Aunque los tratados internacionales puedan parecer distantes y ajenos a nuestra vida cotidiana, tienen un impacto directo en aspectos fundamentales de nuestra existencia. La Convención de las Naciones Unidas sobre Ciberdelincuencia, recientemente redactada por el comité ad hoc, es un claro ejemplo. Este tratado, resultado de complejas negociaciones, establece un marco global para combatir el cibercrimen. Sus regulaciones afectan directamente la seguridad de nuestras transacciones en línea, la protección de nuestra privacidad digital, la libertad de expresión y la integridad de infraestructuras críticas. Comprender y participar en estos procesos es esencial para promover un mundo digital más seguro y equitativo.

El 8 de agosto de 2024 será recordado como un día histórico en la lucha global contra la ciberdelincuencia, marcando un paso decisivo hacia la creación de un entorno digital más seguro y equitativo. Este logro es testimonio de la capacidad de la comunidad internacional para unirse frente a desafíos complejos, reconociendo que solo a través de la cooperación global podemos enfrentar eficazmente las amenazas emergentes en el ciberespacio (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

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Contexto de la Convención

Las negociaciones para esta convención han sido intrincadas y controvertidas, con algunos estados proponiendo criminalizar una amplia gama de delitos habilitados por la tecnología. Según Human Rights Watch, estas propuestas podrían amenazar la libertad de expresión y otros derechos humanos fundamentales, siendo utilizadas para reprimir activistas y periodistas bajo el pretexto de combatir el cibercrimen. Varias organizaciones de la sociedad civil, la industria y la academia han destacado la necesidad de incluir salvaguardas robustas para proteger los derechos humanos y centrarse en los cibercrímenes más graves, como la explotación sexual infantil (Human Rights Watch, Knowmad Institut, Chatham House).

Derechos Humanos en Peligro

Los riesgos para los derechos humanos son significativos. Las disposiciones amplias de la convención podrían facilitar la vigilancia masiva y el intercambio de información transfronterizo sin suficientes salvaguardas, poniendo en peligro la privacidad y la libertad de expresión. Esto es especialmente preocupante en contextos donde las leyes contra el cibercrimen ya se utilizan para silenciar la disidencia y reprimir a minorías vulnerables.

Por ejemplo, algunos estados han propuesto criminalizar la “diseminación de información falsa” o la “incitación a actividades subversivas”, lo que podría ser interpretado de manera amplia y utilizado para suprimir la libertad de prensa y la protesta pacífica. Estas preocupaciones están respaldadas por una declaración conjunta del Knowmad Institut y otras organizaciones, que enfatizan la necesidad de incluir marcos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en la convención.

A pesar del avance significativo que representa la convención, es fundamental reconocer los riesgos inherentes a su implementación. En particular, algunos estados podrían utilizar las disposiciones amplias del tratado para justificar la represión de la libertad de expresión y la vigilancia sin restricciones. Ejemplos recientes en diversas regiones del mundo muestran cómo leyes similares han sido empleadas para silenciar a periodistas, activistas y minorías vulnerables bajo el pretexto de la seguridad nacional (United Nations Information Service, 2024; Human Rights Watch, 2024).

Propuestas Clave y Avances en las Deliberaciones

Durante las deliberaciones del Comité Ad Hoc sobre Ciberdelincuencia, se han discutido propuestas clave y se han identificado áreas de consenso y desafíos pendientes. Es esencial que cualquier convención internacional en esta área incluya salvaguardas robustas para proteger los derechos humanos. La implementación de la convención debe ser coherente con las obligaciones en materia de derechos humanos bajo el derecho internacional, tal como lo sugiere el texto preliminar de la UNODC.

En un esfuerzo por garantizar que estas preocupaciones sean escuchadas, el Knowmad Institut, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y la industria, respaldó una carta abierta encabezada por Cybersecurity Tech Accord. La carta, firmada por una coalición diversa que incluye a AccessNow, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation (EFF), y otros actores clave, fue enviada a las delegaciones de los Estados miembros horas antes de la aprobación del texto final de la convención. En esta carta, se instó a los gobiernos a no adoptar ni ratificar la convención a menos que se hicieran cambios sustanciales para abordar preocupaciones fundamentales, como la falta de salvaguardas robustas para los derechos humanos y la libertad de prensa, así como los riesgos de abuso de poder bajo las disposiciones actuales del tratado.

Microsoft, en su declaración escrita para la sesión sustantiva reconvocada del Comité Ad Hoc, también enfatizó la necesidad de un equilibrio adecuado entre la seguridad y las libertades individuales. La empresa subrayó que la protección de los derechos humanos debe ser un pilar fundamental de la convención y que las medidas de ciberseguridad deben implementarse de manera que respeten la privacidad y la libertad de expresión.

El Knowmad Institut, liderando una coalición de organizaciones, sugirió aclarar el alcance de la definición de ciberdelitos, especificando que pueden ser cometidos por personas físicas, entidades legales, estatales y paraestatales. También destaca la inclusión del espionaje perpetrado por estas entidades contra activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Lecciones Internacionales y Modelos a Seguir

El Acta de Ciberseguridad de la UE y la propuesta de la Comisión Europea sobre ciberseguridad son ejemplos de cómo equilibrar la prevención del cibercrimen y la protección de los derechos humanos. Estas regulaciones incluyen medidas detalladas para mejorar la ciberseguridad mientras se salvaguarda la privacidad y otros derechos fundamentales.

Desafíos y Consideraciones Adicionales

Una vez que una convención internacional es aprobada y ratificada, es muy difícil enmendar las consecuencias no deseadas. Los procesos requieren mucho tiempo y esfuerzo. Actualmente, varios esfuerzos intentan abordar las repercusiones adversas de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la cual ha tenido impactos multidimensionales en la vida cotidiana de cientos de millones de personas en aspectos sociales, económicos, políticos y de salud.

Impacto Social: Esta convención ha influido en la percepción y estigmatización de las personas que usan drogas, promoviendo políticas de criminalización que han llevado a la marginación de ciertas comunidades.

Impacto Económico: Ha impulsado un mercado ilícito de drogas que genera ingresos significativos para organizaciones criminales, afectando negativamente la economía formal, el desarrollo general y el medio ambiente.

Impacto Político: Ha obligado a los gobiernos a invertir recursos significativos en la guerra contra las drogas, a menudo a expensas de perseguir crímenes graves y otras áreas prioritarias como la educación y la salud.

Impacto en la Salud: Ha restringido el acceso a sustancias controladas para usos médicos y científicos, limitando las opciones terapéuticas para los pacientes y dificultando la investigación científica.

Implicaciones Futuras y Propuestas de Mejora

La rápida evolución del ciberespacio requiere actualizaciones continuas de la convención para evitar términos ambiguos y asegurar la claridad y relevancia de las medidas. Además, es necesario promover programas educativos y de concienciación sobre la seguridad en las TIC y la prevención del cibercrimen, informando a la población sobre los riesgos y medidas preventivas.

Preocupaciones Específicas: Es imperativo que cualquier convención internacional en esta área incluya salvaguardas robustas para proteger la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Las definiciones de ciberdelitos deben ser claras y cubrir tanto a personas individuales como a entidades estatales y paraestatales que puedan cometer espionaje contra activistas y periodistas.

Además, la convención debe adoptar un enfoque interseccional y de género, asegurando medidas equitativas y no discriminatorias.

Artículo 14 y Protección de los Niños: Uno de los puntos más debatidos ha sido el artículo 14, sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual en línea. Es crucial que este artículo incluya definiciones claras y mecanismos de apoyo y rehabilitación para las víctimas. La propuesta de incluir las Directrices de Luxemburgo de Interpol podría ayudar a cerrar las brechas existentes y abordar las preocupaciones de varios estados miembros.

Exclusiones Críticas

Un aspecto crucial que debe ser abordado con urgencia es la exclusión de delitos graves como el extremismo y el terrorismo del alcance de la Convención. Esta omisión presenta varios riesgos importantes:

1. Espionaje Estatal y Paraestatal: La falta de cobertura específica para el extremismo y el terrorismo limita la capacidad de los países para abordar el espionaje llevado a cabo por entidades estatales y paraestatales. Esto puede resultar en una protección insuficiente para activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil, quienes son frecuentemente objetivo de tales prácticas.
2. Derechos de Niñez y Grupos Vulnerables: Las disposiciones actuales también deben enfrentar preocupaciones relativas a la protección de la niñez y las poblaciones migrantes y desplazadas. Es crucial que los protocolos de implementación de la convención incluyan medidas específicas para proteger a estos grupos de riesgos particulares asociados con el cibercrimen.
3. Libertad de Expresión y Privacidad: Existe un riesgo considerable de que las disposiciones amplias del tratado sean usadas para justificar la vigilancia masiva y la represión de la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir el cibercrimen. La convención debe establecer mecanismos claros para evitar que estas medidas afecten negativamente la privacidad y la libertad de expresión.

Para abordar estas preocupaciones, es esencial que los protocolos de implementación de la convención incluyan:

• Definiciones Claras y Amplias: Asegurar que las definiciones de ciberdelitos abarquen de manera específica y detallada el espionaje, el extremismo y el terrorismo perpetrados por entidades estatales y paraestatales.
• Protección Integral de Grupos Vulnerables: Establecer mecanismos efectivos para proteger a la niñez y a las poblaciones vulnerables, incluyendo redes de apoyo y rehabilitación, así como estrategias de prevención adaptadas a sus necesidades.
• Salvaguardias de Derechos Fundamentales: Implementar salvaguardias estrictas para evitar el uso abusivo de las medidas contra el cibercrimen que puedan comprometer la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
• Protocolo de Monitoreo y Revisión: Crear un sistema de monitoreo y revisión continua para evaluar el impacto de las medidas implementadas, asegurando que se alineen con los principios de derechos humanos y justicia.

Incluir estos elementos en los protocolos de implementación permitirá una respuesta más robusta y equitativa a los delitos cibernéticos, protegiendo a los derechos fundamentales y promoviendo un entorno digital seguro y justo para todos.

Llamado a la Acción

La cooperación internacional es vital. Los estados deben trabajar juntos y en coordinación con la Industria, ONGs y la Sociedad Civil para desarrollar un marco que no solo combata eficazmente el cibercrimen, sino que también proteja y respete los derechos fundamentales de todas las personas. Solo de esta manera podemos construir un entorno digital seguro y justo para todos.

Invitamos a nuestra comunidad a seguir apoyando nuestras iniciativas y a participar activamente en la defensa de un internet libre y seguro, donde los derechos humanos sean siempre priorizados. Para más información sobre nuestra participación y cómo puedes contribuir, revisa los siguientes enlaces: 

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Contribuciones del Knowmad Institut al Comité Especial encargado de elaborar una Convención internacional amplia contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos:

• Knowmad Institut. (2023). Recomendaciones al Comité Ad Hoc encargado de elaborar una convención internacional comprensiva sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos [PDF]. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Fourth_intersessional_consultation/ES_-_Recomendaciones_2023_Knowmad_Institut_S.pdf
• Comité Ad Hoc para la Elaboración de una Convención Internacional sobre Ciberdelincuencia. (2023). Recomendaciones al Comité Ad Hoc encargado de elaborar una convención internacional comprensiva sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos [PDF]. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Fourth_intersessional_consultation/ES_-_Recomendaciones_2023_Comite_ad_hoc_para_la_elaboracion_de_una_convencion_internacio_S.pdf
• Knowmad Institut. (2022). Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes: Third session: International cooperation, technical assistance, prevention measures and the mechanism of implementation [PDF]. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Second_session/Documents/Knowad_E_3rd_session.pdf
• Knowmad Institut. (2024). Informe final de recomendaciones sobre la Convención de Cibercrimen de la ONU (Mayo 2024): Comentarios finales y recomendaciones al Comité Ad Hoc encargado de elaborar una convención internacional comprensiva sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, sobre el texto actualizado de la convención con fecha de mayo de 2024 [PDF]. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Reconvened_concluding_session/Written_submissions/OP9/ES_INF1.PDF