Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights & Science (JMSHRS)
Volume 7, Issue 10, April 2025 | SDGs: 1 | 5 | 10 | 16 |
#RethinkProcess ORIGINAL SOURCE ON: https://knowmadinstitut.org/journal/
DOI: 10.5281/zenodo.15424312
Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights & Science (JMSHRS)
Volume 7, Issue 10, April 2025 | SDGs: 1 | 5 | 10 | 16 |
#RethinkProcess ORIGINAL SOURCE ON: https://knowmadinstitut.org/journal/
DOI: 10.5281/zenodo.15424312
Volume 7, Issue 10, April 2025 | SDGs: 1 | 5 | 10 | 16 |
Submited: 2024-10-10 | Accepted: 2025-04-05 | Issued: 2025-04-15
Integración de la Deflexión en los Programas sobre Estado de Derecho y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas
Nixon M. Camilien*
ES | Abstract:
Este documento sostiene que las prácticas de desviación son estrategias relevantes para mejorar el Estado de Derecho y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las operaciones de paz de las Naciones Unidas (ONU). La desviación, que consiste en redirigir a las personas del sistema de justicia penal a servicios de apoyo, aborda las causas profundas del comportamiento delictivo, alivia la carga de los sistemas judicial y penitenciario y fomenta la confianza de la comunidad. Este enfoque holístico se ajusta a los objetivos de paz y desarrollo sostenibles de la ONU. El documento también analiza los retos que plantea la aplicación de programas de desviación en países con recursos comunitarios a veces limitados y conflictos en curso.
Palabras clave: Deflexión, Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Estado de Derecho, Desarrollo Sostenible, Política de Drogas, ODS 1, ODS 4, ODS 5, ODS 10, ODS 16, ODS.
EN | Abstract:
This paper contends that deflection practices are relevant strategies to enhance Rule of Law and advance Sustainable Development Goals (SDGs) in United Nations (UN) peace operations. Deflection, which involves redirecting individuals from the criminal justice system to supportive services, addresses the root causes of criminal behavior, alleviates the burden on judicial and prison systems, and fosters community trust. This holistic approach aligns with the UN's goals of sustainable peace and development. The paper also discusses the challenges of implementing deflection programs in countries with sometimes limited community resources and ongoing conflicts.
Key Words: Deflection, United Nations Peace Operations, Rule of Law, Sustainable Development, Drug Policy, SDG 1, SDG 4, SDG 5, SDG 10, SDG 16, SDG.
Las operaciones de paz de las Naciones Unidas han desempeñado un papel decisivo en la promoción del Estado de derecho y la aplicación de reformas en el sector de la seguridad, que son esenciales para fomentar la estabilidad en las regiones que salen de un conflicto. Desde su fundación en 1945, la ONU ha autorizado más de 70 operaciones de paz en todo el mundo (Naciones Unidas, 2023a). Estas misiones se centran en la creación de marcos jurídicos sólidos e instituciones de seguridad eficaces para restablecer la estabilidad, proteger a los civiles, defender la justicia y promover los derechos humanos. Mediante una combinación de asistencia técnica, desarrollo de capacidades y orientación política, las Naciones Unidas colaboran estrechamente con las autoridades del país anfitrión para fortalecer los sistemas judiciales, mejorar las capacidades de aplicación de la ley y combatir la impunidad. Este enfoque integral no solo apoya el mantenimiento de la paz y la seguridad, sino que también sienta las bases para el desarrollo sostenible y la prosperidad a largo plazo en las zonas afectadas (Naciones Unidas, 2008).
La deflexión y la derivación son prácticas innovadoras diseñadas para redirigir a las personas fuera del sistema tradicional de justicia penal y hacia servicios de apoyo. La deflexión se produce cuando los agentes de las fuerzas del orden orientan a las personas —a menudo aquellas involucradas en delitos menores o que presentan problemas de salud mental o consumo de sustancias— hacia servicios comunitarios, en lugar de proceder a su detención. La derivación previa al arresto implica intervenir antes de que se presenten cargos formales, ofreciendo acceso a programas de tratamiento, servicios sociales o iniciativas de justicia restaurativa. Estos enfoques contribuyen a reducir la carga del sistema de justicia penal, disminuir la reincidencia y abordar las causas subyacentes que conducen al comportamiento delictivo, fomentando en última instancia una estrategia de seguridad pública más humana y eficaz (Charlier & Reichert, 2021; Price-Allan et al., 2023).
Este artículo sostiene que la deflexión es altamente relevante para promover el estado de derecho y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. La integración de estas estrategias en las operaciones de paz de la ONU puede mejorar la eficacia de las iniciativas sobre estado de derecho, reducir la reincidencia, disminuir la sobrecarga de los tribunales y el hacinamiento carcelario, y contribuir a la estabilidad general y a la reconstrucción de los sistemas de justicia en las zonas afectadas por conflictos. Al redirigir a las personas —particularmente aquellas involucradas en delitos menores o afectadas por problemas de consumo de sustancias y salud mental— hacia servicios de apoyo en lugar de aplicar medidas punitivas tradicionales, la deflexión ayuda a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo (Charlier & Reichert, 2021). Este enfoque alivia la carga de los sistemas judiciales y de seguridad pública, a menudo sobreextendidos, y fomenta la confianza y la cooperación comunitaria (Berman & Feinblatt, 2005). Las estrategias de deflexión promueven la justicia restaurativa y las soluciones comunitarias, elementos esenciales para la paz y estabilidad a largo plazo (UNODC, 2020b). Al priorizar la rehabilitación sobre el castigo, la deflexión se alinea con los objetivos más amplios de la ONU para los ODS, promoviendo una sociedad más humana y justa (Penal Reform International, 2018; UNDP, 2020). En consecuencia, las Naciones Unidas deberían aprovechar sus mandatos en materia de estado de derecho y ODS para asistir a las sociedades postconflicto en la planificación, diseño, implementación y evaluación de programas de deflexión.
El término deflexión es relativamente nuevo en el ámbito de la justicia penal, y surgió como respuesta al creciente reconocimiento de que los métodos tradicionales a menudo no logran abordar las necesidades de salud subyacentes de las personas. La deflexión abarca un amplio espectro de prácticas que implican la colaboración entre la comunidad, los servicios de emergencia, el sistema de justicia penal y los proveedores de tratamiento. Incluye elementos de derivación (diversion), mediante los cuales las personas son redirigidas fuera del sistema de justicia penal, y de remisión (referral), donde se las orienta hacia servicios de salud y sociales adecuados. Aunque con frecuencia se utiliza de manera intercambiable con los términos derivación o remisión, la deflexión representa un enfoque dual que busca mejorar tanto la salud pública como la seguridad pública, en particular para las personas que enfrentan problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias (Charlier & Reichert, 2021; Price-Allan et al., 2023).
Inicialmente, los programas de derivación estuvieron dirigidos principalmente a menores de edad, priorizando la rehabilitación sobre el castigo. A comienzos del siglo XX, el sistema de justicia juvenil en Estados Unidos comenzó a experimentar con alternativas al encarcelamiento, como la libertad condicional y el servicio comunitario, en el marco de un movimiento más amplio para reformar dicho sistema. Los reformadores progresistas sostenían que los menores eran fundamentalmente diferentes de los adultos y, por lo tanto, requerían un tratamiento diferenciado bajo la ley. Argumentaban que la rehabilitación, y no el castigo, debía ser el objetivo principal del sistema de justicia juvenil (Bernard & Kurlychek, 2010).
La libertad condicional se convirtió en una de las primeras alternativas importantes al encarcelamiento. Los menores en libertad condicional podían permanecer en sus comunidades bajo la supervisión de un oficial de libertad condicional. Este enfoque buscaba proporcionar orientación y apoyo para ayudar a los menores a evitar conductas delictivas futuras. Los estudios han demostrado que la libertad condicional, cuando se implementa de manera eficaz, puede reducir la reincidencia y favorecer la reintegración social de los infractores juveniles (Schwalbe et al., 2012).
El servicio comunitario surgió como otra alternativa al encarcelamiento. Esta medida exigía a los menores realizar trabajos no remunerados en sus comunidades como forma de reparación por sus infracciones. Los programas de servicio comunitario fueron diseñados para inculcar un sentido de responsabilidad y empatía en los menores, evitando al mismo tiempo las consecuencias negativas del encarcelamiento (Bazemore & Maloney, 1994; Bazemore & Umbreit, 1995).
Un aspecto clave de los programas de derivación es su enfoque en abordar los problemas de conducta subyacentes que contribuyen a la delincuencia juvenil. Estos programas suelen incluir asesoramiento, apoyo educativo e intervenciones familiares. Ayudan a los menores a desarrollar las habilidades y la resiliencia necesarias para llevar una vida productiva, contribuyendo en última instancia a comunidades más seguras y cohesionadas (Petrosino et al., 2010). Al abordar las causas raíz de la conducta delictiva, los programas de derivación buscan prevenir futuras infracciones y promover resultados positivos a largo plazo para los menores (Lipsey, 2009).
Estudios recientes continúan respaldando la eficacia de las intervenciones comunitarias para enfrentar la delincuencia juvenil. Por ejemplo, una revisión exhaustiva realizada por la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention en su Informe Nacional 2022 destaca el impacto significativo de los programas comunitarios para reducir la reincidencia y mejorar los resultados en salud mental de los menores (Puzzanchera, Hockenberry, & Sickmund, 2022). El informe resalta programas de derivación exitosos en diversos estados, mostrando enfoques innovadores que han logrado resultados positivos en la reducción de la reincidencia y en el apoyo al desarrollo de los jóvenes. Estos hallazgos subrayan la continua evolución y éxito de los programas de derivación juvenil en la respuesta a las complejidades de la delincuencia juvenil, al tiempo que fomentan la rehabilitación y la integración comunitaria.
En las décadas de 1960 y 1970, el movimiento de desinstitucionalización en la atención de la salud mental puso de relieve la necesidad de enfoques alternativos para atender a las personas con problemas de salud mental, ya que el cierre de instituciones psiquiátricas provocó un aumento de los encuentros entre estas personas y el sistema de justicia penal (Grob, 1995). Esta preocupación se vio reforzada por estudios que demostraron tasas estadísticamente más altas de trastornos mentales graves en la población reclusa en comparación con la población general (Fazel & Danesh, 2002). En respuesta, se crearon iniciativas como los Crisis Intervention Teams (CIT) y los tribunales de salud mental, cuyo objetivo es proporcionar tratamiento en lugar de encarcelamiento a las personas con trastornos de salud mental. Los programas CIT, que capacitan a los agentes de policía para reconocer y responder adecuadamente a las crisis de salud mental, han demostrado reducir el uso de la fuerza y aumentar la probabilidad de que las personas reciban la atención adecuada (Compton et al., 2008). De manera similar, los tribunales de salud mental se centran en ofrecer una gestión integral de casos y acceso a servicios de salud mental, lo que ha demostrado reducir la reincidencia y mejorar los resultados de salud mental de los participantes (Lowder et al., 2018; Otto, 2020; Steadman et al., 2001).
La guerra contra las drogas en las décadas de 1980 y 1990 provocó un aumento en las tasas de encarcelamiento, lo que impulsó una mayor exploración de alternativas a las respuestas tradicionales de justicia penal (Drug Policy Alliance, 2015). Los tribunales de drogas surgieron como un ejemplo destacado, al centrarse en el tratamiento y la rehabilitación de las personas con trastornos por consumo de sustancias en lugar de recurrir a medidas punitivas (National Institute of Justice, 2011). Estos tribunales especializados ofrecen a las personas infractoras la oportunidad de recibir supervisión intensiva y terapia para abordar las causas subyacentes de su adicción. Los participantes en programas de tribunales de drogas suelen someterse a pruebas periódicas de detección de drogas, asistir a sesiones de asesoramiento y presentarse regularmente ante el tribunal para monitorear su progreso.
Los estudios han demostrado que los tribunales de drogas pueden reducir significativamente las tasas de reincidencia y mejorar los resultados para las personas participantes. Por ejemplo, una revisión exhaustiva realizada por el National Institute of Justice (NIJ) encontró que las personas que participaron en tribunales de drogas tenían menos probabilidades de ser arrestadas nuevamente y más probabilidades de encontrar empleo en comparación con aquellas que pasaron por los procesos judiciales tradicionales (National Institute of Justice, 2006, 2011). La Multisite Adult Drug Court Evaluation (MADCE) del NIJ concluyó que los tribunales de drogas son más rentables que los procesos judiciales tradicionales, con beneficios netos que oscilan entre 5,680 y 6,208 dólares estadounidenses por participante (National Institute of Justice, 2011). El éxito de los tribunales de drogas ha llevado a su adopción generalizada en todo Estados Unidos, con más de 4,000 tribunales de drogas en funcionamiento en 2024 (National Treatment Court Resource Center, 2024).
Los principios que sustentan los tribunales de drogas han influido en el desarrollo de otros tribunales especializados o de resolución de problemas, como los tribunales para veteranos o los tribunales de violencia doméstica, que también buscan abordar las causas subyacentes que contribuyen al comportamiento delictivo (ICJIA, 2023; Berman & Feinblatt, 2005). Estos tribunales representan un cambio más amplio hacia la jurisprudencia terapéutica y la justicia restaurativa, priorizando la rehabilitación y la reintegración por encima del castigo. Este cambio ha sido respaldado por una creciente evidencia de que abordar los problemas de salud conductual dentro del sistema judicial puede generar mejores resultados a largo plazo tanto para las personas como para las comunidades (Clemente & Padilla, 2020; Marlowe, 2010).
El inicio del siglo XXI ha presenciado una adopción más sistemática y generalizada de la deflexión, reconociendo las limitaciones de las respuestas tradicionales del sistema de justicia penal ante delitos de menor gravedad y problemas de salud conductual. La epidemia de opioides, con su devastador impacto en términos de sobredosis y muertes, ha llevado particularmente a algunas comunidades a priorizar las intervenciones para salvar vidas por encima del encarcelamiento. En su forma actual, la deflexión se implementa a través de seis vías, cada una de las cuales refleja diferentes estrategias diseñadas para redirigir a las personas del sistema de justicia penal hacia servicios de apoyo, abordando las causas subyacentes del comportamiento delictivo (Charlier & Reichert, 2021).
Estas vías contribuyen de manera conjunta a reducir la reincidencia, aliviar la carga del sistema de justicia penal y promover la seguridad pública al abordar problemas subyacentes como los trastornos de salud mental y el consumo de sustancias.
Programas como Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD), iniciado en Seattle en 2011, ejemplifican las estrategias modernas de deflexión. LEAD permite a los agentes de policía redirigir a personas infractoras de bajo nivel, en particular aquellas con trastornos por consumo de sustancias, problemas de salud mental o involucradas en el trabajo sexual, hacia servicios comunitarios en lugar de proceder a su arresto (Clifasefi et al., 2017).
El éxito de LEAD ha sido considerable. Las evaluaciones han demostrado que las personas participantes tienen una probabilidad significativamente menor de reincidir en comparación con aquellas procesadas a través del sistema tradicional de justicia penal. En concreto, un estudio encontró que las personas participantes en LEAD tenían un 60 % menos de probabilidades de ser arrestadas dentro de los seis meses posteriores a su ingreso al programa, en comparación con un grupo de control (Collins et al., 2017). Estos resultados prometedores han inspirado iniciativas similares en todo Estados Unidos, como el Angel Program en Gloucester, Massachusetts, y el programa STEER (Stop, Triage, Engage, Educate, Rehabilitate) en el condado de Montgomery, Maryland.
A nivel mundial, las prácticas de deflexión han sido adoptadas y adaptadas para ajustarse a diversos contextos culturales y jurídicos. Los principios de LEAD han influido en programas en países como Canadá, Reino Unido, Sudáfrica y Australia, donde las agencias de aplicación de la ley integran cada vez más enfoques de salud pública en su labor (Price-Allan et al., 2023). Estos programas reflejan el cambio hacia la reducción de daños y la importancia de vincular a las personas con recursos comunitarios para prevenir futuras interacciones con el sistema de justicia penal (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2021).
Algunos países europeos, como los Países Bajos o Portugal, han implementado políticas de drogas progresistas que priorizan el tratamiento sobre la criminalización. La despenalización de todas las drogas en Portugal en 2001 y su posterior enfoque en la reducción de daños son ejemplos destacados de deflexión a escala nacional (Greenwald, 2009). Los Países Bajos diferencian entre drogas “blandas” y “duras”, adoptando un enfoque más permisivo hacia el cannabis, que se vende en cafeterías autorizadas (coffee shops). Esta política busca separar los mercados de drogas blandas y duras, reduciendo la exposición de los consumidores de cannabis a sustancias más peligrosas. Asimismo, los Países Bajos han implementado completos programas de reducción de daños, como los programas de intercambio de jeringuillas y los espacios supervisados para el consumo de drogas, con el objetivo de reducir los impactos negativos del consumo (Rêgo et al., 2021). Tanto Portugal como los Países Bajos ilustran cómo las políticas de drogas progresistas, centradas en la salud pública y la reducción de daños, pueden mitigar los efectos adversos del consumo de sustancias, ofreciendo una alternativa viable a los enfoques punitivos tradicionales.
En otras partes del mundo, las prácticas de deflexión están ganando terreno como componentes integrales de los esfuerzos más amplios para reformar los sistemas de justicia y abordar las crisis de salud pública.
Por ejemplo, Kenia organizó su primera Cumbre Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias, con el objetivo de enfatizar la importancia de los enfoques basados en evidencia, la participación comunitaria y las reformas de políticas para combatir el creciente problema del consumo de sustancias (International Society of Substance Use Professionals, 2024). Además, varios países africanos, incluidos Burundi, la República Democrática del Congo, Guinea, Malí, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Uganda, han establecido programas de intercambio de jeringuillas y agujas, según la Global Commission on Drug Policy (2023). Estas prácticas se consideran cada vez más como alternativas viables a las medidas punitivas tradicionales, que a menudo agravan las desigualdades sociales y económicas.
Otras iniciativas destacadas de deflexión fueron presentadas durante el Marketplace of Ideas de 2022, organizado por la Global Law Enforcement and Public Health Association, con el apoyo de la UNODC, la Open Society Foundations y la Universidad de Melbourne. Además de los programas LEAD implementados en el Reino Unido, Sudáfrica y Vietnam, estas iniciativas incluyen programas de derivación policial (Police Referral programs) en Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán y Ucrania, así como la unidad de emergencia de Villa Maraini y el proyecto Alternativas a la Prisión en Italia. Estas iniciativas demuestran el creciente reconocimiento de la deflexión como una alternativa vital y que salva vidas frente al procesamiento tradicional en el sistema de justicia penal (Price-Allan et al., 2023).
El informe The Global State of Harm Reduction 2022, elaborado por Harm Reduction International, ofrece una visión integral de las políticas y prácticas de reducción de daños en todo el mundo.
Entre los avances más destacados se encuentra la expansión de los programas de intercambio de jeringuillas y agujas (NSP) en 92 países y de la terapia de agonistas opioides (OAT) en 87 países. Además, las salas de consumo de drogas (también conocidas como espacios supervisados de inyección) están actualmente disponibles en 16 países, lo que refleja un aumento en la accesibilidad y disponibilidad de estos servicios esenciales. El informe también destaca avances significativos en materia de políticas, ya que 105 países han incorporado la reducción de daños en sus estrategias nacionales de salud. El aumento de la financiación en determinadas regiones ha mejorado aún más la eficacia de estos programas. Asimismo, se observa un enfoque creciente en la participación comunitaria, con las comunidades afectadas desempeñando un papel más activo en el diseño e implementación de las iniciativas de reducción de daños. Estos avances subrayan el cambio global hacia enfoques más compasivos y basados en la evidencia en materia de políticas de drogas y salud pública.
A medida que las actitudes sociales favorecen cada vez más un enfoque rehabilitador y restaurativo de la justicia, la deflexión se perfila como un componente central de los esfuerzos de reforma de la justicia penal a nivel mundial. El reconocimiento de la necesidad de soluciones humanas y eficaces para abordar la delincuencia ya ha impulsado importantes avances en esta área. Cada vez con mayor frecuencia, responsables políticos y líderes comunitarios reconocen los beneficios de las estrategias de deflexión para reducir la reincidencia y abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Estos esfuerzos reflejan un movimiento más amplio hacia la creación de un sistema de justicia más equitativo y eficaz.
Desde 2017, la Police, Treatment, and Community Collaborative (PTACC) ha sido una de las principales defensoras de las prácticas de deflexión, ampliando el número de sitios de deflexión en Estados Unidos a aproximadamente 1,600 para el año 2024. A nivel internacional, PTACC trabaja junto a socios en diversos países, incluidos Tanzania, Botsuana, Ucrania, Kenia, Sudáfrica, Ghana, Italia, Uganda y el Reino Unido, para desarrollar sitios de deflexión a nivel global (PTAC Collaborative, 2023). Se espera que la aparición de estrategias de deflexión centradas en la juventud consolide aún más este campo, especialmente debido a su énfasis en atender las necesidades de los menores.
Además de PTACC, diversas organizaciones internacionales están liderando iniciativas de deflexión. El Rome Consensus 2.0, por ejemplo, es una coalición dedicada a minimizar los daños relacionados con las drogas mediante políticas fundamentadas en la salud, los derechos humanos y las prácticas basadas en la evidencia (Rome Consensus, 2024). La declaración de la Global Commission on Drug Policy con motivo del Día Mundial contra las Drogas (26 de junio de 2023) también subraya el fracaso de las políticas represivas de drogas para alcanzar los objetivos de salud pública, destacando la necesidad de un cambio hacia estrategias basadas en la evidencia y centradas en la salud, incluidas la despenalización y la reducción de daños.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) también han contribuido a este cambio. En 2018, ambas organizaciones publicaron el documento titulado Alternativas a la condena o al castigo, que analiza los beneficios de las medidas no privativas de libertad para delitos relacionados con las drogas, como la mejora de los resultados en salud pública, la reintegración social y la reducción de la carga sobre el sistema de justicia penal (UNODC & WHO, 2018).
Sobre la base de este enfoque, la UNODC ha incorporado un marco de deflexión en su agenda global 2021-2025, centrada en prácticas humanitarias. Esta agenda tiene como objetivo mejorar la prevención, el tratamiento, la atención y los servicios de rehabilitación mediante la implementación de prácticas basadas en la evidencia, alineadas con los estándares de la OMS. La iniciativa está dirigida a poblaciones vulnerables, incluyendo niños, jóvenes, mujeres y personas en contacto con el sistema de justicia penal. Las acciones incluyen la capacitación de las fuerzas del orden y de funcionarios judiciales locales en estrategias de deflexión, el apoyo al desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la estabilidad, especialmente en regiones postconflicto (UNODC, 2022).
Asimismo, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) ha incorporado la deflexión en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2024, destacando la importancia de la deflexión al más alto nivel de formulación de políticas. Esta inclusión estratégica refleja el creciente reconocimiento de la deflexión como una herramienta clave para abordar el consumo de sustancias y los comportamientos delictivos asociados a nivel nacional (ONDCP, 2023).
De cara al futuro, se espera que los programas de deflexión continúen evolucionando, con un enfoque en la integración de tecnologías innovadoras y el fomento de alianzas intersectoriales. Esta evolución permitirá aumentar la eficacia de estos programas y garantizar que sigan siendo una parte fundamental de los esfuerzos por crear un sistema de justicia más equitativo y compasivo. La promoción de enfoques basados en datos y la colaboración entre distintos sectores contribuirán a maximizar el impacto de las iniciativas de deflexión y a asegurar su sostenibilidad en diversos contextos (PTAC Collaborative, 2018; Wisconsin Criminal Justice Coordinating Council, 2024).
La restauración del estado de derecho y de las instituciones de seguridad en las sociedades postconflicto constituye un mandato central de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Este esfuerzo multifacético implica la colaboración entre diversas agencias y órganos de la ONU para reconstruir los sistemas de gobernanza, justicia y seguridad. Entre ellos, la Oficina de las Naciones Unidas para el Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad (Office of Rule of Law and Security Institutions, OROLSI) proporciona apoyo estratégico y operativo a las misiones de paz, con un enfoque en la apropiación nacional y en reformas sostenibles. La misión de OROLSI abarca la policía, la justicia, el sistema penitenciario, la reforma del sector de seguridad (SSR) y la desmovilización, desarme y reintegración (DDR) (UN Peacekeeping, 2023). A continuación, se presentan algunas de las principales formas en que la ONU apoya estos esfuerzos:
Establecimiento de la seguridad y la estabilidad
Las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU apoyan el establecimiento de la seguridad y la estabilidad en las zonas postconflicto mediante el despliegue de fuerzas militares y policiales para mantener el orden y proteger a la población civil. Esta seguridad es fundamental para crear un entorno en el que se pueda restablecer y sostener el estado de derecho. Además, estas misiones implementan programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), que son esenciales para desarmar a los combatientes, disolver grupos armados e integrar a los excombatientes en la vida civil. Estos esfuerzos son cruciales para lograr una paz y seguridad duraderas, ya que abordan las causas profundas del conflicto y previenen el resurgimiento de la violencia (United Nations, 2023b).
Fortalecimiento de los sistemas judiciales y legales
Las misiones de la ONU ayudan a las sociedades postconflicto a fortalecer sus sistemas judiciales y legales, apoyando reformas judiciales que garanticen sistemas justos, independientes y eficientes. Esto incluye la capacitación de jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados defensores, así como la asistencia para la reconstrucción de la infraestructura judicial que pudo haber sido destruida o gravemente dañada durante el conflicto. Asimismo, estas misiones contribuyen a la redacción e implementación de nuevas leyes que se alineen con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y otras normas internacionales pertinentes (UNODC, 2020a).
Promoción de los derechos humanos y la rendición de cuentas
Las operaciones de paz de la ONU supervisan, informan y abordan las violaciones de derechos humanos, contribuyendo a construir una cultura de rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. A través de distintos canales, las operaciones de la ONU brindan educación y formación en materia de derechos humanos tanto a la población general como a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y del sistema judicial. Además, las misiones de la ONU apoyan la creación de mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad, tribunales especiales o programas de reparación, para abordar las atrocidades del pasado y promover la sanación y la reconciliación. También se realizan esfuerzos para reforzar los mecanismos destinados a combatir la corrupción dentro de los sistemas judiciales y legales, garantizando que quienes cometan delitos, incluidos militares y funcionarios gubernamentales, rindan cuentas (United Nations, 2023b).
Reconstrucción y reforma de las instituciones de seguridad
Las operaciones de paz de la ONU participan activamente en la reforma del sector de seguridad (SSR), cuyo objetivo es transformar las instituciones nacionales de seguridad, incluidas las fuerzas armadas y la policía, para que sean más responsables, eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Este proceso generalmente incluye medidas integrales como la evaluación del personal, la capacitación, la asistencia técnica y el fortalecimiento de la capacidad institucional. En muchos casos, también implica la reestructuración de las instituciones de seguridad para alinearlas mejor con los principios democráticos. Un aspecto clave de la SSR es el desarrollo de prácticas de policía comunitaria que fomenten la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, lo cual es esencial para una paz y seguridad sostenibles (United Nations Peacekeeping, 2022).
Apoyo al establecimiento de sistemas penitenciarios y de correcciones
OROLSI asiste a los países anfitriones en la reforma de sus sistemas penitenciarios para garantizar que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo al trato humano de las personas detenidas y el acceso a la justicia. Este apoyo incluye con frecuencia la construcción o rehabilitación de centros de detención que han sido dañados o desatendidos debido al conflicto. Además, al igual que otras instituciones de seguridad, los servicios penitenciarios se benefician de la asistencia técnica proporcionada por la ONU en áreas como la evaluación de personal, la capacitación, el fortalecimiento de capacidades y la reestructuración. Estos esfuerzos buscan garantizar que los sistemas penitenciarios operen dentro del marco del estado de derecho, respeten los derechos humanos y proporcionen seguridad de manera equitativa y no discriminatoria (UNODC, 2011, 2013; United Nations, 2023).
Facilitación de procesos políticos y de gobernanza
Las operaciones de paz de la ONU desempeñan un papel fundamental en la promoción del estado de derecho y la buena gobernanza mediante el apoyo a elecciones libres y justas. Estas elecciones contribuyen a establecer estructuras de gobierno legítimas, responsables y representativas, esenciales para la vigencia del estado de derecho. A través de la asistencia técnica y logística, la ONU garantiza que los procesos electorales sean transparentes y creíbles. Además, el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) de la ONU contribuye al fortalecimiento de las instituciones electorales, al fomento de la gobernanza democrática y a la mejora de la estabilidad en las sociedades postconflicto (United Nations, 2024).
Desarrollo de capacidades y asistencia técnica
Las operaciones de paz de la ONU ofrecen sólidos programas de desarrollo de capacidades destinados a fortalecer el estado de derecho en zonas postconflicto. Estas iniciativas se dirigen a autoridades locales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, proporcionando capacitación especializada en aplicación de la ley, procesos judiciales, sistemas penitenciarios y derechos humanos. Al mejorar la capacidad de las instituciones locales, la ONU garantiza que puedan operar de manera efectiva y mantener el estado de derecho de forma autónoma una vez finalizada la misión. El Peacekeeping Resource Hub de la ONU respalda estos esfuerzos proporcionando materiales de formación y recursos basados en la evidencia para el personal involucrado en estas misiones (United Nations, 2024).
Participación comunitaria y sensibilización pública
El acercamiento a las comunidades locales y las campañas de información pública son componentes esenciales de las operaciones de paz de la ONU. Estas misiones trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales para comprender sus necesidades y preocupaciones, fomentando un enfoque colaborativo para la reconstrucción de la sociedad. También llevan a cabo campañas de información pública para educar a la ciudadanía sobre sus derechos, el sistema legal y la importancia del estado de derecho. Esta participación comunitaria contribuye a generar confianza y apoyo a los esfuerzos de consolidación de la paz, asegurando un proceso más inclusivo y eficaz (UN Department of Global Communications, 2023).
El objetivo principal de los mandatos sobre el estado de derecho en las operaciones de paz de la ONU es crear un entorno legal y judicial que pueda sostener la paz, prevenir la reaparición de conflictos y proteger los derechos humanos (United Nations, 2004). Estos esfuerzos son fundamentales para generar confianza pública en el Estado y en sus instituciones, lo cual es crucial para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. Al abordar tanto las necesidades inmediatas de justicia como los requerimientos a largo plazo para un sistema legal funcional, estos mandatos contribuyen a sentar las bases para una paz y seguridad sostenibles en las sociedades postconflicto (United Nations, 2023b).
La deflexión puede mejorar la efectividad de los programas sobre estado de derecho al enfocar la atención en las causas profundas del comportamiento delictivo en contextos postconflicto, reducir la reincidencia y promover una sociedad más equitativa y justa. A continuación, se presentan algunas de las formas en que la incorporación de un marco de deflexión puede contribuir a estos esfuerzos:
Los problemas de salud mental y el consumo de sustancias son factores que contribuyen al comportamiento delictivo, llevando con frecuencia a las personas a un ciclo de criminalidad debido al deterioro del juicio, la desesperación por obtener recursos económicos o la participación en actividades ilegales para conseguir sustancias (National Institute on Drug Abuse, 2020). En Estados Unidos, aproximadamente el 37 % de las personas privadas de libertad en prisiones y el 44 % de las personas en cárceles han sido diagnosticadas con un trastorno de salud mental, y cerca del 65 % de la población penitenciaria cumple con los criterios para un trastorno por consumo de sustancias (Bronson & Berzofsky, 2017). Estas problemáticas suelen estar interrelacionadas, condición conocida como diagnóstico dual o trastornos concurrentes, donde los trastornos de salud mental pueden conducir al consumo de sustancias como forma de automedicación, y el consumo de sustancias, a su vez, puede agravar los problemas de salud mental. Por ejemplo, casi el 50 % de las personas con trastornos mentales graves también padece trastornos por consumo de sustancias (Chacon et al., 2021).
En los países postconflicto, el trauma y el estrés prolongado suelen provocar altas tasas de problemas de salud mental como trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión y ansiedad. Por ejemplo, un estudio realizado en Liberia encontró que el 40 % de los excombatientes sufría de TEPT y el 44 % de depresión (Johnson et al., 2008). Estas condiciones pueden llevar a las personas a recurrir al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, lo que a su vez empeora los problemas de salud mental e incrementa la probabilidad de involucrarse en actividades delictivas. En Afganistán, se informó que el 10 % de la población (4 millones de personas) es dependiente de las drogas, una cifra que ha aumentado de forma constante desde el inicio del conflicto (UN News, 2023). La combinación de problemas de salud mental no tratados y el consumo generalizado de sustancias crea un entorno volátil en el que el comportamiento delictivo se vuelve más frecuente. En Sierra Leona, se encontró que los exniños soldados con problemas de salud mental no tratados tenían un 66 % más de probabilidad de participar en delitos violentos (Betancourt et al., 2010).
Estas estadísticas evidencian la necesidad crítica de programas integrados de tratamiento de salud mental y de consumo de sustancias en contextos postconflicto para reducir el comportamiento delictivo y apoyar la rehabilitación social. La alta prevalencia de trastornos de salud mental y de consumo de sustancias influye significativamente en la conducta delictiva, perpetuando un ciclo de violencia e inestabilidad en estos entornos (Claro et al., 2015). La ONU puede aprovechar su mandato en materia de estado de derecho para la implementación de programas de deflexión como parte de los esfuerzos de estabilización en regiones postconflicto. Al promover políticas que prioricen el tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias, y al colaborar con donantes para generar fondos y apoyo para estas iniciativas, la ONU puede contribuir a la reconstrucción de comunidades, la reducción de la reincidencia y el fomento de una paz sostenible.
En las regiones postconflicto, los sistemas judiciales y penitenciarios suelen verse desbordados por la cantidad de casos y personas detenidas, muchas de las cuales están involucradas en delitos de menor gravedad. De hecho, el hacinamiento carcelario es un tema recurrente en las pruebas escritas y entrevistas de contratación para el personal dedicado al estado de derecho. La UNODC (2013) informa que las secuelas de los conflictos suelen generar un aumento en las detenciones debido a la debilidad de los sistemas judiciales y a la falta de alternativas al encarcelamiento. A nivel mundial, el promedio de ocupación carcelaria es del 103 %, y en algunos países se supera el 200 % de capacidad (Walmsley, 2021). Las prisiones sobrepobladas agravan las condiciones de vida, aumentan el riesgo de violencia y dificultan los esfuerzos de rehabilitación. En algunas prisiones que supervisé durante mi trabajo en operaciones de paz, el hacinamiento era tan extremo que no había espacio para que todos los reclusos se acostaran al mismo tiempo, por lo que debían turnarse para poder dormir. Esta es una cuestión central en los informes sobre derechos humanos en casi todos los países donde la ONU tiene una misión de paz (UNODC, 2013; Penal Reform International, 2018).
Para hacer frente al hacinamiento, algunos gobiernos emiten amnistías o indultos presidenciales. Sin embargo, su impacto suele ser limitado, ya que los reclusos liberados a menudo regresan a prisión debido a la ausencia de planes de reinserción y programas de apoyo tras la excarcelación (UNODC, 2013). Por ejemplo, en Nigeria se liberaron más de 2,000 personas en 2020 como medida para frenar la COVID-19, pero las tasas de reincidencia siguen siendo altas debido a la falta de apoyo posterior a la liberación (Nigeria Correctional Service, 2020). Actualmente, la ONU promueve reformas integrales que incluyen la mejora de los marcos jurídicos, el fortalecimiento de las capacidades judiciales y el desarrollo de medidas no privativas de libertad para aliviar la presión sobre las prisiones. Estas medidas pueden enmarcarse intencionadamente como parte de una estrategia de reforma más amplia, orientada específicamente a institucionalizar vías de deflexión como alternativas al encarcelamiento (Penal Reform International, 2018).
La pandemia de COVID-19 ha demostrado el potencial de gestionar a las personas infractoras de bajo nivel dentro de la comunidad, evidenciando que el encarcelamiento no siempre es necesario para mantener la seguridad pública. Los programas de deflexión, al desviar a las personas del sistema tradicional de justicia penal hacia iniciativas comunitarias, ayudan a mitigar la propagación de enfermedades infecciosas como la COVID-19 y el VIH entre la población penitenciaria, que es especialmente vulnerable debido al hacinamiento y al acceso limitado a la atención sanitaria (Hawks, Woolhandler, & McCormick, 2020; Montoya-Barthelemy et al., 2020). Estos programas no solo protegen la salud de las personas bajo custodia, sino que también benefician a la comunidad en general al prevenir la propagación de brotes más allá de los muros de la prisión. Además, la deflexión facilita un mejor acceso al tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental, garantizando la continuidad de la atención mediante servicios adaptados durante la pandemia (Volkow, 2020).
Los programas de deflexión y las medidas no privativas de libertad, como el servicio comunitario, la libertad condicional y la vigilancia electrónica, han demostrado ser eficaces para reducir la población penitenciaria. Por ejemplo, en los Países Bajos, la implementación de sentencias alternativas ha contribuido a una reducción del 43 % de la población carcelaria en la última década (Aebi & Tiago, 2020). El objetivo es aliviar el hacinamiento garantizando que solo las personas que representan un alto riesgo para la seguridad pública permanezcan detenidas, mientras que otras puedan beneficiarse de medidas alternativas que apoyen su reintegración en la sociedad. Estas reformas son fundamentales para promover un sistema de justicia penal más humano y eficaz, que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos (UNODC, 2013; Penal Reform International, 2018).
La ONU puede incorporar la deflexión como estrategia para abordar el hacinamiento carcelario en sociedades postconflicto, utilizando las vías de deflexión como elementos fundamentales para desarrollar un sistema eficaz de alternativas al encarcelamiento. Este sistema requeriría un enfoque coordinado que involucre al sistema judicial, a los proveedores de salud y a las organizaciones comunitarias (Price-Allan et al., 2023). En este marco, el sistema judicial identificaría a las personas idóneas para los programas de alternativas al encarcelamiento y velaría por el cumplimiento legal, mientras que el sistema de salud ofrecería los servicios necesarios de tratamiento y rehabilitación. A su vez, las organizaciones comunitarias proporcionarían redes de apoyo y servicios de reintegración, facilitando la exitosa reincorporación de las personas a la sociedad. Este enfoque integral promueve la estabilidad y seguridad comunitaria a largo plazo, asegurando que cada sector cuente con los recursos adecuados para cumplir su misión (National Institute of Justice, 2011). Al fortalecer las capacidades de cada sector, la ONU puede contribuir a fomentar una paz y seguridad sostenibles en las regiones postconflicto.
Integrar los programas de deflexión en los marcos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) puede mejorar la efectividad de ambas iniciativas. Como mandato clave en la mayoría de las operaciones de paz, la desmovilización implica liberar a los excombatientes de sus funciones armadas y desmantelar las unidades militares o rebeldes. Este proceso suele realizarse junto con el desarme, en el cual actores neutrales recogen armas y municiones de los antiguos combatientes. La reintegración, componente final del DDR, se centra en reincorporar a los excombatientes desmovilizados a la vida civil mediante educación, capacitación laboral y apoyo psicosocial (United Nations, 2014).
Si bien el desarme y la desmovilización son procesos concretos y medibles, la reintegración plantea desafíos más complejos debido a la dificultad de evaluar los resultados a largo plazo y a la variabilidad en la adaptación individual (Muggah & O'Donnell, 2015). Los desafíos que enfrentan los excombatientes desmovilizados en su proceso de reintegración son similares a los que enfrentan las personas liberadas tras cumplir condena en prisión (McIvor & Shirlow, 2009). Ambos procesos requieren superar el estigma social, los efectos psicológicos de la desmovilización o el encarcelamiento, reconstruir redes sociales y asegurar un empleo estable, factores críticos para prevenir la reincidencia o el retorno al conflicto. La reintegración es especialmente difícil en casos que implican repatriación y reasentamiento, como se ha observado en la Misión de Estabilización de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Deutsche Welle, 2015). Si los esfuerzos de reintegración fracasan, los soldados desmovilizados pueden recurrir al consumo de sustancias, involucrarse en actividades delictivas o reincorporarse a grupos armados.
Los riesgos asociados a una reintegración fallida subrayan la necesidad crítica de programas integrales que aborden las múltiples necesidades económicas, sociales, psicológicas y comunitarias de los excombatientes para lograr una paz duradera.
Según la Guía Operativa de las Naciones Unidas para los Estándares Integrados de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS), los programas efectivos de DDR deben adoptar un enfoque holístico, garantizando que los excombatientes reciban el apoyo necesario para una reintegración sostenible (United Nations, 2014).
Los programas de deflexión, que ofrecen alternativas al encarcelamiento al conectar a las personas con servicios esenciales, pueden complementar los esfuerzos de DDR al proporcionar acceso a gestión de casos, atención médica, tratamiento para el consumo de sustancias y salud mental, vivienda, educación y empleo. Estos programas pueden mejorar la salud y seguridad públicas al reducir riesgos como la estigmatización y la exclusión social. Al integrar el enfoque de deflexión en el marco del DDR, se puede ofrecer un apoyo integral que atienda tanto las necesidades inmediatas de la desmovilización como los desafíos a largo plazo de la reintegración, contribuyendo así a mejorar la estabilidad y el bienestar.
Los programas de deflexión están diseñados para generar confianza entre las agencias de justicia penal y las comunidades a las que sirven. Al poner el énfasis en el apoyo en lugar del castigo, estos programas promueven interacciones positivas entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. Las iniciativas de deflexión conectan a las personas con servicios esenciales como atención médica, vivienda y educación, abordando los problemas subyacentes que contribuyen al comportamiento delictivo, como el consumo de sustancias y los trastornos de salud mental. Este enfoque compasivo contribuye a transformar la percepción de las fuerzas del orden, pasando de ser vistas como agentes de castigo a ser aliadas del bienestar comunitario. Como resultado, los programas de deflexión fortalecen la legitimidad de las agencias de justicia penal, reducen la estigmatización y promueven la confianza.
En los países postconflicto, donde las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza contra partes de la población, la ONU puede facilitar la reconstrucción de la confianza. Al promover la adopción de políticas humanitarias de justicia penal y programas comunitarios como la deflexión, la ONU ayuda a las agencias de seguridad a orientar su labor hacia la rehabilitación. El apoyo de la ONU mediante financiación programática, capacitación y asistencia técnica permite a las fuerzas del orden y a las organizaciones comunitarias planificar e implementar estos programas de manera eficaz, fomentando la cooperación y la confianza.
Además, al facilitar el diálogo entre organismos gubernamentales, ONG y líderes comunitarios, la ONU garantiza que los programas de deflexión se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad, aumentando así su efectividad. Estas colaboraciones no solo contribuyen a crear comunidades más seguras, sino que también posicionan a las fuerzas del orden como aliados de la seguridad pública en lugar de opresores. Este cambio es esencial para desarrollar prácticas policiales que prioricen la rehabilitación y el apoyo, contribuyendo en última instancia a la construcción de comunidades más fuertes, cohesionadas y pacíficas (Charlier, 2023; Penal Reform International, 2018; UNDP, 2020; UNODC, 2022).
Los programas de deflexión y las iniciativas de justicia restaurativa comparten objetivos comunes, como la rehabilitación, la reducción de daños, la participación comunitaria y la disminución de la reincidencia, lo que convierte su integración en un enfoque potente para promover comunidades más seguras. Los programas de justicia restaurativa implican diálogos mediados entre todas las partes afectadas por un incidente delictivo. Estos diálogos buscan reconocer el daño, acordar una resolución que promueva la sanación dentro de la comunidad y centrarse en la reconciliación y la rendición de cuentas de forma constructiva, en lugar de recurrir a procedimientos judiciales tradicionales (Klofas, Hipple, & McGarrell, 2010).
Los programas de deflexión, que enfatizan la colaboración entre las fuerzas del orden y las organizaciones comunitarias, se alinean bien con los principios de la justicia restaurativa al priorizar el apoyo y el cambio positivo de comportamiento sobre el castigo. La integración de ambos enfoques crea un marco integral que no solo aborda las necesidades inmediatas de justicia, sino que también favorece la sanación comunitaria y la estabilidad a largo plazo.
La ONU ha promovido durante mucho tiempo los principios de la justicia restaurativa, como lo demuestra la segunda edición del Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la UNODC (2020b). Al combinar la justicia restaurativa con los programas de deflexión, la ONU puede aprovechar su influencia global para alentar a los países a adoptar modelos que prioricen la rendición de cuentas, la participación comunitaria y la rehabilitación. A través de la financiación, la capacitación y la orientación en políticas públicas, la ONU puede facilitar la implementación generalizada de estos programas integrados, contribuyendo a un sistema de justicia más restaurativo y humanitario (UNODC, 2020b; Penal Reform International, 2018).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 metas ambiciosas establecidas por las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos buscan abordar una amplia gama de desafíos globales, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental y la promoción de la paz y la justicia (United Nations, 2015). Al fomentar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, los ODS representan un llamado universal a la acción para crear un mundo sostenible para las generaciones futuras (UNDP, 2020).
Los programas de deflexión encarnan un enfoque holístico que aborda simultáneamente múltiples ODS. La UNODC (2020b) ha destacado la importancia de las estrategias de deflexión para el logro de estos objetivos, en particular del ODS 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas. La alineación de los programas de deflexión con las metas de los ODS ofrece una oportunidad para que las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU integren estas estrategias en los esfuerzos de estabilización y en las iniciativas sobre el estado de derecho. En concreto, los programas de deflexión pueden contribuir al avance de los siguientes objetivos y metas:
Los programas de deflexión pueden contribuir a reducir la pobreza al proporcionar recursos y apoyo a personas que, de otro modo, podrían quedar atrapadas en el sistema de justicia penal. Estos programas son especialmente eficaces para abordar la compleja interrelación entre encarcelamiento, consumo de sustancias, problemas de salud mental e inestabilidad económica (Borelli, B., 2023). Las personas en riesgo de ser encarceladas suelen enfrentar trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental, lo que perpetúa su situación de pobreza y limita sus oportunidades de movilidad económica. Al ir más allá del tratamiento del consumo de sustancias, los programas de deflexión garantizan que las personas participantes tengan acceso a oportunidades de empleo, vivienda, educación y servicios sociales, mejorando así su situación económica general.
Gestionar a las personas dentro de la comunidad, en lugar de recurrir al encarcelamiento, no solo reduce los costos, sino que también permite a las personas mantener su empleo y apoyar a sus familias, lo que contribuye a una mayor estabilidad económica. Los ahorros financieros generados al desviar a las personas del sistema de justicia penal pueden ser redirigidos a programas sociales que aborden la pobreza de manera más amplia, amplificando así el impacto positivo en el bienestar comunitario (Korchmaros et al., 2022; Wagner & Rabuy, 2017; Subramanian, Henrichson, & Kang-Brown, 2015). Al abordar estas problemáticas sistémicas, los programas de deflexión no solo ayudan a las personas a evitar la cárcel, sino que también contribuyen a romper el ciclo de pobreza y de vinculación con el sistema de justicia penal, promoviendo una mayor equidad social.
Meta 3.5: Reforzar la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias, incluido el consumo indebido de drogas narcóticas y el uso nocivo de alcohol.
El tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias es un componente central de los programas de deflexión y derivación. Basándose en el éxito de los tribunales de drogas en Estados Unidos, las personas defensoras de este enfoque sostienen que los problemas de consumo de sustancias deben tratarse principalmente como cuestiones de salud y no como delitos, priorizando el tratamiento sobre el encarcelamiento. Estos programas suelen ofrecer acceso a servicios de salud esenciales, especialmente para el tratamiento del abuso de sustancias y de salud mental, lo que reduce la carga sobre el sistema de justicia penal y mejora los resultados de salud de las personas (Marlowe et al., 2006; National Institute on Drug Abuse, 2020).
Al vincular a las personas con los servicios de salud necesarios, incluidos el tratamiento de salud mental y del consumo de sustancias, los programas de deflexión ayudan a reducir la prevalencia de problemas de salud no tratados, promueven el bienestar general y disminuyen el riesgo de reincidencia. De este modo, los programas de deflexión contribuyen directamente al logro del ODS 3 al integrar intervenciones centradas en la salud dentro del marco de la justicia penal, mejorando así la salud pública y la seguridad (Penal Reform International, 2018; National Institute on Drug Abuse, 2020).
Los programas de deflexión son esenciales para proporcionar apoyo y servicios especializados a mujeres y niñas que, en ocasiones, son tanto víctimas como autoras de actos de violencia. Estos programas ayudan a reducir su interacción con el sistema de justicia penal al tiempo que abordan sus necesidades específicas. Según ONU Mujeres (2021a, 2021b), es necesario adoptar un enfoque con perspectiva de género al prestar servicios policiales y de justicia, especialmente en el caso de mujeres que han sido victimizadas o que han incurrido en conductas delictivas debido a sus circunstancias. Un enfoque centrado en las personas sobrevivientes, tal como lo promueve ONU Mujeres, garantiza que las intervenciones sean sensibles a las experiencias específicas de mujeres y niñas, tanto como víctimas como en aquellos casos en que hayan recurrido al delito como resultado del trauma o de desigualdades sistémicas.
La estrategia de Children & Family del PTAC Collaborative destaca la importancia de brindar apoyo específico a mujeres y niñas afectadas por el sistema de justicia penal, en particular a aquellas que son madres. Los programas de deflexión y derivación que ofrecen recursos como asesoramiento, apoyo educativo y servicios comunitarios son fundamentales para mantener a las familias unidas, mitigar los efectos negativos derivados del contacto con la justicia y respaldar a las mujeres y niñas en su camino hacia una vida plena (PTAC Collaborative, 2024). Además, estos programas abordan las necesidades de las mujeres que puedan ser autoras de delitos, garantizando que reciban intervenciones adecuadas y sensibles al trauma.
Al integrar servicios con perspectiva de género, los programas de deflexión contribuyen a romper el ciclo de trauma y vinculación con el sistema de justicia penal que puede transmitirse de generación en generación. Este enfoque integral es necesario para proteger a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, asegurando que reciban el apoyo necesario para recuperarse y reintegrarse de forma segura en la sociedad. Esta estrategia no solo promueve el logro de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sino que también fortalece la capacidad de los servicios policiales para responder eficazmente a las necesidades específicas de las mujeres (Penal Reform International, 2018).
Meta 10.2: Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
Los programas de deflexión son fundamentales para reducir el impacto desproporcionado del sistema de justicia penal en las comunidades marginadas, promoviendo así la inclusión y reduciendo las desigualdades basadas en la raza, la etnia, la orientación sexual, la situación socioeconómica y otros factores de exclusión (Magnusson, S., Dezember, A. & Lovins, B., 2022). Tal como lo enfatizan las Naciones Unidas, reducir las desigualdades dentro y entre los países es esencial para garantizar que nadie quede atrás en la búsqueda del desarrollo sostenible (United Nations, 2023c). La interconexión entre pobreza, encarcelamiento y desigualdad se analiza de forma exhaustiva en un informe de Brianna Borrelli, publicado en el Journal on Poverty Law and Policy de Georgetown Law (2023), que expone cómo el encarcelamiento masivo agrava la inestabilidad económica y profundiza la desigualdad social. El informe destaca cómo el encarcelamiento afecta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, particularmente a afroamericanos y latinos en Estados Unidos, contribuyendo a ciclos de pobreza que limitan el acceso a la movilidad económica y perpetúan condiciones que llevan a un mayor involucramiento con el sistema de justicia penal. Para romper estos ciclos, el informe subraya la necesidad de intervenciones políticas como la reforma del sistema de justicia penal, estrategias de reducción de la pobreza e inversiones en educación y oportunidades de empleo.
Otro informe, de Rona Epstein (2023), titulado The Rich Get Treatment, The Poor Go to Prison: Imprisonment for Contempt of Court, analiza cómo las disparidades socioeconómicas influyen en los resultados de los procesos judiciales en el Reino Unido, particularmente en los casos de desacato al tribunal. El artículo sostiene que las personas con mayores recursos económicos suelen acceder a tratamientos y otras alternativas al encarcelamiento, mientras que las personas con menos recursos tienen mayores probabilidades de ser encarceladas. Esta desigualdad revela una problemática estructural dentro del sistema de justicia penal, donde la situación económica determina si una persona recibe apoyo o castigo. El artículo hace un llamado a la reforma para garantizar que la justicia se administre de manera más equitativa, independientemente de los recursos financieros de la persona.
Mediante la provisión de apoyo e intervenciones personalizadas, los programas de deflexión promueven la equidad y la justicia dentro del sistema de justicia penal, asegurando que las personas vulnerables reciban la ayuda necesaria en lugar de ser castigadas de manera desproporcionada. Esto incluye asesoramiento en salud mental, tratamiento para el abuso de sustancias y servicios comunitarios que aborden las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Estas intervenciones son fundamentales para romper el ciclo de encarcelamiento y reincidencia al que se enfrentan muchas personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo en última instancia a una sociedad más equitativa (Hawken et al., 2014).
Este ODS se alinea con la deflexión a través de tres metas clave:
Un marco de deflexión puede contribuir significativamente al avance del ODS 16 al promover el desarrollo de instituciones más eficaces, responsables y transparentes. Según el documento del PTAC Collaborative de 2022, Equity in Deflection: Ensuring Fairness and Access in Deflection Programs, es imprescindible incorporar la equidad en los programas de deflexión para garantizar que sean justos, accesibles y eficaces para todas las personas participantes. El documento subraya la importancia de abordar las desigualdades que puedan surgir, en especial para las comunidades marginadas que pueden enfrentar barreras de acceso o un trato injusto (PTAC Collaborative, 2022).
Los programas de deflexión también contribuyen a mejorar las relaciones comunitarias al promover la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Como destaca Charlier (2023) en Deflection: A Powerful Crime-Fighting Tool that Improves Community Relations, estas iniciativas ayudan a cambiar el enfoque del castigo al apoyo, mejorando la legitimidad de las fuerzas del orden y fortaleciendo los vínculos comunitarios. Este cambio constituye un paso importante para construir instituciones que sean percibidas como transparentes, receptivas e inclusivas.
Para que estos programas sean eficaces, transparentes y responsables, es esencial la recopilación y el análisis rigurosos de datos. La recopilación sistemática de datos permite medir resultados como las tasas de reincidencia, la satisfacción de las personas participantes y el impacto general en la comunidad (Charlier, 2023; Labriola et al., 2023; R Street Institute, 2023). Los conocimientos obtenidos a partir de estas evaluaciones pueden orientar las iniciativas más amplias en materia de estado de derecho, generando políticas más eficaces y basadas en la evidencia (Hawken et al., 2023). Este enfoque basado en datos garantiza que los programas de deflexión se mejoren y perfeccionen de forma continua, adaptándose mejor a las necesidades de las poblaciones vulnerables, como personas con trastornos de salud mental, problemas de consumo de sustancias y jóvenes.
Además, la evidencia obtenida de programas de deflexión exitosos puede compartirse entre diferentes jurisdicciones, promoviendo la adopción de buenas prácticas a mayor escala. A través de sus órganos de investigación y financiación, la ONU puede apoyar estos esfuerzos facilitando la colaboración internacional, la recopilación y el intercambio de datos, ofreciendo formación y asistencia técnica, y promoviendo la implementación de políticas y programas de deflexión basados en la evidencia. Estas iniciativas contribuyen a construir sistemas de justicia penal más justos, eficaces y humanos a nivel mundial, garantizando que las políticas se fundamenten en evidencia sólida y se adapten para lograr los mejores resultados para todas las personas (UNODC, 2022; Penal Reform International, 2018).
La implementación de programas de deflexión en contextos postconflicto presenta diversos desafíos que varían según las circunstancias locales. Estos retos deben ser identificados durante las etapas de planificación e implementación para garantizar la eficacia y sostenibilidad de los programas de deflexión. A continuación, se describen algunos de los desafíos más comunes que probablemente se presenten en la mayoría de los contextos:
El estigma asociado a la adicción y a las enfermedades mentales tiene raíces históricas profundas, lo que ha provocado a lo largo del tiempo incomprensión, maltrato y marginación. El análisis de Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica (1961) destaca cómo las dinámicas de poder y los prejuicios sociales han influido históricamente en el tratamiento de las enfermedades mentales, llevando al aislamiento y la exclusión de las personas que las padecen. Estas problemáticas persisten en la actualidad, ya que muchas personas con enfermedades mentales siguen enfrentando un estigma considerable y una atención inadecuada en todo el mundo (World Health Organization, 2021).
De manera similar, el estigma en torno a la adicción a las drogas es generalizado y suele estar basado en ideas erróneas, como considerar la adicción una falla moral en lugar de una condición médica. Este estigma puede disuadir a las personas de buscar tratamiento y aumentar aún más la marginación de quienes lo necesitan, dado que los centros de tratamiento de adicciones son frecuentemente percibidos como lugares para criminales en lugar de instituciones de salud (Global Commission on Drug Policy, 2019; Espin García et al., 2021).
Para combatir estos estigmas se requiere un enfoque integral del sistema de salud, que incluya educación pública, políticas de apoyo y la integración del tratamiento de adicciones en los servicios de salud convencionales. También es esencial considerar el contexto cultural al diseñar programas antiestigma, para garantizar que sean eficaces y culturalmente sensibles (Mascayano et al., 2020). Al enfrentar estos desafíos, se puede avanzar hacia un sistema de salud más inclusivo y solidario, que trate la adicción y las enfermedades mentales con la dignidad y el respeto que merecen (Atkins, Dopp, & Temaner, 2022; UNODC, 2022).
Los programas de deflexión, que buscan redirigir a las personas del sistema de justicia penal hacia una atención adecuada, dependen en gran medida de la capacidad del sector de tratamiento y del acceso a los servicios necesarios. Sin embargo, en entornos postconflicto, estos componentes críticos suelen estar gravemente comprometidos. La infraestructura de tratamiento suele carecer de recursos, con acceso limitado a medicamentos esenciales y escasez de personal capacitado. Las interrupciones provocadas por los conflictos, incluido el daño a las infraestructuras, agravan estos desafíos, dificultando la prestación de servicios de tratamiento consistentes y eficaces (UNODC, 2022). Esta falta de recursos e infraestructura representa un obstáculo considerable para la implementación exitosa de los programas de deflexión.
En países con conflictos en curso y áreas de difícil acceso, como la República Democrática del Congo, estos desafíos son aún más pronunciados, lo que obstaculiza gravemente la efectividad de las iniciativas de deflexión. Los riesgos de seguridad son prioritarios, ya que el personal médico y las instalaciones sanitarias suelen ser objeto de violencia, lo que disuade a los proveedores de atención médica de trabajar en estas regiones y agudiza la escasez de recursos disponibles (Debarre, 2018). Además, barreras de acceso como la violencia continua, los bloqueos y la destrucción de infraestructuras pueden impedir que los profesionales de la salud lleguen a quienes lo necesitan, dificultando el funcionamiento eficaz de los programas de deflexión.
La escasez de recursos es otro problema que puede limitar la implementación de estos programas (Evans & Sekkarie, 2017). En muchas zonas de conflicto existe una grave carencia de suministros médicos, equipos y profesionales de salud capacitados, lo que agrava las crisis de salud existentes. Incluso cuando hay cierta infraestructura o personal disponible, el acceso a los servicios y medicamentos sigue siendo un desafío considerable debido a barreras geográficas, desconfianza hacia las autoridades, estigmatización social y amenazas continuas a la seguridad. Las barreras económicas, como los costos de transporte, medicamentos y servicios médicos, pueden restringir aún más el acceso, especialmente para las poblaciones empobrecidas.
Estos desafíos ponen de manifiesto la necesidad urgente de una cooperación internacional más sólida, una mayor protección para el personal médico y el desarrollo de sistemas de salud más resilientes, capaces de operar en condiciones extremas. Asimismo, se requiere una planificación meticulosa de los programas de deflexión, con especial atención a los posibles desafíos que puedan surgir en entornos postconflicto. Si no se abordan estos obstáculos, los programas de deflexión podrían no ofrecer intervenciones oportunas y basadas en evidencia, lo que en última instancia pondría en peligro o limitaría gravemente su eficacia para promover la paz y la estabilidad.
Aunque la deflexión es un mecanismo para generar confianza en las instituciones de justicia penal, como se ha argumentado anteriormente, la falta de confianza en dichas instituciones también constituye un obstáculo para cualquier iniciativa que requiera cooperación entre estas y la comunidad. Esto se debe a que, en entornos postconflicto, la confianza en las instituciones gubernamentales y en las fuerzas del orden suele verse gravemente mermada debido a abusos o fracasos pasados. La dependencia de la policía como actor principal es particularmente problemática, considerando su función tradicional de hacer cumplir la ley (Hoffer et al., 2021; Price-Allan et al., 2023). Además, el entorno político en contextos postconflicto puede ser volátil, con tensiones y luchas de poder constantes (UNODC, 2011). Todo ello puede dificultar los esfuerzos para acercarse a algunas comunidades, generar confianza en torno a la deflexión y fomentar la colaboración entre las partes interesadas.
La resistencia política e institucional a las reformas judiciales puede obstaculizar la implementación de los programas de deflexión. Al igual que otros tipos de reformas, esta resistencia puede estar vinculada a la falta de información sobre la magnitud del problema en una comunidad específica. Con frecuencia, las personas responsables de la formulación de políticas y los actores nacionales subestiman el impacto del consumo de sustancias o de los problemas de salud mental, atribuyéndolos a problemáticas extranjeras que no afectan a sus comunidades. En otras ocasiones, puede existir escepticismo sobre la eficacia de la deflexión en comunidades con altos niveles de criminalidad o elevada prevalencia de consumo de sustancias y trastornos de salud mental. La resistencia también puede provenir de personas o grupos que consideran que la deflexión es una respuesta excesivamente indulgente ante la comisión de delitos.
Las estrategias para generar consenso y fomentar la apropiación nacional incluyen la participación de actores clave, el uso de datos para demostrar la eficacia, la implementación de programas piloto, la sensibilización pública utilizando datos sobre las necesidades y la facilitación de diálogos políticos (UNODC, 2011).
La UNODC ha contribuido a proporcionar estimaciones y prever tendencias sobre el consumo de drogas a nivel mundial (UNODC, 2024). Además, los Equipos de País de la ONU tienen capacidad para apoyar la recopilación de datos y la difusión de resultados de investigación a nivel nacional y desagregado, a fin de determinar la magnitud del problema y cuánta intervención o prevención se requiere. La ONU también podría colaborar en el establecimiento de líneas de base, la definición de objetivos y la realización de análisis de costo-beneficio para orientar las opciones de política pública (UNODC, 2022).
La participación de las partes interesadas implica incluir a un grupo diverso de participantes, como fuerzas del orden, proveedores de atención sanitaria, líderes comunitarios y personas directamente afectadas por problemas de consumo de sustancias y salud mental. Este enfoque inclusivo garantiza que se consideren múltiples perspectivas, lo cual contribuye a una comprensión más amplia de los desafíos y las posibles soluciones. Esta estrategia no solo aumenta la eficacia de los programas, sino que también refuerza la confianza y la colaboración entre los actores involucrados, lo cual resulta decisivo para la implementación sostenible de las intervenciones (Jones & Sawyer, 2022; Mascayano et al., 2020). Los programas piloto pueden servir como evidencia del éxito, mostrando reducciones en las tasas de reincidencia y mejoras en los resultados de salud pública (SAMHSA, 2020).
La ONU puede aprovechar su sistema de información pública para lanzar campañas de sensibilización orientadas a desmentir conceptos erróneos y educar a las comunidades sobre los beneficios de los programas de deflexión (UN Department of Global Communications, 2023). Estas campañas pueden incluir estudios de caso exitosos y presentar datos estadísticos que demuestren los impactos positivos tanto a nivel individual como comunitario. Además, la facilitación de diálogos políticos permite una comunicación abierta entre las personas responsables de la formulación de políticas, las personas profesionales y la ciudadanía, asegurando que las políticas no solo estén bien fundamentadas, sino que también cuenten con un amplio respaldo.
Abordar los desafíos que supone la implementación de programas de deflexión en contextos postconflicto requiere una planificación integral, la participación comunitaria y un seguimiento y evaluación continuos. Estos esfuerzos son clave para adaptar las estrategias a las necesidades cambiantes de estas regiones. Al comprender y enfrentar estos desafíos de forma directa, los programas de deflexión pueden implementarse de manera más eficaz, promoviendo en última instancia la paz, la seguridad y el desarrollo en las zonas postconflicto.
Incorporar la deflexión en las operaciones de paz de la ONU como parte de las reformas del estado de derecho y del sector de seguridad es fundamental para promover un sistema de justicia penal más humano, eficiente y eficaz. Estos programas abordan las causas subyacentes del comportamiento delictivo, alivian la carga sobre el sistema judicial y fortalecen la confianza y la seguridad comunitarias, contribuyendo en última instancia a la estabilidad a largo plazo y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
A pesar de los posibles desafíos, las Naciones Unidas, los donantes y los actores locales deben apoyar de manera activa el diseño y la implementación de iniciativas de deflexión para construir sociedades más justas y resilientes.
Quisiera expresar mi gratitud a todos los colegas y organizaciones que amablemente revisaron este documento antes de presentarlo para su publicación.
* Nixon M. Camilien, PhD
Criminal Justice Consultant
Lecturer at DePaul University, Chicago
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-4723-7885
Requests to authors – Nixon M. Camilien, [email protected].
About the Author:
Nixon M. Camilien is a criminal justice expert with over 20 years of experience in reentry, reintegration, peacekeeping, law enforcement, and program administration. His career includes 13 years at the Illinois Department of Corrections' Parole Division and five years as a corrections advisor for UN peacekeeping missions in Haiti, Côte d'Ivoire, and the Democratic Republic of Congo. Nixon holds a PhD in Criminology, Law, and Justice, and is a staunch advocate for restorative and humane crime resolution. His work with the Police, Treatment, and Community Collaborative (PTACC) highlights his commitment to evidence-based strategies for crime prevention and public safety.
WAIVER
ACKNOWLEDGEMENT
Thanks to all those who have contributed to the production of this paper.
DONATE AND SUPPORT SCIENCE & HUMAN DIGNITY
IBAN: DE53 1705 2000 0940 0577 43 | BIC/SWIFT: WELADED1GZE |
TITULAR: Knowmad Institut gUG | BANCO: Sparkasse Barnim
CC BY-NC 4.0 // 2025 - Knowmad Institut gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Contact: [email protected] | Register Nr. HRB 14178 FF (Frankfurt Oder)