Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights & Science (JMSHRS)
Volume 7, Issue 1, March 2025 | SDGs: 3 | 6 | 10 | 16 | 17 | #RethinkProcess
ORIGINAL SOURCE ON: https://knowmadinstitut.org/journal/
DOI: 10.5281/zenodo.15004921
Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights & Science (JMSHRS)
Volume 7, Issue 1, March 2025 | SDGs: 3 | 6 | 10 | 16 | 17 | #RethinkProcess
ORIGINAL SOURCE ON: https://knowmadinstitut.org/journal/
DOI: 10.5281/zenodo.15004921
Coordinador de Investigación:
Bp. Martin Ignacio Díaz Velásquez – CEO, Knowmad Institut – Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios sobre Derechos Humanos y Ciencias.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5162-4786
Contacto: mdiaz@knowmadinstitut.org
Investigadores:
Prof. Dr. Andrés M. Pérez-Acosta – Director del Observatorio de Conducta de Automedicación, Departamento de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Director Editorial del Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1133-8926
M.A. Carlos Esteban Convers-Baena – Psicólogo egresado de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Máster en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Psicoterapeuta, Investigador asistente del Observatorio de Conducta de Automedicación. Asistente editorial de Pserinfo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-5468-4717
B.A. David Bruna – Licenciado en Filosofía y Humanidades, con Diplomado en Seguridad Ciudadana, egresado de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Diplomado en Comunicación Política, Universidad de Montevideo, Uruguay. Estudiante de Maestría en Política, Economía y Filosofía en la Universität Hamburg, Alemania. Miembro del Comité de Expertos del Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-8496-1930
M.A. Jorge Manuel Molina Aguilar – Psicólogo e investigador en la Unidad del Dolor, Cuidados Paliativos ucta de Automedicación de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y Miembro del Comité de Ética del Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7288-9740
MA. Mauro Patti – Máster en Ciencias Políticas y Estudios Parlamentarios. Responsable de Políticas y Relaciones Internacionales en la Fundación Villa Maraini, miembro de la Secretaría del Rome Consensus 2.0.
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0214-4418
José Scioli – Director Ejecutivo del Observatorio Humanitario - Centro de Referencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja Argentina.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3447-7635
Abril García Mur – Coordinadora de Gestión de la Información en el Observatorio Humanitario - Centro de Referencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja Argentina.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4802-4979
Alina Sotes – Analista de Información Estratégica en el Observatorio Humanitario - Centro de Referencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja Argentina.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8186-9962
Revisores
MBA. Bob Trojan – Máster en Finanzas e Ingeniero por la Universidad de Washington en St. Louis. Asesor Sénior de Políticas en la C4 Recovery Foundation.
HonMFPH. Jason Kew – Consultor Profesional en Alternativas al Encarcelamiento. Asesor de la C4 Recovery Foundation y del Knowmad Institut.
Suggested Quote:
Díaz Velásquez, M. I., Pérez-Acosta, A. M., Convers-Baena, C. E., Bruna, D., Molina Aguilar, J. M., Patti, M., Scioli, J., García Mur, A., & Sotes, A. (2025). Development Report - Global Country Policy Review: A humanitarian comparative analysis on drug policies, on the basis of the Rome Consensus 2.0. Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science, 7(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.15004921
This work is made available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) license. Under the terms of this license, you may copy, distribute, and adapt the work for non-commercial purposes, provided the work is properly cited.
License: CC BYNC-SA 4.0. // 2025
Evolución y relevancia del RC2 Index 5
Evolución de la Metodología: Un Proceso en Fases 8
Fase 1: Fundamentos y Construcción Inicial (2023-2024) 8
Fase 2: Validación y Prototipos (2024) 8
Fase 3: Piloto Regional y Expansión (2025-2027) 8
Justificación de la Expansión Escalonada 9
Fase 4: Expansión a Países Miembros del Pompidou Group (2027-2028) 9
Fase 5: Extensión a Países Miembros de la Comisión de Estupefacientes (CND) (2028-2029) 9
Fase 6: Expansión Global a la Membresía de la ONU (2029-2030) 9
Hacia una Evaluación Global y Adaptativa 10
Fundamentos Teóricos del Drug Policy Benchmark 10
Categorías en las que se distribuyen los sub-indicadores:
1. Derechos Humanos y Salud Pública 13
3. Cooperación Internacional 13
4. Justicia Penal y Alternativas al Encarcelamiento 13
5. Monitoreo y Evaluación de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) 13
6. Prevención y Participación Comunitaria 13
7. Presencia de Actividades Ilegales 13
8. Impacto Económico y Social de las Políticas de Drogas 13
9. Ranking en Índices Globales 13
Conexión con Marcos Globales de Desarrollo y Evaluación 14
Criterios de Evaluación Cualitativa: Metodología Propia 15
III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL DEL PROYECTO 15
Recolección y Consolidación de Datos 16
Validación y Ponderación de Indicadores 16
Implementación en Campo y Monitoreo 16
Generación de Recomendaciones y Retroalimentación 17
Monitoreo Continuo y Actualización Dinámica 17
Integración de Ciencia Abierta y Transparencia 18
IV. EVOLUCIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (2026-2028) 18
Propuesta de un Tech Sprint para el Desarrollo del SAT 19
Concepto y Utilidad del Sistema de Alerta Temprana (SAT) 19
Innovación Tecnológica del SAT 20
Fase Piloto Propuesta: México, Argentina, Italia y Alemania 20
Desarrollo de Modelos Predictivos Basados en IA 20
Mapeo Ciudadano: Datos Anónimos para Fortalecer el Monitoreo 21
Monitoreo Continuo y Retroalimentación 22
V. RESULTADOS ESPERADOS Y MEDICIÓN DEL IMPACTO 23
Evaluación del Impacto Social 24
Buenas Prácticas para la Expansión Global 25
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28
A. Perfiles Revisados por Pares del RC2 Index 30
Rome Consensus 2.0 Evaluation 30
ATI (Alternatives to Incarceration) 33
Description of legal framework 33
Rome Consensus 2.0 Evaluation 37
Sustainable Development Goals: Overview and Progress 38
ATI (Alternatives to Incarceration) 40
Description of the Legal Framework 41
Expansion of the Legal Framework 41
International Cooperation and Commitments 41
B. Matriz de Indicadores Drug Policy Benchmark 44
D. Instrumento Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina 46
Sección 1: Datos Geográficos y Demográficos 46
Sección 2: Acceso a Servicios de Salud Pública 47
Sección 3: Percepción de Seguridad 48
Sección 4: Impacto Comunitario y Familiar 48
Sección 5: Confianza en las Instituciones 49
Sección 6: Opiniones Generales y Recomendaciones 50
Esta iniciativa de investigación abierta y desarrollo de herramientas para políticas de drogas –dirigida a tomadores de decisiones, investigadores, fuerzas de seguridad, personal de salud y activistas– se fundamenta en los principios humanitarios del Rome Consensus 2.0 (RC2).(Rome Consensus 2.0, 2020) Su realización es posible gracias al apoyo de la C4 Recovery Foundation y la valiosa colaboración de las organizaciones involucradas en esta fase: Knowmad Institut, Universidad del Rosario y el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina.
Este marco conceptual evolucionó a partir del primer Rome Consensus para una Política Humanitaria de Drogas, que fue creado en 2005 y se desarrolló como una asociación entre la Cruz Roja Italiana (CRI), el Consejo Internacional sobre Seguridad y Desarrollo (ICOS) y la Fundación Villa Maraini (VMF). Dicha iniciativa se estableció para abordar las dimensiones específicas del problema de las drogas, basándose en los conocimientos existentes y en las mejores prácticas de los últimos 40 años. El objetivo fue promover, en el seno de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja, un enfoque sobre el sufrimiento relacionado con las drogas basado en la salud, e impulsar la acción humanitaria en este ámbito. Este primer Consenso fue firmado por 121 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo.
El RC2, fue iniciado en 2020 por el Red Cross Red Crescent Partnership on Substance Abuse junto a organizaciones como la C4 Recovery Foundation, el Knowmad Institut y la Police Treatment Community Collaborative (PTACC). Actualmente, el movimiento abarca más de 800 organizaciones en 73 países y cuenta con la adhesión de más de 7000 expertos, servidores públicos y activistas a nivel global.
Basado en estos principios, creamos el RC2 Index, un indicador integral del proyecto Drug Policy Benchmark. Este índice permitirá medir y comparar el cumplimiento de principios humanitarios y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas de drogas, ofreciendo una herramienta analítica para la elaboración y diseño de estrategias basadas en evidencia.
En el primer cuarto del siglo XXI, las políticas de drogas han transitado desde modelos centrados en la criminalización y estigmatización de las personas que usan drogas (PQUD) (Espin García, Molina Aguilar, Pallero, & Díaz Velásquez, 2021), hacia enfoques orientados a la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Este giro responde a la creciente evidencia sobre los efectos adversos de las estrategias represivas, reflejándose en iniciativas internacionales como el Rome Consensus 2.0, que promueve soluciones basadas en la dignidad humana y la protección de comunidades vulnerables.
En esta evolución metodológica se incorpora, además, la adopción de herramientas basadas en tecnologías emergentes y modelos de lenguaje de inteligencia artificial, que facilitan el análisis de grandes volúmenes de datos y la generación de recomendaciones basadas en la evidencia. De esta manera, se profundiza el carácter multidisciplinario y vanguardista de la propuesta.
Por tanto, se propone una herramienta multidimensional que:
Documentando el avance por medio de los Reportes de Desarrollo (Díaz Velásquez, Pérez-Acosta, Convers-Baena, Bruna, & Molina Aguilar, 2024) del proyecto, esta propuesta combina metodologías cualitativas y cuantitativas para ofrecer diagnósticos precisos, facilitando la transición hacia marcos regulatorios más inclusivos y efectivos.
Objetivo Principal: Evaluar y monitorear las políticas de drogas en países miembros de la ONU mediante un benchmark global que permita identificar brechas y áreas de mejora, proporcionando recomendaciones basadas en evidencia.
Objetivos Específicos:
Este proyecto se basa en los principios de transparencia, replicabilidad y acceso abierto, promoviendo la inclusión de diversos actores y el intercambio efectivo de datos. Se adoptan los lineamientos de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) y la Declaración de Barcelona Sobre la Información Abierta
para la Investigación, que enfatizan la corresponsabilidad de los distintos sectores (gubernamentales, académicos y sociedad civil) para fomentar la transparencia, el acceso a información académica, la cooperación en investigaciones y proyectos con impacto social (UNESCO, 2022; CoARA – Coalition for Advancing Research Assessment, 2022).
Inspirados en las recomendaciones de Data4SDGs (Global Partnership for Sustainable Development Data, 2025), garantizamos la protección de los datos confidenciales y fomentamos un uso responsable y sostenible de los mismos. Esto implica establecer controles para la recopilación, almacenamiento y difusión de información, asegurando la protección de la privacidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable en cada país.
El proyecto asume los principios éticos y de uso de inteligencia artificial delineados por COPE (“AI” | COPE: Committee on Publication Ethics, 2025), priorizando:
Se integra la visión de expertos de distintas disciplinas (salud, justicia, economía, sociología, entre otras) y de organizaciones de la sociedad civil, de modo que las políticas, indicadores y metodologías reflejen la realidad sobre el terreno y cuenten con respaldo científico.
Todos los resultados se someten a procesos de validación interna y externa, documentando de manera abierta los indicadores, datos y resultados. Asimismo, se fomenta la participación de revisores pares y se anima el escrutinio público para mejorar la calidad de la información presentada.
Fuentes Principales del Índice:
Esta primera fase se enfocó en establecer una base sólida mediante la revisión de más de 24000 fuentes de información, incluyendo literatura académica, normativas legales y datos estadísticos. Se identificaron las tendencias clave en reducción de daños, descriminalización y acceso a tratamientos, así como los factores determinantes para evaluar la proporcionalidad de las sentencias y las alternativas al encarcelamiento (ATI).
En esta fase se aplicaron evaluaciones piloto en cinco países seleccionados para garantizar la validez y aplicabilidad de los indicadores. Las pruebas incluyeron análisis preliminares de datos y retroalimentación obtenida a través de la participación en foros internacionales, como la CND en Viena, y eventos regionales en Brasil y México (Rome Consensus, 2024a; Rome Consensus, 2024b; Rome Consensus, 2024c).
Actualmente se realiza la implementación del piloto en cuatro países clave que podrían ser: México, Argentina, Italia y Alemania. Estos países han sido seleccionados por su diversidad geográfica y los diferentes desafíos en el ámbito de las políticas de drogas. Durante esta fase, se establecerán colaboraciones locales con instituciones de salud pública y de justicia, y se implementarán tecnologías emergentes como modelos de lenguaje de inteligencia artificial (IA) para el análisis predictivo y software como QGIS (Spatial without Compromise · QGIS Web Site, 2025) para la creación de mapas geoespaciales.
El enfoque gradual permite realizar pruebas exhaustivas en un entorno controlado antes de extender la implementación global. Este proceso asegura la precisión y la relevancia de los indicadores, reduciendo los riesgos asociados a una expansión rápida.
La expansión a los países miembros del Pompidou Group del Consejo de Europa se justifica por los siguientes factores:
La transición hacia los países miembros de la CND permitirá aprovechar los marcos normativos ya existentes y facilitará la adopción de enfoques más humanitarios en consonancia con los tratados internacionales sobre el control de drogas.
En la última fase, el sistema se extenderá a todos los países miembros de la ONU, permitiendo la evaluación global del estado de las políticas de drogas en una amplia variedad de contextos geográficos y sociales.
El proceso de expansión escalonada asegura que el RC2 Index sea adaptable a diversos contextos nacionales y minimiza los riesgos de implementación. Este enfoque gradual, documentado en los Progress Reports, garantiza que el proyecto se mantenga alineado con los principios del Rome Consensus 2.0 y el Desarrollo Sostenible. Con este enfoque, se promoverán políticas de drogas más humanas, inclusivas y basadas en la evidencia.
NOTA: La velocidad del proceso puede reducirse de obtener los fondos y apoyos adecuados.
El Drug Policy Benchmark se fundamenta en una combinación de enfoques teóricos y prácticos que integran indicadores cuantitativos y cualitativos. En este Benchmark, el RC2 Index desempeña un rol central al medir el cumplimiento específico de principios humanitarios en las políticas de drogas, pero está acompañado por otros indicadores para una evaluación integral.
Los principios rectores del marco conceptual incluyen:
Indicadores y Ponderación
El Drug Policy Benchmark está compuesto por 230 indicadores clasificados en nueve categorías principales. Cada subcategoría dentro del Benchmark tiene indicadores asociados con pesos específicos, que reflejan su relevancia dentro del marco general.
Descripción: Evalúa el acceso universal a servicios de salud, reducción de daños y protección de derechos humanos para personas afectadas por el abuso de drogas.
Descripción: Abarca la regulación de sustancias controladas, el acceso a medicamentos esenciales y la despenalización del consumo personal.
Descripción: Mide la participación de los países en tratados internacionales, colaboraciones multilaterales y su integración en redes globales.
Descripción: Analiza la proporcionalidad en las penas, el uso de alternativas al encarcelamiento y enfoques restaurativos.
Descripción: Se enfoca en el seguimiento de nuevas sustancias psicoactivas mediante sistemas de alerta temprana y monitoreo epidemiológico.
Descripción: Abarca programas nacionales de prevención, la participación comunitaria y la educación preventiva.
Subindicadores: 25
Descripción: Evalúa el cultivo y producción de sustancias ilegales, el tráfico de precursores químicos y la lucha contra el crimen organizado.
Descripción: Mide el costo público asociado a políticas de drogas y el impacto económico directo en comunidades y empleo.
Descripción: Monitorea el posicionamiento del país en índices globales relacionados con derechos humanos, desarrollo y seguridad.
El Drug Policy Benchmark emplea un sistema de puntajes ponderado y flexible para medir el cumplimiento de indicadores clave. Este enfoque facilita la identificación de brechas y oportunidades de mejora.
Nota: Los puntajes de 🟧 Cumplimiento parcial y 🟩 Cumplimiento total pueden combinarse con X cuando la colaboración internacional es un factor relevante, permitiendo clasificaciones como 🟧 + X (colaboración parcial) o 🟩 + X (colaboración integral).
El Drug Policy Benchmark está alineado con marcos internacionales que abarcan desarrollo social, justicia y salud pública. Los principales marcos de referencia son:
Esta alineación permite comparaciones transversales y análisis multidimensionales, expandiendo el alcance del benchmark hacia otros objetivos específicos según sea necesario.
El proyecto ha evolucionado hacia una metodología personalizada que complementa la medición numérica con evaluaciones cualitativas profundas. Basada en el trabajo acumulado, esta metodología incluye:
El Drug Policy Benchmark se desarrolla mediante un flujo de trabajo estructurado y dinámico que garantiza eficiencia, transparencia y trazabilidad. Este proceso integra tecnologías avanzadas, ciencia abierta y herramientas de monitoreo automatizado, asegurando la colaboración internacional en cada etapa. La recopilación y validación de datos, junto con la adaptación continua basada en los resultados obtenidos, permiten optimizar su implementación.
Las actividades se documentan en los Reportes de Desarrollo, así como en el análisis de prompts y herramientas tecnológicas, lo que permite evaluar el desempeño del sistema y realizar ajustes estratégicos en cada fase. Esta metodología asegura un desarrollo ágil y basado en evidencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la eficacia del Drug Policy Benchmark.
Para construir una base de información robusta y relevante, con evidencia normativa, académica y estadística el primer paso es la recopilación de datos.
Las acciones principales:
Resultado esperado: Una base de datos inicial robusta que permita evaluar los indicadores clave de manera precisa.
Una vez recopilados los datos, se lleva a cabo un proceso de validación y ponderación para garantizar que los indicadores seleccionados reflejan con fidelidad las realidades nacionales y regionales.
Acciones principales:
Resultado esperado: Una matriz de evaluación precisa y adaptable que combina metodología manual y automatizada.
El despliegue de las evaluaciones en campo permitirá obtener datos en tiempo real y recomendaciones personalizadas para cada país.
Acciones principales:
Resultado esperado: Datos en tiempo real que alimenten el sistema de monitoreo continuo y generen recomendaciones específicas.
Una vez finalizadas las evaluaciones, se generan informes detallados y recomendaciones aplicables a cada contexto nacional.
Acciones principales:
Resultado esperado: Recomendaciones prácticas y personalizadas que promuevan políticas más humanas y efectivas.
El sistema se mantiene actualizado mediante un proceso continuo de monitoreo y retroalimentación.
Acciones principales:
Resultado esperado: Un sistema adaptativo y flexible que permita optimizar continuamente el monitoreo.
El proyecto se rige por los principios de ciencia abierta, asegurando la trazabilidad, la replicabilidad y el acceso público a los resultados.
Acciones principales:
Resultado esperado: Un entorno colaborativo donde los actores puedan beneficiarse del intercambio de buenas prácticas y del aprendizaje conjunto.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) representa un paso estratégico en la evolución del Drug Policy Benchmark, permitiendo la detección proactiva de riesgos emergentes en políticas de drogas y delitos relacionados. Los SAT han demostrado ser herramientas clave en la detección de sustancias psicoactivas emergentes, como lo evidencia el análisis de Google Trends para identificar tendencias de consumo y aparición de nuevas sustancias, complementando los métodos tradicionales de monitoreo (Batistic et al., 2021). Este sistema innovador pretende integrar datos en tiempo real, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y participación ciudadana dentro de un marco de ciencia abierta y colaboración internacional.
Acciones principales:
Resultado esperado: Un sistema robusto de monitoreo y respuesta ante amenazas emergentes, combinando innovación tecnológica, metodologías abiertas y cooperación intersectorial para mejorar la toma de decisiones en políticas de drogas a nivel global.
Para acelerar la implementación del sistema, se propone la organización de un Tech Sprint colaborativo, reuniendo expertos en desarrollo tecnológico, ciencia de datos y políticas públicas.
Objetivos del Tech Sprint:
Actividades propuestas:
Impacto esperado: Generar interés entre financiadores y consolidar una red de colaboración entre investigadores, desarrolladores y entidades gubernamentales.
El SAT es un sistema automatizado de monitoreo diseñado para anticipar y detectar amenazas relacionadas con políticas de drogas antes de que se conviertan en crisis. Su utilidad radica en su capacidad para proporcionar a los tomadores de decisiones información en tiempo real sobre patrones de riesgo, facilitando intervenciones tempranas y efectivas.
Principales beneficios del SAT:
El SAT es innovador porque integra componentes tecnológicos avanzados de manera colaborativa y transparente:
La fase piloto se podría implementar en estos cuatro países debido a su diversidad regional y a los diferentes desafíos que enfrentan en el ámbito de las políticas de drogas.
Objetivo: Probar la efectividad del SAT en la detección temprana de patrones de riesgo y cambios críticos.
Acciones principales:
Resultado esperado: Validar el sistema para su aplicación escalada en regiones más amplias.
La IA será un pilar fundamental del SAT, proporcionando predicciones precisas basadas en patrones históricos y datos en tiempo real.
El potencial de herramientas predictivas para mejorar la respuesta ante amenazas emergentes ya ha sido estudiado, se destaca su impacto a través del uso de información abierta como foros, redes sociales, el uso de Google Trends como herramientas complementarias para los sistemas de alerta temprana, facilitando la detección de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) (Batistic et al., 2021). También existen estudios que proponen el uso de redes neuronales basadas en transformaciones wavelet (EWNet) para mejorar la predicción de tendencias a largo plazo en contextos sanitarios. (Panja et al., 2023) La integración de estos enfoques en el SAT permitirá fortalecer la precisión y anticipación de riesgos.
Acciones principales:
Resultado esperado: Detección temprana y precisa de riesgos emergentes.
Para complementar la recolección de datos oficiales, se fomentará la participación ciudadana anónima mediante el mapeo colaborativo de información relacionada con actividades de drogas.
Adaptación de OpenLitterMap:
Implementación técnica y funcionalidades:
Recompensas e incentivos:
OpenLitterMap ha demostrado que los incentivos simbólicos pueden aumentar la participación en la recolección de datos ambientales (Lynch, 2018). Aplicando este modelo al SAT, se explorará la posibilidad de integrar mecanismos de gamificación y recompensas no monetarias para fomentar la colaboración continua sin riesgos de exposición de identidad. No obstante, para garantizar un enfoque ético, se evitará cualquier tipo de incentivo que pueda generar dinámicas similares a las apuestas o promover comportamientos compulsivos. La estructura de gamificación se diseñará bajo principios de responsabilidad social y transparencia, priorizando la educación, el reconocimiento simbólico y el acceso a recursos formativos.
Integración en el SAT:
Resultado esperado: Un sistema colaborativo y seguro donde los ciudadanos puedan contribuir a la detección de amenazas emergentes sin riesgos para su privacidad.
La mejora continua del SAT será garantizada mediante revisiones periódicas y retroalimentación de actores locales.
Acciones principales:
Resultado esperado: Un sistema adaptativo capaz de ajustarse a nuevos patrones y desafíos emergentes. La integración del SAT en los sistemas de monitoreo global permitirá fortalecer su impacto en la toma de decisiones y la elaboración de políticas de drogas humanitarias basadas en hechos a nivel internacional. Siguiendo los principios del Rome Consensus 2.0 (RC2, 2020), el SAT contribuirá a la reducción de daños y la protección de la salud, seguridad y dignidad humana al proporcionar monitoreo en tiempo real de indicadores clave, facilitando la distribución de naloxona y la prevención de sobredosis. Además, al recopilar datos sobre patrones de consumo y vulnerabilidad, apoyará estrategias para desviación previa al arresto y alternativas al encarcelamiento.
El SAT se proyecta como una herramienta fundamental para transformar el monitoreo de políticas de drogas, permitiendo respuestas proactivas y la toma de decisiones basada en evidencia.
La implementación del Drug Policy Benchmark y del Sistema de Alerta Temprana (SAT) busca generar un impacto significativo en la formulación de políticas de drogas con enfoque humanitario, inclusivas y basadas en evidencia. Uno de los objetivos principales del proyecto es eliminar barreras al acceso a servicios de salud, mejorar la seguridad pública y fortalecer los sistemas de salud, justicia y seguridad pública mediante el uso de información y datos abiertos. Este apartado describe los resultados esperados, los indicadores de éxito y la manera en que se evaluará el impacto en diferentes dimensiones.
Los indicadores de éxito se centran en medir el progreso y la efectividad tanto del benchmark como del SAT en tiempo real. Estos indicadores permitirán ajustar las estrategias de implementación según los resultados obtenidos.
Indicadores Cuantitativos:
Indicadores Cualitativos:
La evaluación del impacto social se centrará en medir los beneficios tangibles generados por la implementación del benchmark y del SAT, con especial énfasis en la salud pública, la justicia social y la inclusión de grupos vulnerables.
Dimensiones Clave de Evaluación:
El proceso de expansión global del benchmark y del SAT se basará en la replicabilidad de las buenas prácticas identificadas durante las fases piloto. Estas buenas prácticas permitirán ajustar la implementación del proyecto a diferentes realidades nacionales.
Aspectos Clave de Replicabilidad:
Conclusión del Punto 5: Los resultados esperados y la medición del impacto permitirán que el benchmark y el SAT se mantengan como herramientas vivas y adaptables, capaces de generar transformaciones sostenibles en las políticas de drogas. La retroalimentación continua y la expansión global basada en buenas prácticas podrán asegurar la sostenibilidad a largo plazo.
Luego de dos años de investigación, el equipo considera que los hallazgos evidencian una transformación progresiva en las políticas de drogas. Aunque el enfoque en derechos humanos, salud pública y justicia penal está presente en la narrativa y en los textos legales o técnicos, su aplicación aún enfrenta grandes desafíos.
El análisis comparativo de los perfiles nacionales muestra una convergencia en el discurso hacia políticas que priorizan la dignidad humana y la reducción de daños. Sin embargo, persisten discrepancias entre los marcos normativos y su aplicación real. Por ejemplo, algunos países reconocen la necesidad de reducir la desproporcionalidad penal en delitos relacionados con el consumo de drogas, pero en la práctica continúan aplicando sanciones excesivas. Lo que proponemos con el Drug Policy Benchmark y el SAT son herramientas clave en un entorno unificado para transformar el monitoreo y análisis de las políticas de drogas hacia enfoques humanitarios y basados en evidencia.
El giro hacia un paradigma de derechos humanos marca un avance en la concepción de las estrategias y abordaje de las aristas que toca el problema de las drogas. Alejándose de una lógica meramente punitiva, para situarse en el terreno de la protección y la reducción de daños sociales, económicos y ambientales. Este cambio no solo responde a compromisos internacionales y al impulso de la sociedad civil, sino también al reconocimiento del impacto positivo que tienen las políticas basadas en evidencia en la vida de las personas. La transición de un modelo represivo a uno más equitativo y restaurativo refleja una evolución en la justicia penal, promoviendo alternativas al encarcelamiento y priorizando la rehabilitación sobre la criminalización.
La cooperación internacional se ha consolidado como un pilar estratégico en la formulación de políticas de drogas, facilitando la articulación en foros multilaterales y la adopción de enfoques coordinados ante un desafío transnacional. La eficacia de estas estrategias depende, en gran medida, de la capacidad de los Estados para integrar enfoques regionales y compartir mejores prácticas. Consideramos que esta capacidad se vería fortalecida mediante la cooperación entre los estados, la sociedad civil, la academia y el sector privado.
El uso de datos y monitoreo continuo, como herramientas para la toma de decisiones, refuerza el papel de la ciencia y la evaluación empírica en la formulación de políticas públicas. La implementación de metodologías de evaluación en tiempo real no solo permite corregir desviaciones y ajustar estrategias, sino también generar conocimiento aplicable a distintos contextos. Esta orientación hacia la evidencia implica una ruptura con enfoques tradicionales basados en criterios ideológicos, promoviendo en su lugar un modelo más pragmático, constructivo y humanista.
Asimismo, la participación de la sociedad civil se ha consolidado como un elemento determinante en la construcción de respuestas integrales, donde las experiencias y saberes comunitarios se convierten en insumos esenciales para la formulación de políticas más inclusivas y contextualizadas. El reconocimiento del mapeo ciudadano y la implicación de las comunidades locales en la identificación de riesgos y oportunidades refuerzan un estilo de gobernanza más democrático y sensible a las realidades territoriales.
Finalmente, la adaptabilidad a los contextos nacionales subraya la importancia de reconocer la especificidad de cada realidad sociocultural y normativa. Aunque los perfiles estudiados presentan directrices generales, la posibilidad de ajustarlas a las particularidades de cada país garantiza una implementación más efectiva y legítima. La flexibilidad en la aplicación de las recomendaciones es fundamental para que estas políticas no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente sostenibles en el tiempo.
El desarrollo del Drug Policy Benchmark y del SAT no surge de manera aislada, sino como resultado de un proceso de exploración y análisis que comenzó con una fase inicial de bibliometría y mapeo de los primeros 13 países de diversas regiones. Esta primera etapa permitió identificar patrones, vacíos de información y áreas donde la toma de decisiones en políticas de drogas sigue estando fragmentada, careciendo de herramientas basadas en evidencia y datos abiertos.
A partir de estos hallazgos, se concluyó que era necesario ampliar el enfoque y ajustar los objetivos del proyecto para desarrollar una herramienta que integre múltiples dimensiones:
De cara a las siguientes fases del desarrollo del Drug Policy Benchmark y el SAT, se plantean las siguientes preguntas estratégicas:
Estas preguntas estratégicas guiarán la evolución del proyecto y reforzarán al Drug Policy Benchmark y al SAT como herramientas esenciales en una plataforma unificada para la formulación de políticas de drogas más inclusivas, basadas en evidencia y alineadas con principios humanitarios.
Official Name: Argentine Republic
UN Region: South America
Argentina, a member state of the United Nations located in South America, grapples with multifaceted challenges related to drug issues, impacting both public health and national security. As the eighth-largest country in the world, Argentina has enacted various legislative and policy measures to address substance trafficking and abuse, with a particular focus on controlling the flow of narcotics and preventing drug-related crimes. Key legal instruments include the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Law No. 23.737), which establishes the regulatory framework for combating drug trafficking and misuse.
Despite these legislative efforts, Argentina's strategic position as a transit country for drugs destined for international markets, particularly Europe and North America, poses significant challenges. This geographical factor, combined with internal issues such as domestic drug consumption and production, results in complex social, health, and security implications. While the country's drug policies have traditionally been enforcement-centric, there is an evolving recognition of the importance of public health approaches, harm reduction strategies, and treatment options for substance abuse. This shift indicates a growing need to balance punitive measures with more comprehensive, health-focused drug policy initiatives.
The Argentine approach to drug policy, in the context of the Rome Consensus 2.0, highlights a dynamic interplay between traditional methods and emerging progressive reforms. Argentina's drug laws have historically been aligned with a punitive model, emphasizing strict control and law enforcement in dealing with drug-related issues. This approach reflects in various statutes and regulations that impose severe penalties for drug trafficking and related activities.
However, recent trends in Argentina indicate a shift towards a more health-centric perspective, resonating with the Rome Consensus 2.0 principles. The country has shown increasing openness to adopting policies prioritizing public health and human rights overcriminalization. This includes considering harm reduction strategies and acknowledging the need for a more empathetic approach towards individuals suffering from drug addiction.
Argentina's engagement with the Rome Consensus 2.0 has been evident through its participation in international forums and dialogues advocating a humanitarian approach to drug policy. The government's willingness to explore and implement policies that align with harm reduction, treatment, and rehabilitation principles signals a positive shift towards the Rome Consensus 2.0 framework.
Despite this progress, Argentina's drug policies still exhibit a considerable reliance on punitive measures, particularly in the legal and judicial systems. The challenge lies in fully integrating the Rome Consensus 2.0's objectives into national policy, moving beyond a predominantly punitive approach to one that is more balanced, health-focused, and rights-based.
While Argentina's drug policies show signs of evolving towards the ideals of the Rome Consensus 2.0, there remains a significant journey ahead. The progression towards more humane and health-oriented drug laws is ongoing, reflecting the complexities of policy reform in a landscape historically dominated by strict legal measures.
Argentina, positioned 51st out of 166 countries in the Sustainable Development Goals (SDG) Index with a score of 73.7, presents distinctive challenges and opportunities in achieving the SDGs, as reflected in the Sustainable Development Report 2023. Key aspects of Argentina's performance in relation to specific SDGs, particularly those impacted by its drug policies, are outlined below:
SDG 3 (Good Health and Well-being): Argentina's approach to drug policies is crucial in influencing this goal. Shifting towards a more health-centric approach, emphasizing treatment and prevention of drug abuse, could significantly enhance public health and well-being.
SDG 10 (Reduced Inequalities): Current drug policies in Argentina may contribute to social inequalities. Reforming these policies to focus more on harm reduction and equitable treatment of drug-related issues could aid in reducing disparities and promoting social justice.
SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions): The effectiveness of legal and institutional responses to drug-related offenses in Argentina is pivotal for this goal. Adopting more just and balanced legal frameworks could strengthen institutions and uphold justice and peace.
SDG 17 (Partnerships for the Goals): Argentina could further its progress by enhancing international collaborations in drug policy management. This includes sharing best practices, knowledge exchange, and resource mobilization with global partners, thereby contributing more effectively to the international efforts against drug issues.
The assessment underscores Argentina's need for strategic adjustments in drug policy to align more effectively with global sustainable development standards, particularly in addressing challenges in health, inequality, justice, and international cooperation.
In Argentina, the legal framework for Alternatives to Incarceration (ATI) in drug-related offenses is established under Law 23.737 of 1989 and the Argentine Criminal Code of 1984. A landmark development occurred with the Arriola decision in 2009, where the Supreme Court ruled that criminalizing the possession of drugs for personal use, which does not pose a danger or harm to others, is unconstitutional. Law 24.660 of 2008 stipulates specific ATIs for pregnant women and mothers with young children. Additionally, the Drug Demand Reduction Plan 2016-2020 underscores the incorporation of drug treatment courts as part of the national strategy. However, the expansion of ATIs for individuals with Substance Use Disorders (SUDs) faces challenges, including public resistance and limited research. Training programs for judges and health personnel have been implemented. Operational ATI types in Argentina include drug courts, non-custodial community programs, electronic monitoring as an alternative to incarceration, and pre-trial diversion.
Regarding Deflection strategies in Argentina, several approaches are implemented before arrest and in the early stages of the judicial process. These include administrative referrals to treatment before arrest, pre-trial diversion, sentence suspension, sentence postponement, deferred sentencing, probation/supervision, and early release/parole. Nonetheless, significant challenges arise, primarily due to the misalignment between the penal code, Supreme Court declarations, and the processing of cases by lower court judges. This misalignment allows judges the discretion to determine what constitutes "personal use," impacting access to drug treatment programs and ATIs for individuals with SUDs.
Argentina's legal framework addressing drug offenses and related activities is comprehensive and intricate, encapsulating a series of laws and regulations designed to tackle drug-related challenges. This framework reflects Argentina's approach in confronting issues associated with drug production, trafficking, and consumption, mirroring its societal impacts.
Punitiveness and Scope: The Argentine legal system adopts a punitive stance towards drug-related offenses. This is exemplified by the "Ley 23.737 Regimen penal de Estupefacientes," which stipulates prison sentences and fines for a range of drug-related activities, from unauthorized cultivation to possession and trafficking. Penalties vary based on the severity of the offense, indicating a focus on deterrence through legal consequences.
Organized Crime and Financing: The framework specifically targets organized crime, with stringent penalties for those who organize or finance drug trafficking activities. This highlights Argentina's recognition of the complex and networked nature of the drug trade, necessitating robust legal responses.
Comprehensive Scope: Beyond punitive measures, the legal framework encompasses a broad spectrum of aspects related to drug control, including public order and potentially preventive and rehabilitative approaches.
Adaptability and Evolution: The Argentine legal framework on drug-related issues has evolved over time, adapting to the changing dynamics of drug trade and societal impact. This is evident in the various modifications and additions made to the original laws, indicating an ongoing effort to address the complexities of drug-related challenges effectively.
Specific Laws and Provisions:
The cornerstone "Ley 23.737" sets forth stringent measures against unauthorized drug activities, emphasizing the state's commitment to tackling the narcotics issue. This law prescribes penalties for individuals involved in various aspects of the drug trade, from cultivation to distribution.
Additional provisions within this law and other regulations enhance the legal arsenal against drug trafficking, indicating an evolution in policy and acknowledging the complexity of drug-related crime as part of organized networks.
Alignment with International Standards: While the Argentine legal framework demonstrates a robust commitment to combating drug-related issues, its alignment with international human rights standards and public health approaches, such as those advocated by the Rome Consensus 2.0, warrants further detailed analysis. The emphasis on punitive measures could potentially highlight areas for policy reform towards more balanced, health-focused strategies.
Variable | Value | Justification |
Focus on Harm Reduction | 2.0 | Argentina shows increasing openness to adopting harm reduction strategies, though there is still considerable reliance on punitive measures. |
Decriminalization | 2.5 | There are signs of a shift toward health-centric perspectives, suggesting a movement towards decriminalization, though it is not yet complete. |
Proportionality of Penalty | 1.5 | Argentina's drug policies continues to be predominantly punitive, though efforts are being made to adopt fairer and more balanced approaches. |
Alternatives to Incarceration | 2 | Alternatives to incarceration exist, but their implementation and effectiveness vary. |
Access to Adequate Treatments | 2.5 | Argentina is adopting a more health-centric approach, improving access to appropriate drug addiction treatments. |
Prevention of Substance Abuse | 2.5 | Efforts are ongoing to enhance prevention programs, though there is room for improvement. |
Community Involvement | 2 | Community involvement in drug policy formulation is increasing but is not yet a central component of current legislation. |
Alignment with Rome Consensus 2.0 | 2 | Argentina shows a progression toward the ideals of the Rome Consensus 2.0, especially in international forum participation, but still needs to fully integrate these objectives into its national policy. |
Alignment with SDGs 3, 10, 16, 17 | 2.5 | While Argentina faces challenges in achieving these SDGs, its evolution toward more health and human rights-focused drug policies indicates progress towards alignment with these global goals. |
By implementing these recommendations, Argentina can make significant strides in aligning its drug policies with the Rome Consensus 2.0 and the Sustainable Development Goals, thereby promoting a more humane, health-focused, and rights-based approach to drug.
Official Name: Federative Republic of Brazil
UN Region: South America
The Federative Republic of Brazil, a UN member country in South America, has faced significant challenges related to drug use and policies over the past decade. Both legal and illegal drug consumption, including alcohol, tobacco, marijuana, cocaine, and other psychoactive substances, has risen markedly. This surge has been accompanied by violence tied to drug trafficking and organized crime, particularly in areas with gang disputes over trafficking routes.
To combat these issues, the Brazilian government has implemented various policies and programs, such as drug use prevention, addiction treatment, and police operations against trafficking and crime. However, extreme polarization in the political debate on drugs impedes progress. A faction supports the “war on drugs” approach, strengthened during the Bolsonaro administration, while radical groups pushing for full legalization and decriminalization often alienate moderates, hindering constructive dialogue.
Legalization is not on the legislative agenda, with only decriminalization being considered but making little headway. Addressing less controversial matters like decriminalization for personal use, medicinal use of substances, and harm reduction strategies is essential yet controversial.
The focus on prevention programs has largely been theoretical. However, the updated Military Police school prevention program, PROERD (the Brazilian version of DARE), shows promise by shifting from a "war on drugs" model to social and community inclusion.
Some cities and states are exploring marijuana regulation for recreational and medicinal use despite the lack of a national legalization policy. Brazil's drug issues demand a multifaceted approach. Effective solutions require bridging political divides and focusing on evidence-based strategies, including potential decriminalization and harm reduction. Only then can Brazil effectively tackle its complex drug challenges.
Brazil's approach to drug policy faces significant challenges in aligning with the principles of the Rome Consensus 2.0. While the country has implemented harm reduction measures and alternatives to incarceration, these efforts are often inconsistent and underfunded. The “war on drugs” mentality dominates, delaying progress on decriminalization and disproportionately impacting marginalized communities. Despite legal provisions for distinguishing between users and traffickers, biased law enforcement practices hinder equitable application. Community involvement in policy development has been disrupted, and prevention programs lack sufficient funding and implementation.
To align more closely with the Rome Consensus 2.0, Brazil needs to invest in evidence-based treatment and rehabilitation programs, address the social determinants of drug use, and promote community engagement in policy-making. Emphasizing scientific evidence over punitive measures, enhancing international cooperation, and establishing robust legal frameworks for monitoring treatment services are essential steps. By focusing on these areas, Brazil can create a more humane and effective drug policy prioritizing health, well-being, and social inclusion.
Brazil, ranking 50th out of 166 on the SDG Index with a score of 73.7, illustrates a mixed landscape of progress and challenges in pursuing Sustainable Development Goals (SDG) (Sustainable Development Report, 2023). The nation's commitment to the SDGs is reflected in policy efforts and alignment with international frameworks, yet the data points to areas needing concerted action.
In Brazil, legislation permits Alternative to Incarceration (ATI) for individuals with Substance Use Disorders (SUDs), and these regulations are enforced. The Drug Law 11.343/2006 brought significant alterations to the nation's drug policies by decriminalizing drug use and eliminating imprisonment for users, even in cases of repeated offenses. Article 28 of this law offers alternative measures for punishment. This legislation expanded the legal distinction between drug consumers and traffickers, with the latter group subject to imprisonment. Nevertheless, it lacks precise definitions for categorizing individuals into these groups.
Some ATI strategies implemented in the legal system are: a) electronic surveillance, b) custody hearings, community service, and c) therapeutic facility services. Worth to notice legislation have specific guidelines and promotion of electronic surveillance in the attempt to avoid depriving individuals of their liberty by promoting the use of noncustodial measures.
It is important to note that the application of these measures (ATI) depends on the interpretation of the law regarding who is a user and who is a trafficker. Given that the police force mostly makes the decision, the interpretation tends to be biased and prejudiced, focusing on sociodemographic factors (poor, black, and marginalized people) and disregarding other elements that could modify the outcome of the evaluation. This biased view results in those who ultimately access these measures (ATI) being those who do not belong to these populations.
Law 10.216/2001 establishes three types of internment for psychiatric patients:
Voluntary: With medical approval, the patient enters a treatment center.
Involuntary: A doctor orders the internment of a patient without consent.
Compulsory: A judge orders the internment of the patient, who does not have the option to refuse.
In some cases, compulsory internment has been used as an alternative to imprisonment for drug users who commit minor offenses and are not considered traffickers. This measure seeks to offer treatment and rehabilitation instead of a prison sentence.
There are some flaws in this system, which consist mainly of the following: The decision of compulsory internment rests with the judge, which generates uncertainty and potential for arbitrary decisions. The treatment centers to which these individuals are referred lack adequate resources. These centers do not always have the appropriate infrastructure and methodology for effective treatment. Lastly, there is a lack of regulation and supervision in the legal and health regulations that govern compulsory internment and the regular supervision of treatment centers.
While compulsory internment may be an alternative to imprisonment for drug users who commit minor offenses, its application faces several challenges, such as arbitrariness in decision-making, the lack of adequate resources in treatment centers, and the deficiency in regulation and supervision. It is necessary to address these aspects to ensure effective and respectful treatment of the rights of drug users.
Brazil's legal framework for addressing drug-related offenses, as well as associated crimes including counterfeiting, cybercrime, obstruction of justice, human trafficking, and terrorism, is founded on a collection of national laws and regulations, in addition to international commitments. This framework is distinguished by its holistic and multidimensional approach, aimed at prevention, punishment, and rehabilitation, thus reflecting the country's commitment to public safety and well-being.
Beyond specific drug legislation, Brazil has enacted laws to address related and emerging crimes:
Brazil's legal framework for the prosecution and prevention of drug-related and related crimes is in line with international commitments, in particular, those established by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its relevant protocols, including the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons and Human Tissue.
Brazil's legal framework reflects a comprehensive and proactive approach toward the prevention and sanctioning of drug offenses and other related forms of criminality. By combining punitive measures
with rehabilitation initiatives and international cooperation, Brazil aims not only to combat drug trafficking and drug abuse, but also to address the broader roots and consequences of this global phenomenon. Continuous review and adaptation of this legal framework will be crucial to meet emerging challenges and ensure the effect.
Variable | Value | Justification |
Focus on Harm Reduction | 1.5 | Brazil has made significant strides in implementing harm reduction measures such as needle exchange programs and access to treatment; despite this fact, several programs have never been implemented correctly, discontinued, underfunded, or transformed into more conservative programs. |
Decriminalization | 1 | The cultural and governmental war on drugs mentality is evident in the protracted delay in voting on the Medical Marijuana Legalization Bill (PL 399/2015), which has been pending in the Supreme Federal Court for nearly a decade due to intense political pressure. |
Proportionality of Penalty | 1.5 | Law 11.343/2006 introduced alternative measures for punishment and aimed to differentiate between drug consumers and traffickers. Despite this effort, the differentiation was not implemented as intended. |
Alternatives to Incarceration | 1.5 | The main problem is that despite the existence of a legal differentiation between user and trafficker, this difference is not applied as intended by the police force, causing corruption and a bias over who is available for ATI or not. |
Access to Adequate Treatments | 2 | Brazil has made efforts to improve access to treatment for substance use disorders through various programs and initiatives. |
Prevention of Substance Abuse | 2 | Some legislations and programs aim to prevent substance abuse, but these programs are few and not implemented appropriately. Funds are insufficient for the implementation of the programs and for further research and development of prevention-focused interventions |
Community Involvement | 2.5 | There is some level of community engagement in the development and implementation of drug policies in Brazil. A system of municipal, state, and federal councils has made significant progress. The last government (Bolsonaro) eliminated this system, so reconstruction and reorganization are in process. |
Alignment with Rome Consensus 2.0 | 2 | While Brazil has made significant progress in some areas, there are still areas for improvement to fully align with the principles and recommendations outlined in the Rome Consensus 2.0. |
Alignment with SDGs 3, 10, 16, 17 | 2 | Brazil has made notable improvements to align with SDGs; despite these improvements, There is a significant gap between theory and practice when implementing new policies. |
Este anexo presenta la Matriz de Evaluación de Políticas de Drogas v3.0, un instrumento diseñado para medir el cumplimiento de distintos indicadores en materia de derechos humanos, salud pública, y justicia.
El archivo completo de la matriz está disponible en acceso abierto a través de Zenodo, donde se encuentran los datos estructurados.
Nota aclaratoria:
Los datos correspondientes a países en la matriz son utilizados únicamente como ejemplo ilustrativo y no deben interpretarse como una evaluación oficial o definitiva de sus políticas de drogas. La matriz está diseñada como una herramienta flexible y adaptable, permitiendo la incorporación de datos actualizados y comparables en función de nuevas evidencias y metodologías de análisis.
Breve valuación del proceso de generación y validación de prompts utilizados en el Drug Policy Benchmark. La optimización de estos procesos es fundamental para garantizar la precisión en la recopilación de datos y la alineación con principios de ciencia abierta.
Encuesta para la Profundización del Perfil Comunitario en Argentina
Propósito: Recopilar datos mapeables para analizar el acceso a servicios, percepción de seguridad, impacto comunitario y confianza en instituciones, respetando los principios éticos, humanitarios y adaptándose a la realidad argentina.
Esta encuesta tiene como objetivo recopilar información para mejorar las políticas públicas relacionadas con el consumo de sustancias, salud y seguridad. Sus respuestas son anónimas y confidenciales, y los datos serán utilizados únicamente para fines de investigación y análisis. Puede retirarse en cualquier momento o dejar de responder preguntas específicas si lo desea.
¿Acepta participar en esta encuesta? ☐ Sí ☐ No
AUTORES
* Bp. Martin Ignacio Díaz Velásquez
Theologian, bishop, and social researcher with a distinguished international career in human rights, drug policy, and emerging technologies, spanning America and Europe.
A thought leader at the intersection of academia, civil society, and intergovernmental organizations, actively collaborating with universities, digital media, NGOs, multilateral agencies, churches, and supra-ecclesiastical and interreligious organizations. A prolific author of books, articles, reports, and research, as well as a coordinator of high-impact global initiatives.
He has represented and advised multiple organizations at the international level, with extensive expertise in the United Nations system, particularly within UNODC, WIPO, and WHO. Currently based in Germany, he serves as the CEO of the Knowmad Institut – European Institute for Multidisciplinary Studies on Human Rights and Science. He is also an ambassador for One Young World and a member of the Secretariat of the Rome Consensus 2.0, driving a humanitarian drug policy with global impact.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5162-4786
Requests to authors – Martin Ignacio Díaz Velasquez, mdiaz@knowmadinstitut.org.
Prof. Dr. Andres M. Pérez-Acosta, Director of the Observatory of Self-medication Behavior, Psychology Department, School of Medicine and Health Sciences, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia. Editorial Director of the Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1133-8926
MA. Carlos Esteban Convers-Baena, Psychologist graduated from Universidad Del Rosario, Bogotá, Colombia. Master in Clinical Psychology from Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. Psychotherapist, Assistant researcher of the Observatory of Self-medication Behavior. Editorial assistant of Pserinfo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-5468-4717
BA. David Bruna, Bachelor in Philosophy and Liberal Arts, and Diploma in Citizen Security, graduated from Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Diploma in Political Communication, Universidad de Montevideo, Uruguay. Student of MSc in Politics, Economics & Philosophy, Universität Hamburg, Germany. Member of Expert Committee in Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-8496-1930
MA. Jorge Manuel Molina Aguilar, Psychologist and researcher at the Pain Unit, Palliative Care, and Psychooncology of the National League Against Cancer in El Salvador. Co-Director of the Self-Medication Behavior Observatory of the Universidad Del Rosario (Bogotá, Colombia) and Member of the Ethics Committee of the Knowmad Institut.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7288-9740
MA. Mauro Patti, Master Degree in Political Sciences and Parliamentary Studies, Policy and International Relation Officer of Villa MarainiFoundation, member of the Rome Consensus 2.0 Secretariat.
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0214-4418
José Scioli, Executive Director of the Humanitarian Observatory - Reference Center of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Argentine Red Cross.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3447-7635
Abril García Mur, Information Management Coordinator at the Humanitarian Observatory - Reference Center of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Argentine Red Cross.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4802-4979
Alina Sotes, Strategic Information Analyst at the Humanitarian Observatory - Reference Center of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Argentine Red Cross.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8186-9962
Reviewers
MBA. Bob Trojan, Master on Finance, Engineering of the Washington University in St. Louis. Senior Policy Advisor C4 Recovery Foundation.
HonMFPH. Jason Kew, Professional Drug Diversion Consultant. C4 Recovery Foundations and Knowmad Institut advisor.
WAIVER
ACKNOWLEDGEMENT
Thanks to all those who have contributed to the production of this report.
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TITULAR: Knowmad Institut gUG | BANCO: Sparkasse Barnim
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[1] Al momento de la edición de este Reporte todos los perfiles del RC2 Index están en idioma inglés. Para la futura versión en español del RC2 Index todos los perfiles de países estarán en español.
