Por Marco Perduca, Science for Democracy & Guido Long, Associazione Luca Coscioni
El Pacto Mundial sobre las Migraciones es un acuerdo internacional negociado bajo la dirección de las Naciones Unidas, con el objetivo de abordar “todas las dimensiones de la migración internacional de una manera holística e integral”. Fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018 con 152 países a favor, 12 en contra y Estados Unidos, Hungría, Israel, la República Checa y Polonia en contra. El Pacto Mundial no será vinculante en virtud del derecho internacional e incluye 23 objetivos para mejorar la movilidad global (que ahora afectan a casi el 3,5% de la población mundial). También reafirma la importancia de la soberanía nacional en la distinción “entre la situación migratoria regular e irregular, incluyendo la determinación de sus medidas legislativas y políticas para la aplicación del Pacto Mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades, políticas, prioridades y requisitos nacionales de entrada, residencia y trabajo, de conformidad con el derecho internacional”.
El Pacto Mundial, al tiempo que reconoce los desafíos potenciales derivados de la migración, afirma que ésta debería unirnos en lugar de dividirnos y subraya la importancia de la evidencia en el discurso político en torno a la migración. El propio documento asegura que “pretende reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración mediante el respeto, la protección y el cumplimiento de sus derechos humanos y la prestación de atención y asistencia”. Trata de abordar las preocupaciones legítimas de las comunidades, reconociendo al mismo tiempo que las sociedades están experimentando cambios demográficos, económicos, sociales y ambientales a diferentes escalas que pueden tener consecuencias para la migración y ser resultado de ella”.
Una de las formas de reducir la migración es lograr un desarrollo sostenible en todo el mundo. Al mismo tiempo, el Pacto afirma que una gestión adecuada de la migración puede contribuir a la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto, a su vez, reducirá en el futuro la necesidad de migraciones, creando así un círculo virtuoso. Una de las formas de hacerlo es permitir que las diásporas participen más activamente en la vida social, económica y política de su país de origen, a fin de compartir su experiencia con la esperanza de reducir la desinformación y el miedo de ambas partes.
Se hace especial énfasis en los derechos humanos. La aplicación del Pacto Mundial garantiza la protección de los derechos humanos de los migrantes de cualquier condición, así como su protección contra la discriminación. Además, aunque permite alguna forma justificada de trato diferenciado, esto incluye el acceso a la prestación de servicios básicos, con el fin de proteger la dignidad humana también en situaciones extremas.
Uno de los objetivos es reducir la vulnerabilidad de la migración y revisar las prácticas que podrían empeorar involuntariamente la situación de los migrantes. Hay un claro llamamiento a los países desarrollados para que respeten el derecho internacional, prestando especial atención al rescate de vidas, y para que garanticen una protección adecuada a las personas que, en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, puedan recibir más atención y cuidados.
Un ejemplo posible, pero no declarado, de esta protección podría ser el reservado a las víctimas de la guerra contra las drogas que, lamentablemente, sigue caracterizando a regiones importantes de América Central, partes de África y el Sudeste Asiático, donde las políticas prohibicionistas se aplican a menudo con el uso de la fuerza, victimizando también a las mujeres y los niños. La guerra contra las drogas durante años ha sido la causa de los desplazados internos en Colombia, Bolivia y México, ha aterrorizado a miles de personas en el Caribe y ha sido un componente estructural en las guerras indochinas de los años sesenta y, más recientemente, en el conflicto de Afganistán o en la violenta campaña antidrogas de Filipinas.
Corresponde ahora a los países que han firmado el Pacto traducir sus palabras en hechos y hacer todo lo posible por ayudar a los necesitados, trabajando al mismo tiempo para crear condiciones más favorables para un verdadero desarrollo indígena capaz de limitar, al menos, la migración económica. La promoción de un enfoque más relajado del consumo personal de drogas y la autorización del uso tradicional o industrial de sustancias controladas podrían contribuir sin duda a los objetivos establecidos en el Pacto.
