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La recientemente enmendada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en su sección N°1287 indica que el reporte que se debe enviar al Congreso de los Estadounidense, este informe requiere que el secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido o facilitado actos de corrupción o narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
La enmienda ha sido impulsada por la legisladora Norma Torres, de origen guatemalteco y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU.
“Debemos estar dispuestos a mencionar nombres, y eso es lo que hace esta legislación. El secretario de Estado ahora tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres. Es hora de ponernos a trabajar”, subrayó la legisladora Torres.
Las personas mencionadas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.
Si bien la enmienda apoyada por el bipartidismo estadounidense pretende reforzar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y Impunidad en Honduras (MACCIH), no se enfoca en promover ante las instancias internacionales la creación de esfuerzos coordinados y transparentes para combatir el avance del arraigo de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) en la región centroamerica.
La enmienda se produce mientras el crimen organizado y las fuerzas políticas dominantes en el Triángulo Norte están intensificado sus esfuerzos para revertir la lucha contra la impunidad y la corrupción.
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La inflación de las monedas fiduciarias de los mercados emergentes, la profunda crisis de los grandes bancos como el Deutsche Bank, la evolución guerra comercial y el creciente déficit de EE.UU. que alcanzará los US$ 793 mil millones a finales de 2018 y posteriormente llegará a US$ 1 billón el próximo año.
«Argentina está ante un virtual colapso del modelo económico», advirtió el economista Arnaldo Bocco, exdirectivo del Banco Central y director del Observatorio de la Deuda Externa. Para este experto, el país está «a las puertas de una gran devaluación». Su colega Carlos Rodríguez, del Centro de Estudios Macroeconómicos, sostiene que «Argentina está cerca de la quiebra».
Por su lado la capacidad de Turquía para pagar sus deudas en moneda extranjera sacudió los mercados mundiales de renta variable. El precio actual de los CDS indica un 25% de posibilidades de impago en los próximos cinco años, según los datos recopilados por Bloomberg.
La crisis financiera en Turquía que generó bruscas devaluaciones en los mercados emergentes y el cimbronazo que causó en el escenario local un escándalo de corrupción que salpica a políticos y empresarios.
Las acciones de Deutsche Bank AG (DB- Get Report) han bajado casi un 3% esta mañana y han caído un 39% en lo que va de año. En cuanto a las preocupaciones sobre el potencial “contagio” de la crisis monetaria de Turquía y los posibles efectos indirectos sobre el sector bancario europeo, los analistas dijeron a “Dinero Real” que la principal preocupación de DB tiene mucho más que ver con las cifras internas y la gestión de la empresa que con cualquier crisis internacional.
El sistema financiero internacional se acerca a un inminente ‘colapso ’ y la inversión en el Bitcoin y el oro parecen ser la respuesta para mitigar los embates de la crisis.
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El pasado martes un informe de 1.300 palabras en el que se detallan las acusaciones de que la Iglesia Católica Romana (ICR) pasó décadas encubriendo denuncias de abuso sexual contra 300 “sacerdotes depredadores” que han atacado a casi 1.000 niños fue publicado por un gran jurado de Pensilvania.
El informe cubre 70 años de abusos y los esfuerzos de los jerarcas de la ICR para encubrir los hechos, utilizando lo que los investigadores describieron en el informe como “un libro de estrategias para ocultar la verdad”.
El informe expone mecanismos para proteger a los sacerdotes acusados de castigos legítimos, incluyendo:
– Uso de eufemismos para los asaltos sexuales. “Nunca digas ‘violación’; di ‘contacto inapropiado’ o ‘problemas de límites'”.
– Elección de otros miembros del clero, no a profesionales imparciales, para que “hagan preguntas inadecuadas y luego tomen decisiones de credibilidad sobre los colegas con los que viven y trabajan”.
– “Para una apariencia de integridad, envíe a los sacerdotes para una ‘evaluación’ en los centros de tratamiento psiquiátrico dirigidos por la iglesia”, ya que el diagnóstico del sacerdote se basaría mayormente en sus propios “‘auto-reportes’, sin importar si el sacerdote había tenido realmente contacto sexual con un niño.”
– Si el sacerdote es removido, “no digas por qué. Dígale a sus feligreses que está de “baja por enfermedad” o sufriendo de ‘agotamiento nervioso’. O no decir nada en absoluto.”
– “Incluso si un sacerdote está violando a niños, siga proporcionándole alojamiento y gastos de subsistencia, aunque puede estar usando estos recursos para facilitar más agresiones sexuales.”
– Si la comunidad conoce la conducta de un depredador, no lo saque del sacerdocio para asegurarse de que no haya más niños víctimas. En vez de eso, trasládenlo a un nuevo lugar donde nadie sepa que es un abusador de niños”.
– “Finalmente, y sobre todo, no se lo digan a la policía”, aunque el abuso sexual de menores es un delito universalmente punible, “no lo traten de esa manera; trátenlo como un asunto personal,’en casa'”, dice el texto, según el informe
.
El informe enumera 300 casos de sacerdotes individuales de las diócesis de Harrisburg, Pittsburgh, Allentown, Scranton, Erie y Greensburg con nombres y detalles gráficos de sus acusadores. Esta documentación se suma a la compilación cada vez más documentada de casos de pederastia e encubrimientos dentro de la ICR a nivel internacional.
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Recientemente se publicó un estudio que contó con la participación de 1.273.897 pacientes con infarto agudo de miocardio, en donde el consumo de cannabis se asoció con la disminución de las muertes intrahospitalarias. Es estudio realizado por la División de Cardiología de la Universidad de Colorado Anschutz en Aurora, EE.UU., analizó los registros hospitalarios de 8 estados entre 1994 y 2013.
El estudio también concluyó que el consumo de cannabis no se asocia con un mayor riesgo de consecuencias adversas a corto plazo después de un ataque cardíaco.
“Los consumidores de cannabis fueron más propensos a necesitar ventilación mecánica (odds ratio 1.19). Fueron significativamente menos propensos a morir (OR 0,79), a experimentar shock (OR 0,74) o a requerir un balón de contrapulsación intraaórtico (OR 0,80) después de un infarto agudo de miocardio (IAM) que los pacientes sin consumo de cannabis informado. Los autores del estudio afirman que estos “resultados sugieren que, contrariamente a nuestra hipótesis, el uso de marihuana no se asoció con un mayor riesgo de resultados adversos a corto plazo después de un IAM. Además, el consumo de marihuana se asoció con una disminución de la mortalidad hospitalaria tras el IAM”.”
Un total de 3.854 pacientes declararon haber consumido cannabis.
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