Centro de Monitoreo e Información de Violaciones de Derechos Humanos durante la Pandemia de la COVID-19

Una iniciativa del Knowmad Institut

En colaboración con: FESPAD, REDUC y LGBTI-México

Prólogo

La justicia social, la dignidad humana y la sostenibilidad, se perciben como valores fundamentales -Libertad, Igualdad y Fraternidad- que subyacen a la Carta de las Naciones Unidas.
Sin duda, la emergencia sanitaria y social por la COVID-19, declarada pandemia en marzo de 2020, ha sido un evento que ha puesto a prueba a cada uno de los países, sus sistemas sociales y regímenes políticos, por ejemplo, los sistemas de salud y de emergencia. Esto deja en evidencia aspectos como el respeto al Estado de Derecho y la Dignidad Humana.
La ineficiente capacidad de los gobiernos en la implementación en las restricciones a la movilidad han traído consigo otras graves consecuencias, los derechos laborales están siendo seriamente afectados y las economías familiares con ellos.
Se considera que los datos verificables, junto con la conciencia pública de los efectos particularmente preocupantes de la crisis, servirán de base para combatir las violaciones a los derechos humanos a través de la producción de conocimiento, y la observancia constante en temas de derecho y dignidad humana

El propósito de este observatorio independiente es, recoger y analizar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el confinamiento resultante de la pandemia COVID-19 y, elaborar un informe para presentarlo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el marco de la actual crisis sanitaria, desde el Knowmad Institut se está trabajando con organizaciones aliadas y personas voluntarias en un registro de violaciones basado en denuncias, fotografías y vídeos publicados en Twitter.

El problema esbozado concierne a todos los países del mundo. Nuestros idiomas de investigación son el inglés, el alemán y el español.

El Problema y las herramientas

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, se ha experimentado un aumento sostenido en las violaciones de los derechos humanos. Es importante recalcar, que dicho aumento no se debe propiamente al virus, sino más bien, evidencia los atropellos y violaciones de los derechos humanos, que siempre han estado presente, pero en este contexto particular, adquieren un mayor protagonismo. Sin embargo, debe mantenerse siempre una conciencia sociohistórica, de aquellos factores que producen estos atropellos en algunas naciones en menor o nula proporción, en comparación a otras.
Estas violaciones incluyen una amplia gama de casos. Se han registrado desde actos de violencia doméstica, hasta violaciones cometidas por gobiernos y otras autoridades públicas. Además, las violaciones de los derechos humanos durante la crisis sanitaria global difícilmente pueden ser reportadas a las autoridades porque en la mayoría de los casos, requiere que las víctimas comparezcan físicamente ante los organismos pertinentes.
Sin embargo, el acceso a esos organismos es muy limitado debido a las medidas políticas tomadas durante la crisis y sus reglamentaciones. En consecuencia, muchas de las violaciones de los derechos humanos se informan en los medios de comunicación social y pueden ser efectivamente rastreadas allí. En nuestra calidad de grupo de reflexión y de acción tecnológicamente bien versado, vemos aquí un importante campo de trabajo: el seguimiento, la documentación y la comunicación verificables de las violaciones de los derechos humanos, que se informan en los medios sociales en general, en las plataformas de distintas redes sociales, particularmente Twitter; esto se analizó , con la ayuda de tecnología de cadenas de bloques, y claro, el análisis de datos.

Si bien, desde el inicio del observatorio, la lista de países con mayor número de denuncias no varió significativamente. Los resultados destacan la dificultad de recabar información de países con un alto nivel de censura tales como Bielorrusia, Hungría o Irán.

Nuestro proyecto tiene como objetivo principal, aportar herramientas para tomar medidas contra las violaciones de los derechos humanos en el curso de emergencias sanitarias y/o sociales, como la pandemia de la COVID-19, por ejemplo. Esto se logra mediante la documentación de las violaciones de los derechos humanos reportadas en plataformas virtuales (Twitter en este caso) y utilizando la tecnología de cadenas de bloques para tener un sello de tiempo, documentando las entradas relevantes de los medios de comunicación de manera verificable y mapeándolas periódicamente. Adicional a un análisis de tweets más general, basado en análisis de texto automático.

Metodología

Recolección de datos y desarrollo del proceso:

• Mapeo y Filtrado Manual:
  • Búsqueda avanzada con parámetros específicos, incluyendo rangos de tiempo. Período: desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 11 de noviembre de 2020. Geolocalización, palabras clave: derechos humanos, brutalidad, cuarentena, covid-19, violencia, policial, represión, denuncia.(las búsquedas se realizaron en español e inglés).
  • Exploración y revisión de resultados
  • Recopilación de información + Sello de tiempo
  • Análisis y cruce de fuentes para verificar los hechos
  • Mapeo basándose en proximidad
  • Segunda, verificación por parte del coordinador
  • Vaciado de datos y construcción del mapa (85% finalizado)
  • Tercera verificación al indexar datos en el mapa (70% finalizado)
  • Desarrollo y presentación del informe
• Minería de Datos y Análisis Automático
  • Búsqueda automática con el uso de la API (application programming interface) oficial de Twitter haciendo uso de parámetros específicos, incluyendo rangos de tiempo (desde el 10 de Marzo de 2020 hasta el 11 de Noviembre de 2020), geolocalización, palabras clave (derechos humanos, brutalidad, cuarentena, covid-19, violencia, policial, represión, denuncia, estas búsquedas se realizaron en español, inglés y alemán).
  • Análisis de sentimiento, mapa de tweets, palabras más usadas.

Herramientas utilizadas

• API de Twitter
• Herramientas de búsqueda avanzada de Twitter
• Open Time Stamp
• Orange
• Google Workspace
• Umap
• DataWrapper
• ACLED Data
• Tvistter

Mapeo

ADVERTENCIA: El siguiente mapa contiene imágenes y vídeos que pueden herir su sensibilidad, ¡recomendamos precaución!

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Nota: Este mapa es una versión preliminar, por lo que tendrá constantes cambios y correcciones cuando sea necesario

• Acceso al Mapa Interactivo
  • https://umap.openstreetmap.fr/en/map/knowmad-human-dignity-observatory-eta-v004_464246#2/4.2/50.6
  • https://knowmadinstitut.org/2020/04/quarantine-hhrr/

Impacto de la Pandemia en los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Las Restricciones

Las circunstancias excepcionales que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19 han dado lugar a restricciones ya previstas en los manuales del Sistema de Gestión de Incidentes de la OMS de 2018, el cual plantea que “algunos derechos humanos pueden ser suspendidos (limitados), la mayoría de los derechos civiles pueden ser suspendidos. Un ejemplo de un derecho que a veces se suspende en las emergencias sanitarias: la restricción de la libertad de circulación para contener un brote de una enfermedad peligrosa (cuarentena para los que están expuestos y aislamiento para los que están enfermos).”

Es necesario reconocer que en los diversos instrumentos internacionales existe la figura de la “Suspensión en tiempo de emergencia” como la señalada en el artículo 15 de la Convención Europea para los Derechos Humanos, la cual permite a los Estados “en tiempo de guerra o de otra emergencia pública que amenace la vida de la Nación […] adoptar medidas que suspendan sus obligaciones…”. Esto también lo podemos encontrar en disposiciones similares en el primer párrafo del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el párrafo inicial del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o en el artículo 4 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, por mencionar algunos.

A pesar de que estas restricciones deberían ser limitadas según los principios rectores de la OMS y los valores fundamentales de la ONU, se ha observado cómo los Estados Miembros, en su mayoría, han limitado los derechos humanos de maneras más amplias, tanto en su alcance como en su duración, además de un auge generalizado del abuso de las fuerzas policiales (acompañada por su militarización) y en contraste el abandono del deber de las fuerzas de seguridad pública en algunos países centrales.

Los Hallazgos

El inicio de la década de la acción ha sido intenso y ha visibilizado la urgente necesidad de profundizar el multilateralismo en un mundo irreversiblemente hiperconectado. L

os países periféricos siguen siendo los más vulnerables a los efectos directos y colaterales de la pandemia de la COVID-19. Esto se debe en gran medida a dos factores fundamentales: por un lado, la falta de compromiso por parte de los tomadores de decisión con el Objetivo 16 de los ODS “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Por otro lado, debido a la falta de apoyo internacional para asegurar el progreso hacia el alcance de los ODS.

Sin embargo, la disonancia en las políticas de expansión cuantitativa de los principales bancos centrales que han respondido a la pandemia, contrasta con la creciente carga financiera a la que se enfrentan los países periféricos con economías vulnerables. Todo lo anterior, reduce la probabilidad de obtener apoyo adicional de parte de la comunidad internacional a los países vulnerables, en un futuro próximo, a no ser que, los países acreedores consideren un jubileo de la deuda.

La evidencia destaca el impacto negativo de la pandemia en la seguridad alimentaria, en la protección al medio ambiente, en las dificultades de acceso a los servicios de salud pública, atropellos en torno a la libertad de expresión y, la pérdida de confianza entre las autoridades y la población civil principalmente. Lo antes mencionado, representa claras prioridades estratégicas en el cumplimiento de los ODS.

Los ODS más afectados según nuestro registro son los objetivos 16¹,3²,10³,8⁴ y 2⁵ relativos a la justicia, el Estado de derecho, la salud, la reducción de brechas, el trabajo decente y la seguridad alimentaria respectivamente.

La corrupción, la represión y el hambre han sido durante mucho tiempo objeto de debate y escrutinio, pero nunca antes habían sido tan visibles. Aunque, queda aún por trazar cómo avanzaremos a través de la actual crisis civilizatoria exacerbada por el hambre, la COVID-19 y los efectos de las políticas de expansión cuantitativa.

Observaciones destacadas

Pérdida de Confianza en la Salud y Seguridad Pública

Se ha observado que la pandemia de la COVID-19 ha modificado las prioridades de los sistemas de salud y seguridad pública, carteras de Estado que en la mayoría de países suelen verse restringidas para brindar servicios de calidad y que la crisis les ha limitado aún más, viéndose en muchos casos restringidos para prestar, al menos, los servicios que antes de la pandemia brindaban a sus comunidades.

Las autoridades nacionales no han logrado aún planificar la respuesta a los desafíos relacionados con la salud, la seguridad y la alimentación de sus poblaciones al mismo tiempo que responden a la pandemia de la COVID-19.

Por el contrario, se ha observado el aumento del abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el auge de grupos extremistas y teorías de conspiración profundizando el impacto de la pandemia en la preservación del Estado de Derecho de muchos países en los que la situación es aún más exacerbada debido a la corrupción y la reconfiguración de las Organizaciones de Tráfico de Droga (OTD).

Violencia política dirigida hacia las mujeres

La carga patriarcal y la violencia obstétrica de muchas políticas públicas han sido evidenciadas en el período de tiempo observado. Desde la problemática de la falta de acceso a productos de higiene personal relativos a la menstruación debido a sus altos precios e impuestos, pasando por la criminalización del aborto en algunos países exacerbada con el vertiginoso aumento de la violencia de género y los feminicidios a nivel global.

La creciente carga de la deuda que aqueja a todos los países, perturba las economías y está provocando cientos de miles de muertes en todo el mundo. Las economías de ingresos bajos y medianos además padecen por la falta de financiación internacional disponible para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la mitigación/ adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La pandemia seguirá socavando el progreso hacia los ODS para 2030, que ya se alejaba bastante de los resultados esperados, incluso antes de la pandemia.

Se ha notado pérdida de confianza por parte de la sociedad civil hacia las autoridades. Esto podría explicarse por diversos factores que van desde la infantilización de la sociedad proyectada en la comunicación pública de algunos gobiernos y la exaltación desmesurada de las fuerzas de seguridad del estado por otros, en medio de una crisis sanitaria. Llegando hasta el uso excesivo de la fuerza, la coerción del ejercicio de la libertad de expresión y las ejecuciones extrajudiciales.

La falta de voluntad política para una respuesta balanceada basada en la ciencia y, en algunos casos la negligencia criminal de algunos tomadores de decisión, han minado muchos procesos democráticos que hoy se ven amenazados por gobiernos con tendencias autoritarias, grupos extremistas y el crimen organizado.

Casos particulares:

Derechos de las Personas Que Usan Drogas

Debido a la especial sensibilidad del Instituto ante el vínculo entre los derechos humanos y las políticas de drogas a nivel internacional, se ha prestado particular atención a los derechos de las personas que usan drogas.

A un año de haberse declarado internacionalmente la existencia de una pandemia causada por el virus SARS-COV2 (Covid-19) las medidas de protección más importantes se basan en acciones preventivas cotidianas que incluyen la permanencia en el hogar y las prácticas de higiene. Para proteger a las y los ciudadanos, la comunidad internacional, ha optado por restringir la movilidad, y algunos tipos de actividad económica, para evitar la transmisión del virus entre las personas.⁶

A nivel internacional, se observa que el encierro provocó un aumento significativo de la ansiedad, la violencia, el miedo, la angustia (a la par del desempleo), por lo que mucha gente no ha sabido como manejar estas situaciones y se ha refugiado en el consumo de sustancias.⁷

De las poblaciones más vulnerables durante la pandemia, destacan las personas que usan drogas que viven en condiciones de marginalidad, migración y hacinamiento. Tanto en contextos urbanos como rurales, puesto que no ejercen su derecho a una vivienda y trabajo digno. Por lo tanto, no tienen acceso servicios básicos de agua y saneamiento para las prácticas de alimentación e higiene básicas, como lo son el lavado de manos y el distanciamiento físico.

En el continente Americano se puede observar que debido a las necropolíticas y los efectos de la actual crisis sanitaria se han exacerbado las migraciones forzadas en países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela.⁸

En México, el problema se ubica en las poblaciones infantiles y adultas que viven en situación de calle y que consumen “activo” – solventes inhalados- para no tener hambre y soportar la zozobra del clima de invierno (Ortiz et al., 2017). De igual manera en Argentina, las poblaciones urbanas de migrantes que se encuentran enganchadas al consumo de cocaína en pasta base – Paco- sufren la misma adversidad, al no tener un lugar donde pasar la noche y ser víctimas de la discriminación étnica.⁹

En países de América del norte como Canadá, las tasas de muerte relacionadas con los opioides rompió los niveles récord en el 2020. Sin embargo, las muertes relacionadas con los estimulantes también van en aumento. Expertos han documentado 445 muertes en Ontario relacionadas con estimulantes entre abril y junio 2020, justo después de que se declarara la pandemia, frente a las 273 de enero a marzo de 2020, según muestran las cifras del forense. En total, ha habido al menos 300 muertes por sobredosis (incluyendo estimulantes y opioides) todos los meses en Ontario de mayo a octubre, lo que equivale a 10 personas que mueren cada día.¹⁰

El impacto que tiene el abuso de sustancias en el ámbito de la salud puede conducir al síndrome de dependencia -dependence sindrome o/y al aumento en los costos de la atención a la salud debido a la comorbilidad de los problemas de abuso de sustancias con enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, respiratorias, cáncer, padecimientos mentales además de enfermedades infecciosas como VIH y hepatitis B-C, (NIDA,2017).

De acuerdo al sistema de noticias de Ontario, Canadá, TVO (2021)

“Muchas personas terminan usando estimulantes porque no tienen adónde ir. Hace frío afuera y si tienes miedo de que te roben tus cosas o temes una agresión sexual, los estimulantes son una muy buena forma de mantenerse despierto y asegúrese de que eso no suceda”.
“Vemos que está ocurriendo algo cardíaco, pero claramente no es una sobredosis relacionada con opioides”. Si bien una sobredosis de opioides generalmente hace que alguien se vuelva muy letárgico y podría disminuir su frecuencia cardíaca, las personas que experimentan una sobredosis o efectos adversos de los estimulantes pueden parecer estar experimentando algo más parecido a un paro cardíaco o un ataque de pánico. Con la metanfetamina cristalina, por ejemplo, los síntomas pueden incluir dolor en el pecho, dificultad para respirar, presión arterial alta y paranoia”¹¹

Desde una perspectiva de protección, de derechos humanos y de salud pública, es de suma importancia que “se incluya a las personas que usan drogas en todas las estrategias, planes y operaciones de preparación y respuesta a los brotes de COVID-19. Existe una sólida justificación de salud pública para extender todas las medidas a todas y todos, independientemente de su estatus y asegurar la inclusión”¹²

Las personas que usan drogas y sus familias pueden correr un mayor riesgo de sufrir resultados adversos en materia de salud mental, particularmente durante los brotes de enfermedades infecciosas y la posible cuarentena. Por tal motivo, Rome Consensus 2.0 (2020) propone una serie de estrategias basadas en la reducción de daños que también incluye proporcionar refugio y apoyo para la salud mental.

La comprensión científica de COVID-19 y las mejores prácticas de precaución para evitar la infección y la transmisión continúan evolucionando cada día (Rome Consensus, 2020) por lo que es sumamente importante mantenernos actualizados sobre lo que ocurre en nuestras regiones.

El Salvador

Desde el fin del conflicto armado, en 1992, El Salvador ha ido caminando hacia la consolidación de una cultura democrática y una paz duradera. A lo largo de 29 años se han experimentado diversas situaciones, algunas que han atentado contra el respeto a los derechos humanos, pero en su mayoría los resultados a largo plazo han avanzado en un tono positivo.
El Salvador fue uno de los primeros países en tomar acciones frente a la inminente crisis sanitaria; a partir del 11 de marzo cerraron las fronteras y todos los centros educativos para prevenir posibles contagios.¹³  Desde el 21 de marzo el Órgano Ejecutivo decretó mediante Estado de Emergencia, una cuarentena obligatoria, con el respaldo Legislativo.
En principio, las medidas fueron catalogadas como positivas, pero en la práctica, significó transgresiones a la legalidad y vulneraciones a los derechos humanos. Diversos recursos de inconstitucionalidad fueron presentados, y, para mediados de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que se estaban cometiendo excesos respecto a las facultades que permitía el Estado de Emergencia.¹⁴

Poco tiempo había pasado, aproximadamente más de una hora, desde que se decretó cuarentena obligatoria cuando se dieron las primeras detenciones de personas, muchas de ellas desconocían acerca de las medidas, pues en su mayoría estas fueron comunicadas por redes sociales, por tanto, se encontraban circulando libremente, trabajando, o incluso retornando a sus hogares.
Según investigaciones periodísticas y denuncias registradas, muchos de los detenidos fueron víctimas del abuso de la fuerza bajo la custodia policial, pasando más de 48 horas sin recibir alimento ni agua. Y aunque posteriormente fueron llevados a centros de contención, muchas de estas personas fueron “tratadas como reos”. ¹⁵

A pesar de que el Órgano Ejecutivo aseguró que había algunas excepciones para permitir la libre circulación, lo improvisada de la medida y el poco acceso de la ciudadanía a las redes sociales, hizo que las detenciones arbitrarias fueran incrementando de manera desproporcionada, provocando que los centros destinados para hacer cumplir la cuarentena obligatoria, no dieran abasto.
Desde la sociedad civil la reacción fue inmediata, pues no solo se estaban realizando detenciones ilegales, sino que no se estaban garantizando las condiciones mínimas para salvaguardar el derecho a la salud misma. Algunas personas, en el centro de contención, llegaron a pasar más de 60 días sin ser informadas acerca de su estado de salud, y amenazadas en caso de retirarse.
Los centros de detención ilegal no solo estaban destinados para personas que circulaban en la calle y no presentaron una “justificación válida”, sino también para aquellos salvadoreños que se encontraban en el extranjero y deseaban ingresar al país. No hubo criterios para la distribución de los ciudadanos en esos lugares. Y según algunas denuncias recibidas “los centros de contención se convirtieron en verdaderos focos de contagio”.¹⁶

Durante varias semanas surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas de la COVID-19, a las personas recluidas y cuando por fin lograron acceder, a un gran número no se les entregaron los resultados. En ocasiones, las personas cumplieron el confinamiento y salieron sin conocer el estado de su salud. Otros en cambio, corrieron con menos suerte, pasaron casi 50 días recluidos, y en algunas oportunidades, al protestar y romper el aislamiento debieron empezar desde cero el periodo de confinamiento.
Sumado a lo anterior, es imposible dejar de lado el protagonismo que desde el primer momento se les dio a las fuerzas de seguridad del Estado, y el cual sigue incrementando. Los abusos del uso de la fuerza letal han sido avalados e incluso autorizados, bajo el pretexto de la “seguridad pública”. El 26 de abril de 2020, mediante una serie de tweets, el presidente de la república Nayib Bukele aseguró que “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”¹⁷ . Esto no solamente legitimó y justificó las agresiones, sino también instauró un fenómeno: la militarización de la salud.

Frente a la ausencia de un plan de contingencia de las autoridades de gobierno para enfrentar esta situación y atender a la población; familias completas tuvieron que recurrir a apostarse a las orillas de las carreteras y ondear banderas blancas para solicitar alimentos. Esta acción pasó rápidamente de puntos focalizados a todo el país, el gobierno tardó en reaccionar, hasta que se anunció la entrega de paquetes alimenticios, plan muy cuestionado por su desproporcionado método de distribución.
Esta fue otra situación que generó preocupación: no se ha dado a conocer el mecanismo de entrega, y no se han priorizado a los sectores más necesitados, sin mencionar la ausencia de transparencia que se ha suscitado con respecto al uso de los fondos públicos en la respuesta a la pandemia.
Durante los estados de emergencia y de excepción se suspendieron trámites de solicitudes de información, lo cual también vulnera el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y de la prensa nacional e internacional.
Por otra parte, también se cometieron abusos contra la población penitenciaria. Ante un alza en los índices delincuenciales, Nayib Bukele ordenó a través de la Dirección General de Centros Penales, la declaratoria de Estado de emergencia en 7 centros penitenciarios de máxima seguridad, que tienen internos vinculados a pandillas, y quienes según la lógica gubernamental, estaban detrás del incremento de homicidios.¹⁸

El estado de emergencia no solo trajo aislamiento, sino restricciones a las visitas de familiares, y poca información sobre las condiciones de salud, protocolos y acciones para prevenir contagios, que se realizaron para la prevención del virus.

Sin duda, los casos de vulneraciones a los derechos humanos van desde el derecho a la salud, hasta arbitrariedades que han terminado en fatalidad. Para ilustrar y detallar el estado de los Derechos Humanos durante la emergencia, se presentan 3 ámbitos representativos en los que se vulneraron derechos.

Atentados al derecho a la salud y acceso a la información

Desde la decisión de utilizar los denominados “centros de contención”, las y los ciudadanos han reportado diversas vulneraciones a sus derechos humanos. Se han registrado denuncias sobre contagios a partir de su detención en esos lugares, la falta de condiciones dignas para habitar, la ausencia de agua potable, mala alimentación o incluso incumplimiento de las normas de bioseguridad y hasta precarias condiciones para el mismo personal de salud, responsable de atender los mencionados centros.

Sin duda, una de las preocupaciones más grandes ha sido la violación al derecho a la salud y acceso a la información. Se registró un gran número de casos donde se negó la realización de pruebas de COVID-19, y cuando por fin las y los ciudadanos lograron acceder a ellas no se les entregaron resultados.

Ante estas y otras situaciones, muchas de las personas albergadas decidieron organizarse y exigir a través de redes sociales (su único contacto con el exterior), mejores condiciones y claridad sobre su estado de salud.

Un caso particular se dio en el centro de contención ubicado en el edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista y en el instalado en el Palacio de los Deportes, ambos en San Salvador, donde agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) llegaron para repeler a quienes manifestaron su descontento, pues ya tenían más de 30 días en confinamiento. A esta situación se sumaron denuncias de las amenazas e intimidaciones recibidas por pandilleros que también estaban en esos mismos centros de contención.

Otro caso representativo es el de más de 60 personas albergadas en el centro “Nuestro Señor de Montecarmelo”, en Ciudad Delgado, quienes permanecieron en detención ilegal más de 40 días, a pesar de que a todas ellas se les practicaron cuatro pruebas de COVID-19, y tres de ellas resultaron negativas (quedaba pendiente que conocieran el resultado de la última).

En ese lugar las personas estaban distribuidas en tres secciones en el Centro de Retiros, una de esas secciones mostró su descontento el 14 de mayo de 2020, lo que llevó a que interviniera la Unidad de Mantenimiento del Orden -UMO- un cuerpo policial élite que llegó para “imponer orden”. Además en el lugar sobrevolaron helicópteros de las fuerzas de seguridad a fin de generar intimidación no sólo a las personas descontentas, sino a la población en general, ya que dicha expresión de fuerza pública fue transmitida por distintos medios de comunicación.

Otro grupo de personas, confinadas en ese mismo lugar, denunció mediante un video en redes sociales los malos tratos por parte del responsable del Centro de Retiros, y las condiciones en las que se encontraban. Además, se declararon en huelga de hambre. La respuesta que obtuvieron fue el traslado de algunas personas de la mencionada sección hacia diversos centros de detención ilegal, instalados en Ciudad Mujer, en el cantón Lourdes, del municipio de Colón. De otras personas no se obtuvo respuesta sobre su ubicación.

La situación de estas personas constituyó una clara vulneración a sus derechos humanos y una acción de desobediencia hacia el mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, mediante Hábeas Corpus 205-2020 del 25 de abril de 2020, ya había decretado medidas cautelares, ordenando que estas personas fueran conducidas a su lugar de residencia para cumplir cuarentena obligatoria.

Ante estas y otras situaciones, se hicieron diversos llamados a que se respetara el ordenamiento jurídico establecido, sobre todo lo relacionado a las resoluciones de la Sala. La respuesta Estatal frente a estas denuncias fue siempre negar los hechos, guardar silencio o desacreditar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos o de los medios de comunicación que revelaron los casos.

Ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión

Uno de los escenarios favoritos de los funcionarios de la actual administración ha sido y es la esfera digital, Twitter en particular. Desde el inicio de su mandato, el Presidente de la República, Nayib Bukele, ha ordenado acciones, destituido funcionarios, y atacado a opositores/as a través de la mencionada plataforma.

En el contexto de pandemia, ha “informado” sobre las acciones para contener la pandemia en el país, sin embargo, el uso principal de esta vía de comunicación ha sido incrementar el ataque a quienes distan del discurso oficial. Uno de los sectores más agredido ha sido la prensa independiente.

Los ataques han trascendido desde lo virtual hasta lo presencial en eventos públicos. El 31 de mayo, el mandatario salvadoreño, durante una conferencia de prensa, emitió declaraciones estigmatizantes hacia periodistas de los periódicos digitales “Factum” y “El Faro”, acusándolos de responder a intereses contrarios a la ciudadanía y señalando que “en sus almas, en su vida pesará lo que trataron de hacerle al país”.¹⁹

Luego de esto, el acoso digital incrementó hacia los/as periodistas que cuestionan el discurso oficial. Antes, ya se había registrado un caso similar el 18 de mayo, cuando el periodista Nelson Rauda, también de El Faro, durante una conferencia de prensa, cuestionó a Bukele sobre una reunión que sostuvo con un grupo de empresarios. La pregunta generó molestias en el gobernante, quien no dudó en descalificar la pregunta y mofarse en público. Usuarios de redes sociales siguieron esa lógica y compartieron videos, imágenes, críticas, amenazas, y difamaciones contra el profesional de la información e incluso aparecieron cuentas falsas con el nombre del periodista.

La Asociación de Periodistas de El Salvador -APES- reaccionó, denunciando este tipo de ataques, llamando al Gobierno a respetar el ejercicio periodístico, independientemente de la línea editorial de cada uno.

La preocupación por este tipo de hechos se debe a la creciente desacreditación a la prensa, pero, además, porque los ataques a nivel digital también pueden trascender y darse contra la integridad física de los y las periodistas.

La arremetida del Gobierno central hacia el ejercicio periodístico fue desde los bloqueos en las redes sociales (una práctica que hemos detectado en algunos funcionarios y entidades públicas en África y Latinoamérica), que no permitieron que los profesionales obtuvieran información (al ser la plataforma favorita para dar a conocer datos oficiales), hasta la obstrucción para ingresar a eventos públicos.

La noche del 21 de junio de 2020, el Gobierno anunció la inauguración del denominado “Hospital de El Salvador”, adecuado en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Sin embargo, personal de Casa Presidencial impidió el ingreso de a periodistas de diversos medios de comunicación y por ende no hubo espacio para preguntas, ni para constatar el estado de finalización de la obra inaugurada.²⁰

El ataque hacia los medios de comunicación y periodistas se convirtió en una constante, y se ha constituido en una especie de marca para la actual gestión gubernamental.

Abusos policiales: desde agresiones físicas hasta ejecuciones extrajudiciales

Las fuerzas de seguridad han sido los principales responsables de casos de violaciones a derechos humanos registrados durante la emergencia por COVID-19. No solo por obstaculizar la labor periodística o respaldar acciones inconstitucionales, sino por protagonizar hechos de violencia hacia ciudadanos, excediendo sus funciones con fatales consecuencias.

Un caso claro fue la agresión cometida hacia un joven en San Julián. Alfredo Isaac Canesa Flores, de 19 años,²¹ se conducía en motocicleta y ante las restricciones a la movilidad, impuestas por el Ejecutivo, fue detenido en el cantón Chilata, municipio de San Julián, departamento de Sonsonate.

La lógica gubernamental orientaba a que quienes no acataran la cuarentena obligatoria y fueran detenidos serían llevados a los llamados centros de contención, sin embargo, en este caso intervino otro factor, una posible solución: entregar $50.00 a cambio de no ser capturado y enviado a uno de los mencionados centros.

Ante la negativa a esta propuesta, el joven recibió una bala en cada una de sus piernas, causando indignación y repudio en los testigos del hecho, y posteriormente en la población que conoció la denuncia en redes sociales y los medios de comunicación. La Policía argumentó que esta situación fue un “accidente” e incluso publicó que la víctima no se había sentido ofendida, además, tanto la corporación policial como funcionarios del Gobierno desestimaron, a través de Twitter, la publicación del periódico que dio a conocer el caso. Posteriormente estos “tweets” fueron eliminados.

Sin embargo, aunque esta es una muestra de la arbitrariedad de las actuaciones de la Policía Nacional Civil – PNC, otro caso aún más grave es la ejecución extrajudicial de una joven, en esa misma localidad. Zulma Yamileth Valencia Sisco, de 22 años, recibió impactos de bala que acabaron con su vida muy cerca de su casa, en la Finca San Joaquín, del cantón Peña Blanca, municipio de San Julián, Sonsonate. El hecho sucedió cuando la joven salió de compras para celebrar el día de las madres (10 de mayo en El Salvador), pero el caso fue manejado como enfrentamiento entre pandillas.²²

Familiares, amigos y conocidos han negado el nexo de la joven con estructuras de pandillas y, por el contrario, han defendido la integridad de la víctima, quien dejó a dos niños en la orfandad. Aunque el temor de la familia a represalias por parte de los elementos de seguridad ha hecho que las denuncias en este caso no se dieran con la misma intensidad como en el caso del Joven Alfredo Canesa.

Desamparo a poblaciones vulnerables. El caso de las enfermedades crónicas.

Durante el año 2020, en medio de los esfuerzos por conocer y paliar los efectos de la COVID-19, la hidroxicloroquina fue en algunos momentos considerada una alternativa. La Organización Mundial de la Salud, en su informe “Solidaridad” plantea cuatro tipos de tratamientos para COVID-19, entre ellos la hidroxicloroquina y la cloroquina. Esto trajo serias consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables en El Salvador. Las personas que padecen enfermedades crónicas, de lento progreso, como el Lupus, por ejemplo.

Es conocido que dicho medicamento sirve a personas con lupus, la fundación de pacientes con Lupus (FundaLupus) menciona que la falta de hidroxicloroquina se debía a que el medicamento fue restringido para poder tratar a pacientes con COVID-19. Por tanto, emerge la posibilidad de una cultura de autoatención y automedicación. Un fenómeno que no es nuevo en países como El Salvador, sin embargo la condición de pandemia y las medidas adoptadas tienden a agravar la situación.

La misma fundación expresó a través de redes sociales y de una nota periodística que solamente dos farmacias privadas tenían el medicamento, a pesar de que al país llegó una amplia cantidad de hidroxicloroquina. A través de un Tweet de la cuenta oficial de la secretaría de prensa de la presidencia de la república se expresa que, “La distribución forma parte de los 55 mil 800 unidades de hidroxicloroquina que el gobierno del presidente Nayib Bukele recibió de laboratorios Novartis. Ayer se recibió un cargamento de 2 millones 2 mil unidades para atender la emergencia”.
Fue hasta finales del año 2020 y principios del año 2021 que se restablecieron algunas consultas públicas para pacientes con enfermedades crónicas, esta población vió su condición agravada durante toda la pandemia, agudizando aún más su invisibilidad, pues a pesar de que la cantidad de muertes por enfermedades crónicas, degenerativas y de lento progreso es bastante alta, la prioridad giro en torno a la COVID-19.

Es importante recalcar que la causa principal no es la pandemia, aunque aparentemente así lo parezca. Si no más bien, un sistema social de salud deficiente, fruto de una medicalización, mercantilización, jerarquización y ahora, una militarización de la salud. Un sistema de salud que se encuentra disociado de los sistemas culturales de salud y muy lejos de aspirar a formar parte de una cobertura universal en salud.

Algunos datos sobre Brasil

Algunos datos sobre la India

Algunos datos sobre Alemania

Recomendaciones

El equipo multidisciplinario de expertos internacionales que ha participado en la realización de este informe y del monitoreo de este observatorio considera que:

• A pesar de que la suspensión de algunos derechos humanos en circunstancias de emergencia pública y las condiciones de una suspensión es legítima en el contexto de la COVID-19, los Estados deben velar porque las medidas generales que se adopten para hacer frente a la crisis no perjudiquen de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables.
• Es necesario reconocer que la situación de excepcionalidad devenida de la emergencia sanitaria impone una carga adicional a las estructuras de los Estados para atender denuncias, garantizar derechos y agilizar los aparatos judiciales.
• La virtualidad y el teletrabajo no deben ser excusa para justificar el retraso en la digitalización de los mecanismos de acceso a las instituciones públicas. El trabajo de funcionarios estatales y estructuras de contraloría no deben verse limitadas.
• Es preocupante que la situación de excepcionalidad ha sido aprovechada por algunos Estados con prácticas totalitarias -y grupos privados- para suspender garantías fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la consulta popular previa e informada y la suspensión de la obra pública. Esta situación debe vigilarse a través de grupos intersectoriales.
• Es necesario proporcionar una financiación adecuada para las entidades que promueven, defienden o preservan derechos humanos.
• Es menester que los Estados identifiquen las necesidades de acceso a las instituciones y la atención publica a través del acceso digital por medio de plataformas que sean efectivas, descentralizadas, abiertas, eficaces e inmediatas, garantizando también el debido manejo seguro de los datos.
• Debe superarse la brecha existente respecto al acceso a servicios básicos e internet. La emergencia sanitaria ha dejado comunidades rurales aún más aisladas en todo el mundo. Se recomienda abordar de manera integral la deficiencia de acceso a los servicios básicos, empezando por agua y electricidad, incluyendo internet y las tecnologías requeridas para las comunidades más vulnerables.
• Los Estados deben asumir que las Personas Que Usan Drogas (PQUD) han sido víctimas de la estigmatización aun durante la pandemia de la COVID-19.
• Los refugios nocturnos deben estar disponibles para las personas sin hogar, con una separación entre los que no están infectados y los que están infectados y que necesitan estar en cuarentena, pero no necesitan hospitalización.
• Los centros comunitarios, los refugios diurnos y las salas de consumo de drogas (SCD) deben asesorar y apoyar a las PQUD en la prevención de las infecciones por COVID-19.
• Es importante garantizar el acceso al tratamiento, la continuidad y la sostenibilidad de los servicios de reducción de daños y otros servicios de fácil acceso para las PQUD durante la epidemia de la COVID-19.
• Proporcionar una financiación adecuada para los servicios de tratamiento, reducción de daños y otros proveedores de servicios de fácil acceso.
• Es fundamental que principalmente los países periféricos desarrollen mecanismos de políticas innovadoras en el marco de sus planes de recuperación post-pandemia para lograr avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en especial lo que respecta a los objetivos 10, 16 y 17 de manera eficaz.
• Es necesario identificar políticas pragmáticas de la mano de la adopción de tecnologías emergentes que puedan dar lugar a un progreso asequible y humanitario.

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  • https://berlindokument.org/

Referencias

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• Beltrán Luna, J. (2020, April 11). En San Julián, un joven fue baleado por policía que le pidió soborno de $50 para no enviarlo a albergue | Noticias de El Salvador – elsalvador.com. Noticias de El Salvador – Elsalvador.com. https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/sonsonate-cuarentena-covid-19/704907/2020/
• Beltrán Luna, J. (2020, May 11). Joven que salió a comprar por el Día de la Madre fue abatida por policías | Noticias de El Salvador – elsalvador.com. Noticias de El Salvador – Elsalvador.com. https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/joven-salio-comprar-dia-de-la-madre-abatida-enfrentamiento-policias-san-julian/713676/2020/
• Browne, Rachel. (2021). It’s very alarming’: Ontario seeing unprecedented spike in stimulant-drug deaths. Published in TVO. 12 January 2021. Canada. https://www.tvo.org/article/its-very-alarming-ontario-seeing-unprecedented-spike-in-stimulant-drug-deaths
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1. ODS 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
2. ODS 3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.
3. ODS 10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
4. ODS 8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
5. ODS 2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
6. (Rome Consensus 2.0, 2020)
7. (USI, 2020)
8. (DW, 2021)
9. (Epele, 2011)
10. (Browne,2021)
11. (Browne,2021)
12. (Rome Consensus 2.0, 2020,p2)
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15. (Cáceres, 2020)
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