Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights & Science (JMSHRS)

Volume 5, Issue 2, April 2023 | SDGs: 3 | 4 | 16 | #RethinkProcess

ORIGINAL SOURCE ON: https://knowmadinstitut.org/journal/

DOI: 10.5281/zenodo.7851521

El ciberacoso es un tipo de violencia por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, que ha tomado una mayor presencia en la última década en México debido a la rápida socialización de las tecnologías, el aumento de los usuarios de teléfonos celulares y el acceso masivo a internet. Los resultados del Módulo sobre Ciberacoso, MOCIBA, un módulo experimental dentro de una encuesta mayor, han demostrado que este es un problema en ascenso que afecta a diferentes sectores de la población, en particular mujeres y niñas. El propósito de este artículo es visibilizar el aumento de las ciberagresiones de tipo sexual sostenidas en el tiempo hacia las encuestadas de sexo femenino, para ello se realizó una revisión del MOCIBA en sus diferentes ediciones.

Palabras Clave: Ciberacoso, Violencia Digital, Género, TIC, INEGI, Ciberseguridad, ODS, ODS 4, México.

Cyberbullying is a type of violence through Information and Communication Technologies (ICTs) that has become more prevalent in the last decade in Mexico due to the rapid socialization of technologies, the increase in cell phone users, and massive access to the Internet. The results of the Module on Cyberbullying, MOCIBA, an experimental module within a more extensive survey, have shown that this is a growing problem that affects different sectors of the population, particularly women and girls. The purpose of this article is to make visible the increase in cyber-aggressions of a sexual nature sustained over time towards female respondents; for this purpose, a review of the MOCIBA in its different editions was carried out.

Keywords: Cyberbullying, Digital Violence, Gender, ICT, INEGI, Cybersecurity, SDGs, SDG 4, Mexico.

os cambios derivados de los avances tecnológicos no solo han traído a la humanidad beneficios e innovaciones técnicas útiles para mejorar la vida de las personas y hacer más fáciles algunas tareas, sino también consecuencias no deseadas derivadas del uso de estas tecnologías y por ende conceptos para definir estas dinámicas nuevas. En este sentido, uno de los problemas que afectan en la actualidad a la población mexicana es el ciberacoso, un fenómeno amplio y complejo que no distingue género, edad, nivel de estudio o actividad en particular y puede ser perpetrado por un individuo o grupo que de forma anónima o directa emplea las TIC con la intención de dañar, molestar e incomodar a otros usuarios (Riquelme y Fuentes, 2019).

El ciberacoso como objeto de estudio en México es reciente, y por lo menos hasta hace una década las investigaciones eran escasas. Sin embargo, la mayoría de los estudios en español que analizaron el caso mexicano son de corte cuantitativo y siguieron objetivos como medir la prevalencia, identificar los métodos de acoso y señalar la relación de este fenómeno con el bullying tradicional en los diferentes niveles de estudio (Del Río et al., 2009; García et al., 2011; García et al., 2012; Vega et al., 2013; Velázquez, 2013). Esta situación cambió entre 2014 y 2015 cuando fueron publicados diferentes trabajos que exploraron nuevas metodologías sin dejar fuera las encuestas y se enfocaron en la caracterización de los actores involucrados en dinámicas de acoso cibernético en el nivel medio y superior de estudios (Aquino, 2014; Morales y Serrano, 2014; Prieto et al., 2015; Retana y Sánchez, 2015; Serrano y Serrano, 2014; Valdés et al., 2014). También en 2015, se publicaron los primeros resultados del Módulo sobre Ciberacoso, un recurso experimental, debido a que fue la primera vez que se utilizó para corroborar la presencia y la prevalencia del fenómeno en México, incluido dentro de una encuesta nacional levantada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI.

Hasta la fecha el MOCIBA cuenta con seis ediciones cuyos objetivos oscilan entre identificar y definir el problema, así como visibilizar las diferentes modalidades de acoso y agresión por medio de las TIC que han experimentado los usuarios mexicanos en un periodo definido en cada encuesta y que generalmente abarca doce meses previos a la aplicación de la misma; también dentro del módulo se señalan los ámbitos en los que estas agresiones se presentan, por ejemplo el escolar y el laboral, las entidades donde el problema es mayor y las acciones tomadas por las víctimas que han experimentado esta forma de violencia, esta información es útil para conocer como el ciberacoso impacta los diferentes ámbitos de socialización de los usuarios y sus actividades cotidianas debido a que en ocasiones los compañeros de escuela, trabajo o miembros de la familia son los perpetradores de las agresiones.

El término ciberacoso también se ha utilizado para identificar una de las formas de violencia en contra de las mujeres en el contexto digital, debido a que desde finales de la década de los noventa Marcela Lagarde (1998, citado en Vargas et al., 2014) definió a la violencia de género como una forma particular de violencia que comprende a su vez otras, como la violencia psicológica, económica, física o sexual, que son ejercidas en detrimento de las víctimas por el hecho de ser mujeres. En este sentido, el ciberacoso es una de las modalidades de la violencia digital de género porque puede afectar y poner en peligro los derechos y bienes de una víctima que haya sufrido algún daño derivado de la comisión de un delito en el contexto digital o haciendo uso de las TIC. Así, la gravedad de la violencia digital de género en México radica en la reproducción de prácticas discriminatorias, violentas y misóginas que trascienden el espacio físico y se insertan en el ciberespacio donde son legitimadas y normalizadas (CDHCM, 2021).

Y es que, en el contexto de la socialización de las TIC las repercusiones negativas de este fenómeno dieron como resultado la prolongación de diversas formas de violencia en el entorno digital, de modo que modalidades como el bullying, el stalking y la extorsión encontraron un nuevo espacio donde continuar con las agresiones en buena medida incentivadas por el anonimato que ofrece al agresor la sensación de que no será sancionado o que es poco posible que se conozca su identidad (Miró, 2012).

Por último, el análisis de los módulos también pretende comprender la emergencia de medidas legales como la Ley Olimpia, que no es una ley estrictamente sino una serie de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que desde el año 2018 entró en vigor en los estados de Yucatán, Puebla y Nuevo León, hasta lograr su aplicación en las 31 entidades federativas de México en 2022. Dichas reformas con perspectiva de género contemplan los conceptos violencia digital y violencia mediática en la normativa mexicana para reconocer y sancionar los delitos perpetrados haciendo uso de las TIC que atenten en contra de la intimidad y la privacidad sexual y causen daño psicológico, económico o emocional a la víctima (Secretaría de las Mujeres et al., 2021).

El INEGI, realiza desde el año 2001 diferentes encuestas y módulos con la finalidad de obtener información acerca de la disponibilidad y uso de las TIC en los hogares mexicanos. Este instrumento ha sido útil para identificar los ámbitos (hogar, sitio público, escuela o trabajo) donde tecnologías como internet, equipos de cómputo y teléfonos celulares se han socializado en México y los perfiles de los usuarios que contemplan rangos de edad, nivel de escolaridad y empleos principales. Durante el sexenio de Felipe Calderón, los usuarios de internet se duplicaron, pues se pasó de 18 millones en 2006 a más de 40 millones al final del sexenio, en cuanto a los teléfonos celulares los datos comenzaron a registrarse en 2009 y para el 2012 ya había un poco más de 60 millones de usuarios aproximadamente (INEGI, 2013). El aumento de los usuarios de TIC en el país puede vincularse con los diferentes proyectos gubernamentales pensados para reducir la brecha digital que afecta a los países subdesarrollados, preocupación que está presente en los diferentes trabajos del INEGI que incorporaron nuevas metas relacionadas con la forma en la que las personas se apropian de las TIC y cómo hacen uso de ellas.

Entre 2012 y 2018 los usuarios aumentaron hasta los 74 millones y estas cifras no han dejado de crecer año con año. No obstante, con un mayor número de personas que utilizan las TIC y tienen acceso a internet en dispositivos como computadoras y teléfonos celulares, dinámicas no contempladas y malos usos de las tecnologías comenzaron a ser evidentes, es por ello que a partir del 2015 se levanta la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares, (ENDUTIH) dentro de la cual se incluye el MOCIBA que en particular busca conocer y analizar la prevalencia del fenómeno del ciberacoso en México, las modalidades de agresión, las acciones tomadas por las víctimas, las identidades de los agresores y el nivel de estudio de las víctimas, entre otros.

De acuerdo con la nota metodológica del primer módulo del 2015 el INEGI indica que se tomaron en consideración diferentes trabajos teóricos como los de Peter Smith, uno de los primeros investigadores que abordaron el problema del cyberbullying en el mundo y trabajos cuantitativos que buscaron conocer la prevalencia del fenómeno en Latinoamérica y México aplicando encuestas, como los trabajos previamente mencionados de Vega et al., (2013) y Prieto et al., (2015), así como una tesis de grado realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México para comprobar la existencia de cyberbullying entre estudiantes de secundaria mediante la aplicación de un cuestionario.

En cuanto al diseño de un módulo que formaría parte de una encuesta nacional se tomaron como ejemplos la National Crime Victimization Survey de Estados Unidos que incluye un complemento especial que es el Supplemental Victimization Survey (SVS) donde se midieron diferentes formas de acoso que oscilaron entre llamadas telefónicas no deseadas hasta correos electrónicos ofensivos, cyberstalking, hostigamiento y dispersión de rumores y la Network for Surviving Stalking, del Reino Unido, a través del Electronic Communication Harassment Observation, conocido como ECHO Survey , una encuesta a través de un sitio web con el objetivo de recopilar información acerca de las formas en que la población es acosada y los efectos de ello en su vida cotidiana (INEGI, 2016a).

La estructura del cuestionario aplicado se ha modificado con cada una de las ediciones del módulo, de modo que en los resultados de 2015 y 2016 algunos tópicos como la edad de las víctimas no son equiparables con las ediciones más recientes donde hay una mayor diversidad en los rangos de edad y se contempla a los usuarios de más de sesenta años; algo similar sucede en el caso de las situaciones experimentadas y las acciones tomadas, dado que cada año se incluyen nuevos reactivos para dar un panorama más detallado. Sin embargo, analizar las primeras ediciones es importante para observar los cambios en las respuestas de los encuestados e identificar las transformaciones en las prácticas que tienen lugar en el ciberespacio y que son posibles gracias a la conexión de los dispositivos sociotécnicos que permiten a los usuarios comunicarse, buscar información y acceder a contenido para esparcimiento.

El MOCIBA se compuso en 2015 de 10 preguntas de opción múltiple donde se preguntó a las personas seleccionadas si sabían que es el ciberacoso o incluso si habían escuchado hablar del fenómeno, situación que cambió entre 2016 y 2020 cuando el cuestionario constó de 12 preguntas más encaminadas en conocer la frecuencia de las agresiones, los efectos en las víctimas y como apoyarlas, en cuanto a la última edición del 2021 el cuestionario se amplió a 14 preguntas donde se incluyeron cuestiones relacionadas con el cuidado de la información que se comparte en línea y la percepción acerca de las medidas de protección de información y datos, en cada edición del cuestionario se incluye un apartado de observaciones.

En cuanto a su aplicación, esta se realiza dentro del levantamiento de la ENDUTIH. Así, una vez terminada la entrevista de la ENDUTIH, se toman en cuenta dos criterios de selección: el primero es que el encuestado debe tener 12 años o más, y el segundo, que el encuestado haya respondido de manera positiva a las preguntas 7 y 8 de la encuesta nacional, las cuales tratan sobre el uso de internet y teléfono celular tres meses previos a la encuesta, en caso de cubrir los criterios el cuestionario sobre ciberacoso se aplica en la vivienda, el método de recolección de datos es la entrevista cara a cara con dispositivo móvil donde se aplica el cuestionario en los casos donde el entrevistado afirma haber sufrido ciberacoso (INEGI, 2021a).

Sobre la muestra, en todas las ediciones el diseño ha sido probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados, y el tamaño de la muestra se ha modificado cada año. Así, entre 2015 y 2017 cuando aún se consideraba al módulo como experimental, no se presentan indicadores acerca del número de viviendas donde el MOCIBA fue aplicado y solo se ofrecen datos del número de viviendas encuestadas en la ENDUTIH, datos que corresponden para 2015 a 90,024 viviendas (INEGI, 2016a), 2016 con 134,000 (INEGI, 2019a) y en 2017, 67,000 (INEGI, 2019b). A partir de 2019, el módulo se incorporó al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), que le dio el estatus de proyecto regular, con este cambio se puede conocer el número de viviendas donde el MOCIBA fue aplicado exitosamente, es decir, donde se completó el cuestionario y no se reportaron inconvenientes por parte de los encuestadores. En este sentido, en 2019 la muestra de la ENDUTIH fue de 24,000 viviendas de las cuales 13,196 equivalente al 54.98% completaron el MOCIBA (INEGI, 2020a), en 2020 la muestra de la encuesta nacional fue de 65,190 viviendas de las cuales 37,275 es decir un 57.18% cumplieron con el módulo (INEGI, 2021a), finalmente en 2021 la muestra de la ENDUTIH fue de 65,179 viviendas y 39,910 equivalente al 62% cubrieron el cuestionario sobre ciberacoso (INEGI, 2022a).

En cuanto a los objetivos del MOCIBA, estos también se modificaron cada año, de modo que en 2015 el módulo buscó hacer una primera aproximación al fenómeno para conocer el número de personas que experimentaron alguna situación de ciberacoso. Mientras que en 2016 el objetivo general fue conocer la prevalencia del fenómeno entre la población de 12 años y más, y recabar información para continuar estudiando el problema, este objetivo es similar al de 2017, la diferencia radica en que en esta edición el cuestionario se limita a los 12 meses previos a la encuesta. A partir de 2019, los objetivos se homogeneizaron, y la finalidad del módulo es generar datos estadísticos para conocer la prevalencia del ciberacoso en usuarios de internet a partir de los 12 años que en los 12 meses previos a la encuesta hayan vivido alguna situación de ciberacoso, y generar información relacionada con la identidad y sexo del agresor, frecuencia de las agresiones y consecuencias experimentadas por las víctimas.

De acuerdo con los datos del último censo de población del año 2020 la población actual en México asciende a más de 126 millones de personas (INEGI, 2023); de las cuales 104.2 millones tienen 12 años o más y un 77.9% equivalente a 81.2 millones utilizó internet en diferentes dispositivos como celulares, computadoras o tabletas en los tres meses previos al levantamiento de la última edición del MOCIBA de 2021, de este total, 42.3 millones son mujeres, y de ellas 9.7 millones fueron víctimas de ciberacoso ese año (INEGI, 2022b). Cabe señalar que la población que más padece ciberacoso en México son niñas y mujeres entre los 12 y los 29 años, situación que se ha observado con el aumento de las dinámicas de agresión electrónica hacia niñas y adolescentes en el nivel básico de estudios, el cual comprende el nivel primaria y secundaria, como se puede observar en la figura 1 con el compilado de los módulos entre 2019 y 2021.

Figura 1. Población femenina víctima de ciberacoso por rango de edad 2019-2021

De acuerdo con los datos de la figura 1, en 2019 se presentaron los más altos porcentajes de acoso en los rangos de población de 12 a 19 años y de 20 a 29 años, situación que ha disminuido en los dos últimos años, esto puede obedecer a una mayor asimilación de las características del ciberacoso entre la población más joven debido a que se ha visibilizado el fenómeno en los medios de comunicación mediante notas e investigaciones periodísticas, lo cual se relaciona con las acciones tomadas por víctimas y no víctimas para defenderse, las cuales pueden relacionarse con una mayor destreza en operaciones técnicas que van desde el bloqueo de spam hasta el ciberactivismo. En este sentido, con la Ley Olimpia se incorporó en las leyes mexicanas a la violencia digital como un nuevo ámbito donde las personas pueden ser violentadas, de forma que esta modalidad de violencia es perseguida y castigada.

Cabe señalar que el ciberacoso es contemplado como una de las diferentes manifestaciones de la violencia digital, además de la difusión y producción no consentida de material íntimo y el acoso sexual en redes sociales (SEMUJERES et al., 2021).

Además, entre 2016 y 2021 han ido en aumento los trabajos académicos que indagan sobre la prevalencia del ciberacoso en las escuelas de las diferentes entidades mexicanas, esto con la finalidad de visibilizar las ciberagresiones y los riesgos asociados a ellas, así como el impacto del fenómeno en el ámbito escolar (De Agüero, 2020; Gómez, 2021; Ortega y González, 2016; Prieto y Carrillo, 2016; Pávez y García-Bejár, 2020; Riquelme y Fuentes, 2019; Velázquez y Reyes, 2020). Por otro lado, se encuentran los programas estatales como el Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública, enfocado en dar recomendaciones a los estudiantes para erradicar el cyberbullying y que se basa en los postulados del Memorándum de Montevideo que promueven las acciones gubernamentales para informar y educar en el uso correcto de las TIC e internet. Por último, es importante mencionar las campañas encabezadas por actores de la sociedad civil para conocer los alcances del problema, por ejemplo, la campaña Libres en línea de la colectiva feminista Luchadoras MX, la cual está en vigor desde 2018, y Cuídame al navegar de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).

Sin embargo, entre 2020 y 2021 las manifestaciones de violencia hacia mujeres en otros rangos de edad, que van desde los 30 a más de sesenta años, han visto también un aumento preocupante, el cual puede estar relacionado con ciberagresiones como amenazas, publicación de contenido íntimo e información personal, manifestaciones de violencia digital de género que pueden venir acompañadas de otro tipo de agresiones como extorsión y daño al patrimonio de la víctima, además de los objetivos más comunes del ciberacoso que son humillar, exponer y molestar a otros usuarios. A esto hay que agregar que de acuerdo con las investigaciones de Miró (2012) acerca del cibercrimen, modalidades de ciberacoso como el cyberstalking tienden a victimizar un mayor número de mujeres y a ser llevadas a cabo por hombres de mediana edad que vigilan, acechan y acosan con la finalidad de construir un vínculo romántico y molestar a las víctimas aprovechándose de sus conocimientos en informática.

En este sentido, en la primera edición de MOCIBA del 2015 las opciones con mayor porcentaje elegidos por las víctimas femeninas fueron recibir spam o virus, contenido multimedia y llamadas en general (INEGI, 2016b). Esta situación cambió solo un año después, ya que a partir del 2016 se observó un drástico viraje hacia las agresiones de tipo sexual, como recibir contenidos agresivos, mensajes y llamadas con este tinte (INEGI, 2019c). En 2019, las víctimas refirieron nuevas formas de ciberacoso como las insinuaciones o propuestas sexuales, que en el caso de las mujeres representaron el 40.3% de las agresiones, mientras que para los hombres fue de 16.3%, la recepción de contenido sexual y la publicación de información personal (INEGI, 2020b). Los cambios en las formas de ciberacoso experimentadas por las víctimas se pueden observar en la figura 2.

Figura 2. Situaciones de ciberacoso experimentadas por mujeres de 12 años o más en el periodo 2019-2021.

Las agresiones de tipo sexual haciendo uso de las TIC pueden catalogarse como violencia digital, sin embargo, estas se presentan de forma única o esporádica, lo cual no corresponde necesariamente a las características del ciberacoso, qué es una forma de violencia repetida y duradera. No obstante, MOCIBA ofrece resultados por frecuencia de las agresiones que en el caso de las mujeres corresponden a las críticas por apariencia o clase social, las llamadas ofensivas y el contacto con identidades falsas como las más recurrentes, mientras que las de tipo sexual alcanzan porcentajes menores aunque se presentan en diferentes variantes, es decir, como mensajes ofensivos, recepción de contenido sexual, e insinuaciones o propuestas sexuales que las víctimas identificaron con una frecuencia de: muchas veces y algunas veces (INEGI, 2021b).

Por su parte, la suplantación de identidad que ha oscilado entre el 15 y 17% de las agresiones en los últimos tres años es una modalidad de ciberacoso que si bien aparece de forma independiente, puede relacionarse con otras formas de violencia, en particular los delitos en contra de la intimidad sexual, ya que una de las razones por las cuales es difícil de eliminar el contenido que se ha obtenido con base en coacción o amenazas, es porque los agresores crean cuentas y perfiles a nombre de las víctimas, ya sea para lucrar con la venta de packs o paquetes de datos que contienen fotografías con contenido sexual o por venganza después de una relación fallida, otra de las finalidades de la suplantación de identidad es dañar la reputación de la víctima y hacerla quedar mal con sus amigos y contactos (Morales y Serrano, 2014).

Respecto a los agresores, desde la edición 2015 hasta la del 2021, las víctimas han referido que estos tienen una identidad anónima, lo cual corresponde a las características propias del ciberacoso como una forma de violencia que se puede ejercer de manera individual o grupal debido a que el anonimato provee a los agresores de una sensación de seguridad de no ser atrapados o castigados (Miró, 2012), a esto habría que agregar el hecho de que en situaciones de violencia por medio de las TIC es posible la movilidad en los roles que se juegan en cada dinámica de agresión, por ello es fácil que una víctima se convierta en victimario al responder a provocaciones malintencionadas, o que miembros de la audiencia con un papel activo al compartir o denunciar las agresiones se conviertan en agresores o víctimas respectivamente, entre otras posibilidades como que el agresor sea víctima de sus propios actos (Garaigordobil, 2011).

En este sentido, otras encuestas del INEGI pueden ayudar a delinear los perfiles de los agresores y los ámbitos en donde estos contactan e investigan a las víctimas, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, donde los ámbitos de interacción corresponden al campo comunitario, familiar, laboral, escolar y de forma más reciente el digital. Así, entre los agresores cuya identidad es conocida por la víctima se encuentran los compañeros de trabajo y de escuela, mientras que en el hogar son hermanos, padres y madres quienes ejercen violencia psicológica, en cuanto a las agresiones sexuales estas son llevadas a cabo por tíos y primos; por último, en el ámbito comunitario los agresores son en su mayoría desconocidos y ejercen o han ejercido en los últimos 12 meses violencia sexual. En cuanto a la violencia a través de las TIC en el ámbito digital al menos el 13% de las encuestadas respondió que en alguna ocasión las han insultado, les han hecho insinuaciones y comentarios sexuales mediante redes sociales como Facebook y aplicaciones como WhatsApp. De ese total, las agresiones sexuales se concentraron en el ámbito escolar y comunitario en un rango de edad de las víctimas de los 15 a los 24 años (INEGI, 2022b).

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2016b, 2019c, 2019d; 2020b; 2021b; 2022b).

Como se observa en la figura 3 es notable el cambio entre los resultados del módulo de 2015 y las ediciones subsecuentes, esto puede estar relacionado con la diversificación de las modalidades de ciberacoso en el nivel básico de estudios y en otros ámbitos de desarrollo de las mujeres mexicanas. Y es que de acuerdo con Miró (2012) y Wright (2017) en manifestaciones como el cyberbullying y el cybertrolling el agresor puede tener la intención de hacerse notar, adquirir poder y humillar a la víctima sin permanecer en el anonimato, de modo que, pese a que los ataques no sean cara a cara, el agresor busca que se le reconozca por sus acciones. En contraste, en modalidades como el cybergrooming el agresor trata de mantener oculta su identidad mientras se gana la confianza de la víctima que ha seleccionado, en estos casos el agresor puede incluso engañar al menor con una identidad falsa, haciéndose pasar por una persona más joven para no levantar sospechas. De esta forma, las múltiples formas en las que se presenta la violencia haciendo uso de las TIC genera escenarios donde el anonimato y la suplantación de identidad y las agresiones directas tienen lugar. En este sentido, la figura 3 muestra que más del 50% de las víctimas no conocen a su agresor, pero que un porcentaje mayor al 40% puede identificar al victimario, y en estos casos el denominado como sujeto conocido, amigo de un amigo y compañero de clase o del trabajo son los principales.

Y es que el fenómeno de la violencia de género suele estar vinculado con las relaciones dominantes de género de determinada sociedad, por ello en las diferentes ediciones del módulo los resultados indican una progresión de la violencia digital de género en las agresiones referidas por las víctimas, ya que en la medida en que estas interactúan, utilizan y socializan por medio de las TIC, otros usuarios en sus entornos inmediatos, como la escuela, trabajo o familia, con acceso a las tecnologías las utilizan para amedrentar, agredir y violentar a las mujeres y de esta manera reproducen la violencia de género enraizada en agresiones como las propuestas de tipo sexual, el envío de material multimedia no deseado, las llamadas intimidantes y ciberamenazas.

En cuanto a las acciones tomadas por las mujeres para revertir una dinámica de ciberacoso de 2015 a 2017, los datos presentados en los informes ejecutivos no proporcionan los porcentajes por sexo, sin embargo, las respuestas son similares en las tres ediciones, a excepción de la del 2017 que fusiona la respuesta: ignorar la situación con no contestar, además de que se incluye la respuesta: eliminar la publicación o mensaje. A partir de 2019 se pueden identificar las acciones tomadas por niñas y mujeres ante una situación de ciberacoso, como se observa en la figura 4.

Figura 4. Porcentaje de población femenina que sufrió ciberacoso según acciones tomadas 2019-2021.

La acción más recurrida por las víctimas de ciberacoso es bloquear a la persona ciberacosadora, así como cuentas o páginas relacionadas, práctica que se mantiene en ascenso hasta alcanzar un 71.5% en 2021 y que implica un conocimiento técnico con respecto a la administración de cuentas en redes sociales o servicios de internet. En cuanto a la segunda opción, que es ignorar o no contestar, es interesante la gradual disminución de esta respuesta en hasta diez puntos porcentuales que se han distribuido en otras acciones, incluso tres nuevas como publicar la situación en redes sociales y denunciar en el contexto de donde provienen las agresiones como la escuela y el trabajo, con estas modificaciones en las respuestas también se observa un aumento en los porcentajes que refieren el levantamiento de denuncias ante el ministerio público o policía en tres puntos porcentuales, aunque este porcentaje aún es bajo y prueba de ello son otros estudios que indican que las denuncias no tienen el seguimiento adecuado.

En México es también el INEGI el organismo que recaba la información estadística con respecto a la denuncia de delitos cometidos y percepción social de la violencia. En este sentido, es mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE en adelante, que se puede establecer un acercamiento a estas cifras. Esta encuesta se levanta desde 2011 y entre los principales resultados destaca el apartado denominado Cifra negra, que corresponde a los delitos que se presumen no denunciados y que no cuentan con carpetas de investigación. De acuerdo con los datos de la edición 2022 en México 93.2% de los delitos no son denunciados y por ende no se inició una carpeta de investigación en las fiscalías estatales (INEGI, 2022c).

Otro aspecto para destacar es la incidencia delictiva, es decir los tipos de delitos y las variantes que contemplan, ya que también se observa una dinámica general en la recopilación de datos. Por ejemplo, dos de los delitos más denunciados en México son la extorsión y el fraude, aunque no se proporcionan los indicadores necesarios para conocer con datos oficiales que porcentaje corresponde a extorsión y fraude cara a cara, telefónico o mediante alguna plataforma o aplicación electrónica. En cuanto a las agresiones sexuales, estas no aparecen de forma independiente en la incidencia delictiva de la ENVIPE, es hasta la edición 2020 cuando se desagregan los indicadores por el sexo de la víctima y se englobaron en el tópico Otros delitos que implican el hostigamiento o la intimidación sexual, exhibicionismo, manoseo, intento de violación y violación sexual (INEGI, 2020c), pero no se especifica si alguno de estos delitos fue perpetrado haciendo uso de las TIC. Esto es importante porque, igual que como sucede con la ENDIREH donde a penas en 2022 se incorporó el ciberespacio como uno de los ámbitos donde las mujeres mexicanas se desarrollan, es necesario que dentro de la ENVIPE se establezcan datos representativos con respecto a las denuncias de delitos que suceden en el mundo digital.

Sin embargo, existen cifras recabadas por el colectivo Luchadoras MX hasta el 2020 que son de utilidad para conocer los porcentajes de denuncias y carpetas de investigación en 24 de los 31 estados de la república, que hasta ese momento contarán con legislación actualizada en materia de violencia digital. Hay que señalar que la única manera de conocer estos datos es por medio de solicitudes de acceso a la información pública, Luchadoras MX realizó estas solicitudes a las fiscalías estatales para conocer el número de denuncias y carpetas, así como su estado, el género del denunciante, las plataformas utilizadas para la agresión, los delitos denunciados y el número de carpetas concluidas, pero no todas las solicitudes fueron resueltas. Así, los datos disponibles con respecto a denuncias hasta el 2020 son los siguientes: entre 2018 y 2020 se iniciaron 2,143 carpetas de investigación en el país distribuidas en 18 estados, estas carpetas se abrieron por delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en más del 80% de estas las víctimas son mujeres (Aguirre et. al, 2020).

De acuerdo con el informe, únicamente el 17% de las carpetas tenía posibilidades de resolverse por la vía legal y solo se contó con una sentencia condenatoria por sexting en el estado de Chihuahua y tres en Tamaulipas de las cuales solo una derivó en privación de la libertad (2020, p. 45 y 46). También mediante una solicitud de acceso a la información a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el periódico mexicano Milenio Diario, obtuvo datos que indican que hasta 2021 en la Ciudad de México se habían iniciado 434 carpetas de investigación por delitos en contra de la intimidad sexual pero solo 23 personas de sexo masculino fueron detenidas, sin embargo, se desconoce si estos fueron sancionados (Ríos, 2021).

Por su parte, los números para 2022 no son alentadores, pues de acuerdo con los datos actualizados de Luchadoras MX, es un hecho que la violencia digital afecta más a las mujeres, lo cual es verificable en el número de denuncias presentadas. No obstante, solo el 0.53% de los casos llega a los jueces para dar el siguiente paso para un procedimiento penal (Internet Feminista, 2022). Mientras que los números de la Ley Olimpia indican que, hasta agosto de 2022, 10 agresores habían sido sancionados en 7 estados de la república mediante esta normativa (Sandoval, 2022).

Finalmente, en 2021 un 2.6% de los encuestados indicó que ante una situación de ciberacoso no toma ninguna medida, de modo que no denuncia las agresiones ni bloquea o cierra los canales de comunicación con el o los agresores; lo cual le posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad y se convierte en un blanco fácil de nuevos ataques por parte de usuarios malintencionados (INEGI, 2022b).

Los resultados del MOCIBA a lo largo de 7 años, dan cuenta de que la violencia hacia las mujeres y niñas mexicanas se puede manifestar en diferentes ámbitos donde estas se desarrollan, como el familiar, escolar, laboral y recientemente el digital, donde las agresiones han visto un aumento desde 2016, en particular las relacionadas con la violencia de tipo sexual que oscilan entre amenazas e intentos de extorsión hasta la producción, difusión, almacenamiento de material multimedia no consentido o no solicitado por la víctima, el cual tiene como objetivo dañar, denigrar, humillar o coaccionar a otra persona. Esto no significa que antes de esa fecha no existieran este tipo de agresiones, sino que no se contaba con un instrumento que permitiera conocer la magnitud del problema en el país.

Cabe señalar que el INEGI cuenta con otras encuestas como la ENDIREH que profundizan en las diferentes dimensiones y formas que toma la violencia hacia las mujeres en México en el campo laboral, comunitario y escolar, lo cual contribuye a seguir delineando el complejo panorama que viven las mujeres en este país.

Si bien, con la incorporación de la violencia digital dentro del Código Penal Federal y La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se han visibilizado las repercusiones y riesgos asociados a la ciberviolencia e incluso ya comienzan a aparecer las primeras sanciones a ciberagresores, lo cierto es que estas aún son pocas en comparación con los porcentajes reportados por el módulo, lo cual puede estar relacionado con las dificultades que las víctimas enfrentan cuando quieren denunciar los delitos, a esto hay que agregar que es necesario que las fiscalías estatales estén preparadas en materia de género y actualizadas en términos de las modificaciones a las leyes mexicanas, esto para que las denuncias deriven en carpetas de investigación y finalmente sean resueltas favorablemente.

Por último, es necesario dar a conocer las diferentes formas que puede tomar la violencia por medio de las TIC para que sean identificadas por las víctimas y las personas de sus entornos, pero sobre todo las alternativas y acciones recomendadas en caso de padecerla.

*Leticia Fuentes Vera, Maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4406-9670 Correo electrónico: [email protected]