alianzas con distintos partidos políticos para ser una coalición de fuerzas que operan políticamente.
